Subir el SMI es justicia social. Blindarlo es coherencia

Este lunes 16 el Gobierno y los sindicatos firmamos la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con la presencia del presidente del Gobierno. No es una fotografía protocolaria. Es la confirmación de una política que ha demostrado que dignificar el trabajo fortalece la economía.

El SMI se incrementa un 3,1% hasta los 1.221 euros en catorce pagas, 17.094 euros anuales. Desde 2018 el aumento acumulado alcanza el 65,9% (485,10 euros mensuales, casi 7.000 al año). En apenas siete años el salario mínimo ha dejado de ser un símbolo de precariedad para convertirse en una herramienta efectiva de redistribución y cohesión social. Los hechos desmontan los augurios catastrofistas. España registra hoy niveles récord de ocupación, mayor estabilidad laboral tras la reforma de 2021 y un avance sostenido de la productividad. Subir salarios no ha destruido empleo; ha reforzado la economía.

La subida beneficia directamente a más de 2,5 millones de personas asalariadas, el 12,9% del total. Pero no es un dato neutro. Casi siete de cada diez personas beneficiarias serán mujeres. El 17,4% de las asalariadas percibirá el SMI frente al 8,6% de los hombres. No es casualidad: el incremento sostenido del salario mínimo desde 2018 ha contribuido a reducir de forma apreciable la brecha salarial de género en los tramos más bajos, elevando las rentas donde la desigualdad era más acusada. También impacta de lleno en la juventud trabajadora. Subir el SMI es combatir la precariedad femenina, reducir la brecha salarial y dignificar el acceso de los jóvenes al empleo.

Ahora bien, hemos avanzado, pero aún no estamos donde debemos estar. Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Francia, Bélgica y Alemania tienen salarios mínimos superiores al español. Y hay cinco países de los veintisiete —Austria, Italia, Dinamarca, Suecia y Finlandia— donde no hay SMI legal pero los salarios mínimos se fijan a través de la negociación colectiva, y lo hacen en niveles muy superiores a los nuestros. No hablamos de economías periféricas, sino del núcleo duro europeo. Países con negociación colectiva fuerte, con salarios más altos y con economías competitivas. Converger con Europa no es una consigna: es una exigencia si queremos abandonar definitivamente el modelo de salarios bajos.

Lo que resulta difícil de aceptar es el intento de convertir una subida del 3,1% en un supuesto terremoto económico. Se habla de incrementos de costes del 20% o del 25% por el hecho de ordenar la compensación y absorción. Desde el milagro de los panes y los peces no se había visto multiplicar así un 3,1%.

Conviene explicarlo con claridad. La compensación y absorción permite que, cuando sube el SMI, se reduzcan o eliminen, en la misma cuantía de la subida, determinados complementos salariales: los vinculados a las condiciones en que se presta la actividad, a la residencia, a características personales como la antigüedad o la formación, o a la cantidad o calidad del trabajo. Es decir, lo que debería ser una mejora efectiva puede quedar anulado.

Subir el salario mínimo ha sido bueno para el empleo, para la igualdad y para la economía. Blindarlo frente a prácticas que lo diluyen es una cuestión de justicia

Ordenar este mecanismo no es un ataque a la empresa ni una injerencia en la negociación colectiva. Es exactamente lo contrario: es protegerla. Porque cuando cada subida del SMI engulle pluses y categorías profesionales, lo que se produce es un aplanamiento de las tablas salariales. Se debilita la carrera profesional, se desincentiva el esfuerzo y se erosiona la productividad. Y, sobre todo, se vacía de contenido la negociación colectiva.

Hoy el SMI alcanza al 12,9% de las personas asalariadas, mientras que en Bélgica o Alemania, con salarios mínimos superiores a 2.000 euros, solo afecta al 3% o al 6%. Allí es un suelo real; aquí sigue siendo el salario de demasiada gente, lo que refleja una debilidad estructural. Con márgenes empresariales que suben el 13,9%, la negociación colectiva debe repartir productividad y beneficios, no consolidar el mínimo como techo. Por eso, el próximo AENC [Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva] debe impulsar subidas salariales en torno al 4%, a las que se sumen incrementos adicionales según la distancia entre las tablas salariales y el salario medio nacional. Converger con Europa no es solo elevar el SMI, sino fortalecer la negociación colectiva para que el conjunto de los salarios avance hacia estándares europeos y se reduzca la concentración en el mínimo legal.

El acuerdo firmado este lunes no invade la negociación colectiva ni deroga el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores. Lo desarrolla con pleno respeto a los artículos 26 y 27 y se inscribe en el proceso de transposición de la Directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, que exige reforzar la negociación colectiva y actualizar los criterios de aplicación de las reglas de compensación y absorción. Hay respaldo legal y coherencia europea.

Subir el salario mínimo ha sido bueno para el empleo, para la igualdad y para la economía. Blindarlo frente a prácticas que lo diluyen es una cuestión de justicia. Y seguir incrementándolo hasta acercarnos a los estándares europeos no es una opción ideológica: es una obligación social.

Porque la subida del salario mínimo no es un problema. Es parte de la solución.

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Pepe Álvarez es Secretario General de UGT .