Las bajas laborales: cuando el debate se equivoca de causa

Reducir la incapacidad temporal a una cifra es un error analítico… y también económico. Detrás de cada baja hay una persona que enferma, pero también un sistema productivo que falla. Y sin embargo, el debate público insiste en lo accesorio: el coste, la sospecha, el supuesto “enigma”. No lo es. Lo que ocurre es que no interesa mirar donde realmente está el problema.

Los datos apuntan con claridad. Tras la pandemia, el incremento de los procesos de incapacidad temporal está estrechamente vinculado al deterioro de la salud mental. España no es una excepción: el propio Eurobarómetro sitúa en más de la mitad la población que ha sufrido problemas emocionales recientes, con un déficit evidente de atención. La encuesta europea “OSH Pulse 2025” va más allá: cerca del 40% del estrés, la ansiedad o la depresión está causado o agravado por el trabajo.

No hablamos, por tanto, de comportamientos individuales, sino de un fenómeno estructural que tiene consecuencias económicas directas: pérdida de productividad, rotación, enfermedades de larga duración y mayores costes sanitarios. Ignorarlo no reduce el problema; lo amplifica.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el intento de desplazar el foco hacia los sistemas de protección. En las últimas semanas se ha insinuado que la mejora de las prestaciones de incapacidad temporal —particularmente a través de los complementos establecidos en la negociación colectiva— podría estar incentivando el aumento de las bajas. Es una afirmación que no se sostiene.

Tal y como se puso de manifiesto en la presentación del informe de UGT sobre incapacidad temporal y conductas suicidas, no existe evidencia que vincule la mejora de la protección económica con un mayor recurso a la baja. Al contrario: los procesos más graves —incluidos aquellos relacionados con la salud mental— responden a situaciones de sufrimiento real, no a incentivos económicos. 

Conviene subrayarlo con claridad: los complementos de incapacidad temporal no son un factor explicativo del incremento de las bajas. Son, en muchos casos, la única garantía de ingresos suficientes durante la enfermedad. Plantear su recorte no solo es socialmente regresivo, sino económicamente miope: debilita la recuperación, aumenta la incertidumbre y puede cronificar procesos que, con un entorno adecuado, serían más breves.

El informe de UGT añade un elemento aún más relevante al debate: la conexión entre condiciones de trabajo, deterioro de la salud mental y situaciones extremas como el suicidio. Invisibilizar esa realidad para centrar la discusión en el coste de las prestaciones supone, sencillamente, ignorar el problema de fondo. Porque antes de que actúe la inspección médica cuestionando una baja, debería actuar la Inspección de Trabajo corrigiendo las condiciones que están en su origen.

El aumento de las bajas no es el resultado de un exceso de protección, sino de un déficit de prevención

Ese problema tiene nombres conocidos: intensificación del trabajo, falta de control sobre los tiempos, riesgos psicosociales no evaluados, digitalización sin regulación o impacto creciente de factores como el estrés térmico. A ello se suma una debilidad estructural del sistema: el infrarreconocimiento de las enfermedades profesionales. España sigue identificando como contingencias comunes patologías que en otros países tienen origen laboral, lo que impide actuar preventivamente.

Desde una perspectiva económica, la conclusión es clara. El aumento de las bajas no es el resultado de un exceso de protección, sino de un déficit de prevención. Y ahí es donde se sitúa el verdadero margen de actuación. Resulta por ello especialmente llamativo que la patronal se haya descolgado, de forma sorprendente, del acuerdo en torno a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: mientras expresa su preocupación por el incremento de las situaciones de incapacidad temporal, no está dispuesta a comprometerse con las medidas que permitirían evitarlas. Observamos, además, cómo iniciativas acordadas en el seno del diálogo social —como la colaboración entre comunidades autónomas, INSS y mutuas para agilizar diagnósticos musculoesqueléticos— apenas se han desplegado en la práctica. Las listas de espera continúan creciendo, prolongando innecesariamente las bajas y aumentando su coste.

Una economía que enferma a quienes trabajan en ella es, sencillamente, una economía menos eficiente

El debate, en consecuencia, está mal planteado. No se trata de restringir derechos, sino de actuar sobre las causas que generan enfermedad. Invertir en prevención, reforzar los sistemas de salud, actualizar el marco normativo de riesgos laborales —claramente desfasado frente a los desafíos actuales— y garantizar entornos de trabajo saludables no es solo una exigencia social: es una decisión económicamente racional.

Porque hay una evidencia que conviene no olvidar: una economía que enferma a quienes trabajan en ella es, sencillamente, una economía menos eficiente.

El pretendido "enigma" de las bajas laborales no existe. Lo que existe es una resistencia a abordar sus causas reales. Y mientras el foco siga puesto en quien enferma, en lugar de en por qué enferma, el problema no hará más que crecer.

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Pepe Álvarez es Secretario General de UGT .