Sudáfrica inicia su ofensiva en el Tribunal de La Haya para frenar la masacre contra el pueblo palestino
El Palacio de La Paz de La Haya, un edificio de estilo neorrenacentista levantado en la ciudad neerlandesa poco antes de la Primera Guerra Mundial, se convertirá esta semana en uno de los escenarios clave de la batalla internacional contra Israel por la masacre del pueblo palestino. Tres meses después del inicio de la ofensiva, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) comenzará a estudiar a partir de este jueves la demanda de Sudáfrica contra el Estado hebreo por un posible delito de genocidio, uno de los crímenes más atroces que existen. Un ataque jurídico al que podría sumarse, si quisiera, España y que podría derivar en una orden de suspensión de los ataques sobre Gaza. Unos bombardeos que ya han dejado más de 20.000 muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños.
¿Qué dice la demanda de Sudáfrica?
El procedimiento tiene como base la demanda que a finales de diciembre interpuso Sudáfrica contra Israel por genocidio, una denuncia que algunos expertos en derecho internacional consultados por infoLibre califican como "muy sólida". Este delito, enmarcado en la categoría de crímenes internacionales, busca castigar comportamientos perpetrados "con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso". Entre ellos, la "matanza", la "lesión grave a la integridad física o mental", las "medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo", el "traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo" o el "sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física".
Tras un detallado análisis histórico y jurídico sobre la situación en la Franja de Gaza, la demanda de Sudáfrica recoge todos aquellos actos del Estado hebreo que podrían calificarse como "genocidas". Así, habla del "asesinato de palestinos" y de los daños físicos y mentales provocados por los "niveles extremos de bombardeos". También señala que alrededor de un 85% de los gazatíes se han visto obligados a "abandonar sus hogares", que se les ha privado del "acceso a alimentos y agua" y de una asistencia médica adecuada o que se han impuesto "medidas destinadas a impedir los nacimientos". Hechos a los que Sudáfrica suma, para justificar el dolus specialis, las "claras y repetidas declaraciones deshumanizadoras" de autoridades israelíes sobre el pueblo palestino.
¿Qué se empezará a analizar?
El caso se encuentra, por el momento, en una fase inicial. Lo que arranca este jueves en el Palacio de la Paz de La Haya es la audiencia pública sobre las medidas provisionales solicitadas en la demanda. Ambos Estados, tanto el demandante como el demandado, tendrán un par de horas para presentar sus argumentos a favor y en contra de la adopción de las cautelares. Una vez superado ese trámite, la Corte Internacional de Justicia se pronunciará en las próximas semanas sobre las mismas. "Y una vez hecho esto, sobre si es competente para juzgar el caso. Luego, vendrá la fase escrita, la oral y la sentencia sobre el fondo del asunto", resume Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III. Un fallo definitivo que puede demorarse años.
Entre las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica se encuentra la "suspensión inmediata" de las "operaciones militares" de Israel contra Gaza. Y también se pide que el Estado hebreo adopte todas las medidas necesarias para garantizar la "preservación de pruebas" relacionadas con un posible genocidio y el acceso de las misiones de investigación. Por lo general, las cautelares, pensadas para evitar un daño irreparable, son aceptadas por el tribunal. Así lo hizo, por ejemplo, en la demanda de Gambia contra Myanmar. O en la de Ucrania contra Rusia tras la invasión de 2022. "Yo creo que en este caso también hay base para que se adopten", opina Mariano Aznar, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Jaume I.
¿Israel puede hacer oídos sordos?
Las órdenes emitidas por la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas que no debe confundirse con la Corte Penal Internacional (CPI) –el primero dirime controversias entre Estados y el segundo se centra en la responsabilidad penal de individuos–, son vinculantes para los Estados. El problema, advierten los expertos consultados por este diario, es que en muchos casos son ignoradas por los países involucrados. Ya ocurrió, por ejemplo, en el marco del conflicto en suelo ucraniano. En marzo de 2022, el tribunal ordenó a Rusia suspender de inmediato las operaciones militares en el país vecino. Sin embargo, casi dos años después la guerra continúa al este del Viejo Continente.
"Israel podría no cumplir con las medidas provisionales que se adopten", advierte al otro lado del teléfono Manero, si bien reconoce que el hecho de que Israel haya querido participar en el procedimiento le permite mantener una ligera esperanza de que finalmente se acate lo que el tribunal establezca. El Estado hebreo, no obstante, sabe muy bien lo que es hacer oídos sordos a lo que sale del Palacio de La Paz de La Haya. En 2004, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, en respuesta a una consulta formulada por Naciones Unidas, declaró que el muro levantado por Israel en Cisjordania era "ilegal" y exigía que fuera destruido. Pero casi dos décadas después la enorme pared de hormigón sigue existiendo.
En caso de que el tribunal ordenase un alto el fuego e Israel se negase a aplicarlo, los expertos reconocen que la corte no tiene apenas fuerza para hacer que se cumplan con las medidas provisionales. Como mucho, se podría acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para exigir que se apliquen las medidas provisionales. "El problema es que aquí nos encontramos con el derecho de veto de Estados Unidos, que no creo que permita al Consejo de Seguridad hacer más de lo que ha podido hacer", recuerda Aznar. A comienzos de diciembre, sin ir más lejos, Washington, principal aliado del Estado hebreo, ya vetó una resolución en el seno de este órgano que pedía un alto el fuego en Gaza.
¿Puede España sumarse a esta ofensiva jurídica?
La demanda de Sudáfrica ha sido aplaudida en las últimas semanas por diferentes países. Es el caso de Bolivia y Namibia. O la Organización para la Cooperación Islámica, que aglutina a más de medio centenar de países con comunidades musulmanas significativas –desde Egipto, Marruecos o Turquía hasta Malasia–. También España, si quisiera, podría sumarse a la ofensiva judicial impulsada por el Estado sudafricano. Al fin y al cabo, el artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia permite a todos aquellos que sean parte de una convención –como lo es nuestro país de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio– "intervenir" en el proceso abierto por cualquier otro Estado.
España ya utilizó esta fórmula hace año y medio en el marco de la guerra en suelo ucraniano. Así, en septiembre de 2022, la embajada española en La Haya no dudó en presentar a la Corte Internacional de Justicia una "declaración de intervención" para sumarse a la demanda de Ucrania contra Rusia por genocidio. De esta manera, reafirmaba su "compromiso" con el derecho internacional y los derechos humanos. No fue, sin embargo, el único Estado que decidió dar este paso. También pidieron adherirse Estados Unidos, Canadá y casi toda la Unión Europea.
"Ahora, por una cuestión de coherencia, debería sumarse en términos similares a la demanda contra Israel", opina Manero. La catedrática, de hecho, forma parte de los más de dos centenares de juristas españoles que en las últimas horas han pedido públicamente al Gobierno de coalición que dé un paso al frente para que España participe activamente en este procedimiento judicial. Una iniciativa que se ha encargado de promover la Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (Rescop).
