Por qué ha sido un éxito la mayor regularización de nuestra historia

Hace 6 años, en pleno inicio del encierro del covid, participé en el primer análisis actual sobre la irregularidad en España. Era abril del 2020 y no había datos desde el año 2005, cuando tuvo lugar la regularización extraordinaria impulsada por el gobierno de Zapatero. Conseguir dichos datos era muy complicado porque una de las características principales de las personas en situación irregular es que no están registradas en ningún sitio: no firman contratos, no cotizan a la Seguridad Social, muchas veces evitan incluso acudir al médico por miedo a ser identificadas.

El economista Ismael Gálvez-Iniesta (Universidad Carlos III) diseñó un modelo para calcular la inmigración irregular que sirvió de base para todas las estimaciones de irregularidad que se han hecho desde entonces.

Los resultados de esa primera estimación nos sorprendieron mucho: el porcentaje de personas africanas en situación irregular era bajísimo. La mayoría de las personas sin papeles provenían de América Central y del Sur, habían entrado por el aeropuerto, con un visado de turista o pidiendo asilo, y habían caído en la irregularidad después, al no conseguir renovar sus permisos. Ese contraste —entre lo que ocupa horas de televisión y lo que dicen los números— no es casual: la frontera sur, con sus imágenes de cayucos y vallas, concentra la atención política y mediática, y alimenta lo que en la Fundación porCausa denominamos "la industria del control migratorio", un entramado de discursos, contratos y presupuestos construido alrededor de una ruta que, estadísticamente, es minoritaria.

Con toda esta información se construyeron unos argumentarios que ofrecían a la ciudadanía información veraz que justificaba la necesidad de una regularización extraordinaria. Las líneas principales aparecen en el informe "Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles". La primera, de tamaño: eran ya demasiadas personas viviendo y trabajando aquí como para seguir ignorándolas. La segunda, era ética: la irregularidad deja fuera del acceso a la salud, la justicia y la vivienda a miles de familias, niños y mujeres especialmente vulnerables. La tercera apelaba al interés colectivo: regularizar no es una carga, sino una inversión, que aumenta la recaudación fiscal y ayuda a sostener las pensiones frente a una población que envejece, dado su perfil joven. La cuarta llegó con la pandemia: el miedo a ser identificado aleja a las personas de los centros de salud, y eso es un riesgo para todos. Y la última era puramente pragmática: España lleva décadas regularizando, con gobiernos de todos los colores. No es una medida excepcional, sino una herramienta habitual. Estos datos y conceptos fueron interiorizados por una sociedad española que se sitúa mayoritariamente a favor de la migración, como lo explica la encuesta de More in Common de 2025. Y este es un elemento crucial para entender cómo se ha desarrollado el proceso de la regularización extraordinaria más importante de nuestra historia.

Lo que empezó en abril de 2020 con un informe y la histórica organización de una sociedad civil migrante, ha culminado el pasado martes 30 de junio, cuando se cerró con éxito el proceso de solicitud para la regularización extraordinaria. Y ¿en qué consiste este éxito? En que, pese a los intentos de grupos políticos y colectivos antimigratorios, el proceso ha tenido lugar.

Madrid es una de las regiones con mayor número de solicitantes de regularización. No puedo entender qué cree la presidenta Ayuso que va a ganar quitándoles los papeles de nuevo

Este jueves se han presentado los datos finales del proceso, y confirman las tendencias que llevábamos años estimando. Más de 1,17 millones de personas han solicitado la regularización extraordinaria. El 20% eran solicitantes de asilo. Solo el 2,9% de las solicitudes ha sido de origen senegalés y el 13,3% marroquí, ambos parte de un 22,9% total de solicitudes africanas, frente al 67% de personas procedentes de Centro y Sudamérica. El 11,1% de los solicitantes son menores de 15 años, y el 81% del total tiene menos de 45 —el mismo perfil joven que, según calculábamos entonces, ayudaría a sostener el sistema de pensiones una vez regularizado. Seis años después de aquella primera fotografía en pandemia, los datos reales confirman lo que las estimaciones ya anticipaban.

Los intentos de parar este proceso han sido varios. Estos meses ha tenido lugar una campaña de desinformación constante: los grupos antimigratorios han ido probando argumentos diversos para generar tensión y rechazo social. Las líneas argumentales antimigratorias primero se prueban en redes dominadas por estos grupos, como X o grupos de Telegram, y si tienen éxito se extienden a otras redes sociales y medios de comunicación. Desde que se anunciara el proceso hemos visto cómo argumentos que no están avalados por los datos surgen y desaparecen de nuestro debate público. Los recurrentes, como la seguridad o la sobrecarga de los servicios públicos, han sido reemplazados en estos últimos días por el potencial pucherazo y la llamada "ley de nietos". Esta última tiene la gracia de haber sido un argumento recurrente en la campaña de voto en el extranjero del Partido Popular, pero sorprendentemente estos días se ha usado para alimentar el bulo del potencial fraude electoral, demostrando una vez más que la agenda pública la marca más la ultraderecha que el partido de Feijóo.

En cualquier caso, la sociedad española ha aguantado el envite con dignidad y ejemplaridad. Las múltiples encuestas que se han realizado durante estos meses han corroborado las informaciones recogidas por la encuesta de More in Common del 2025: la mayoría de la sociedad española cree que la regularización extraordinaria era necesaria. De no haber sido así, no se habría podido llevar a cabo. El proceso está lleno de historias preciosas de apoyo comunitario y red. Desde personas que han ayudado a sus vecinas sin papeles en el proceso hasta grupos de desconocidas que se han jurado en las colas y se han apoyado las unas a las otras en las esperas y las desesperanzas.

Es muy importante entender que esta regularización extraordinaria es el resultado de una voluntad social. El proceso finalmente ha tenido lugar a través de un decreto ley y no de la ILP que se presentó tras haber superado las 600.000 firmas. Pero todos los años de debate público, de titulares, de debates parlamentarios y de celebraciones de la ILP han servido para construir una opinión social informada a este respecto. Y hay que entenderlo como un éxito colectivo y estar muy orgullosas de ello. El discurso antimigratorio solo beneficia a unos pocos, entre los que no se encuentran las personas comunes. La búsqueda constante de mantener el espacio de debate público polarizado es extremadamente irresponsable. Fracturar la sociedad con desinformación debería ser un delito. Utilizar los sistemas de generación democrática para destruirla también. Y la judicialización política, igualmente.

Estos dos últimos días he estado respondiendo a medios extranjeros para valorar las solicitudes que las Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón y Valencia han presentado ante el Tribunal Supremo para anular el proceso de regularización extraordinaria y sus posibles consecuencias. La primera consecuencia de todas es la generación de miedo y tristeza entre una población trabajadora que acaba de llevar a cabo un proceso para poder tener papeles. Madrid es una de las regiones con mayor número de solicitantes de regularización. No puedo entender qué cree la presidenta Ayuso que va a ganar quitándoles los papeles de nuevo. O quizás sí, ¿mano de obra esclava? Para las vecinas y vecinos que vivimos en esta ciudad, que todas tengamos papeles y estemos en regla solo puede ser una buena noticia. Ahora solo hace falta que todo ese dinero que se recaude de más a través de estos nuevos contribuyentes sirva para incrementar la inversión en servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda, que son esenciales para todas las personas que vivimos aquí.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.