Franco ha muerto, su BOE sigue vigente en Galicia (II): la concesión de Ence
El 20 de noviembre de 1975 fallecía el ferrolano Francisco Franco Bahamonde a los 82 años. Se cumplen ahora 50 años de su muerte, pero durante sus casi 40 años de dictadura tomó decisiones que siguen marcando la Galicia actual. En agosto repasamos algunas de ellas, como la de construir una autopista de peaje entre las principales ciudades gallegas, adjudicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de agosto de 1973. O la de entregar terrenos públicos en la ría de Pontevedra, ganados al mar, para construir una fábrica de celulosa, concesión publicada en el BOE del 30 de junio de 1958.
La decisión de instalar una fábrica de celulosa en Pontevedra que aprovechase el agua del Lérez y promovida por el Instituto Nacional de Industria (INI) había sido tomada unos años antes, pero fue el BOE del 30 de junio de 1958 el que estableció las condiciones para la ocupación de los terrenos en zona marítimo-terrestre. Lo hizo mediante una resolución que ya recogía alegaciones contrarias al proyecto, entre ellas la de la Comandancia de Marina, que advertía de que la instalación de la fábrica en ese lugar “produciría un grandísimo perjuicio a toda la zona marisquera de la ría de Pontevedra y que debería señalarse un emplazamiento más hacia fuera de la ría, en mar abierto, donde sus efectos no fuesen tan perjudiciales para uno de los medios de vida más importantes de la gente humilde de la región”.
Sin embargo, el INI replicó que “la utilización del Lérez, aunque presenta los inconvenientes derivados de las características de las aguas residuales que pudieran ser incompatibles con la riqueza marisquera, es económicamente viable, por ser estos de escasa importancia en relación con la aportación económica y social representada por la fábrica y por las industrias que puedan establecerse a su sombra, sobre todo teniendo en cuenta que es muy escasa la riqueza ostrícola de la ría de Pontevedra y que el cultivo de mejillón está en gran proporción montado a flote, lo que permitirá, en su caso, mover las embarcaciones”. La decisión del régimen era inamovible y Franco en persona acabó inaugurando la fábrica en 1963.
Aquella autorización de 1958 para la ocupación del terreno decía expresamente que se otorgaba “sin plazo limitado”, en una época sin legislación clara sobre el litoral. Sería la democracia y la Ley de Costas de 1988 las que regularían la premisa constitucional de que el litoral es público y establecerían límites a las concesiones en esas zonas, tanto a las ya otorgadas como a las futuras. Así, la concesión de Ence quedó limitada a otros 30 años, hasta 2018.
Pero entretanto, sucesivos gobiernos del PP modificaron las condiciones. En 2001, el Gobierno de Aznar privatizó Ence, como también haría poco después con Audasa. Y en 2013, cuando se acercaban las caducidades de numerosas concesiones fijadas por la Ley de Costas de 1988, el Gobierno de Mariano Rajoy reformó dicha norma para permitir prórrogas de las mismas. Ese mismo año, Ence se amparó en la reforma legal para solicitar su prórroga, que le fue concedida en 2016 por 60 años a partir de la solicitud de 2013, es decir, hasta 2073.
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El proceso judicial iniciado entonces tuvo un primer pronunciamiento en 2021 por parte de la Audiencia Nacional, que consideró nula la prórroga porque el Gobierno de España no había justificado que la fábrica tuviese que estar en ese lugar, como exige la Ley de Costas para permitir ocupaciones del litoral. Pero dos años después, en 2023, el Tribunal Supremo revocó aquella sentencia previa y avaló la prórroga de la concesión considerando que así lo permitía la “confusa” reforma de la Ley de Costas de Rajoy en 2013. Esa prórroga, dijo el Supremo, solo estaba condicionada a un informe favorable en materia ambiental emitido por la Xunta de Feijóo en 2015.
Pero esa sentencia del Supremo fue recurrida por el Ayuntamiento de Pontevedra ante el Tribunal Constitucional, que el pasado mayo admitió a trámite la cuestión. Y apenas unos días después de conocerse la decisión del Supremo, la Comisión Europea abría una investigación a España por impedir la competencia en las concesiones litorales a “por ejemplo, empresas papeleras”.
Así que aún está lejos de terminar la batalla jurídica sobre la vigencia de una concesión cuyo origen y derechos primigenios hay que buscarlos en la decisión de la dictadura de ceder terrenos estatales para la construcción de la fábrica. Mientras tanto, la propia Ence admite, en sus informes anuales, que “según los términos de otorgamiento de la concesión administrativa, a su vencimiento, las instalaciones construidas sobre el terreno revertirán al Estado o bien este requerirá su desmantelamiento”.
