El lugar de un periodista nunca debe ser la cárcel
La libertad de informar es un principio fundamental vinculado a los derechos humanos. No solo en Francia, sino en todo el mundo. La misión de los periodistas es estar al servicio del derecho a la información y la libertad de expresión, velando por la veracidad de los hechos, el respeto de las fuentes y el derecho de réplica.
El derecho de toda persona a tener acceso a la información y a las ideas se recoge en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Al adherirse a esta organización supranacional tras su independencia en 1962, Argelia suscribió de facto esta resolución de 1948.
El miércoles 3 de diciembre, tras la vista de apelación, el tribunal de justicia de Tizi Ouzou, en Argelia, condenó al periodista francés Christophe Gleizes, de 36 años, a siete años de prisión. Nuestro colega, colaborador de So foot y Society, fue detenido el 28 de mayo de 2024 y puesto bajo control judicial, en particular por “entrar en el país con un visado turístico” y por “apología del terrorismo”.
En el estrado, pidió “clemencia” a los jueces y reconoció haber cometido “muchos errores periodísticos a pesar de sus buenas intenciones”, según un periodista de la AFP presente en la vista. Christophe Gleizes admitió pues que debería haber solicitado un visado de periodista y no de turista antes de viajar para realizar un reportaje.
Eso no impidió que la fiscalía solicitara que se aumentara a diez años su primera condena. “El acusado no vino a Argelia para realizar un trabajo periodístico, sino [para cometer] un acto hostil”, afirmó su representante. El tribunal le preguntó si sabía que el Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia (MAC) había sido clasificado en mayo de 2021 como terrorista por las autoridades argelinas cuando se reunió con su presidente, Ferhat Mehenni, en París, en octubre del mismo año.
Sea cual sea la respuesta —en este caso, Christophe Gleizes afirmó que no lo sabía—, es necesario recordar que los periodistas no deben identificarse ni con las personas a las que potencialmente implican, ni con los testigos, ni siquiera con sus fuentes. No son defensores de unos ni de otros. Son otra voz, la de los ciudadanos y ciudadanas que quieren saber. Producen hechos de interés general, una vez que estos han sido contrastados, verificados y documentados.
Entrevistar, investigar e informar no es un delito. “El periodismo consiste en recabar información, incluso de personas u organizaciones controvertidas”, señalan las numerosas organizaciones de medios de comunicación francesas que piden la liberación del periodista. “Calificar esta actuación de ‘apología del terrorismo’ equivale a negar la propia naturaleza de la profesión y a amenazar la libertad de información, garantizada por los convenios internacionales. Un periodista que entrevista a un responsable deportivo no es cómplice de sus posiciones: está haciendo su trabajo”.
El interés general
Tras el fallo, Thibaut Bruttin, director general de Reporteros sin Fronteras (RSF), expresó su estupefacción: “RSF condena con la mayor firmeza la aberrante decisión del tribunal de apelación de Tizi Ouzou, que ha optado por mantener en prisión a un periodista que no ha hecho más que su trabajo.” “Hay que explicar a los magistrados de apelación que un periodista no hace política”, “no es un ideólogo”, “no es un activista”, afirmaba el abogado del periodista, Emmanuel Daoud, antes de la vista.
Lo único que cuenta es el interés general de los lectores y lectoras, más allá de las fronteras. Christophe Gleizes debe ser liberado
El abogado intentó, con razón, evitar que el destino de su cliente se viera envuelto en la agitación de las relaciones franco-argelinas, tras el indulto y la liberación por parte de Argel del escritor franco-argelino Boualem Sansal el 12 de noviembre. Así, rechazó la expresión de “rehén”, precisando que Christophe Gleizes había podido recibir visitas y tener acceso a su expediente penal y a sus abogados.
No obstante, al dictar sentencia de prisión para un periodista —sea cual sea su nacionalidad, pues también vale para los periodistas argelinos injustamente encarcelados—, el tribunal viola el derecho de los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, a disponer de información que les permita posicionarse con total autonomía y libertad.
La Carta Mundial de Ética Periodística, ratificada en Túnez en 2019, que recoge los principios de la Carta de Múnich de 1971, así lo establece: “La responsabilidad del periodista ante el público prima sobre cualquier otra responsabilidad, en particular ante sus empleadores y los poderes públicos”.
Lo único que cuenta es el interés general de los lectores y lectoras, más allá de las fronteras. Christophe Gleizes debe ser liberado. Según el procedimiento judicial argelino, solo queda una salida, el indulto que podría concederle el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune (que solo podría intervenir tras la condena en firme del reportero, que aún puede recurrir en casación).
Esto supone que, junto a los profesionales de la información, los ciudadanos se movilicen para defender su derecho: el de estar informados, directamente por quienes dan testimonio e investigan.
Traducción de Miguel López
