El papel de Mazón, la comida del Ventorro y otras claves judiciales de la investigación de la dana

La investigación judicial sobre la trágica riada comenzó cuando las aguas todavía no se habían retirado, en un primer momento para dejar constancia del levantamiento de los cuerpos, pero con el paso de los meses el foco de la investigación está sobre aquellas personas que tenían la obligación legal de velar por la seguridad y cumplir con los protocolos de vigilancia, según informa EFE.

A continuación se detallan las principales claves de la causa judicial que dirige el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (València) en el marco de las diligencias previas 692/2024, abiertas por el fallecimiento de 229 personas y en las que se investigan supuestos delito de homicidio y lesiones por imprudencia.

¿Qué se investiga?

La supuesta negligencia en la gestión de la emergencia que supuso la dana del 29 de octubre de 2024 y el retraso en el envío del mensaje Es_Alert, que llegó a la población valenciana a las 20:11 horas.

La jueza ve "indicios abrumadores de una conducta negligente", tal y como ha detallado en sus autos, por parte de los máximos responsables de la Consellería de Interior (ya extinta, actualmente de Emergencias).

¿Desde cuándo se investiga?

Los juzgados valencianos empezaron a recibir denuncias de particulares, directamente afectados y no, en los días posteriores a las riadas, tanto por la vía penal, la mayoría, como por la vía contencioso-administrativa.

En ellas se daba detalle de la desaparición de familiares pero también se formulaban directamente acusaciones contra diversos responsables de las administraciones autonómica y estatal. Uno de los primeros juzgados en abrir diligencias relacionadas con esta tragedia fue el Juzgado de Instrucción número 20 de València, que estaba de guardia aquel 29 de octubre.

El conflicto entre varios juzgados de instrucción motivó la presentación de una cuestión competencial por parte de Instrucción 15, que finalmente resultó en la reordenación total de la causa, que asumió Instrucción 3 de Catarroja desde finales de enero. Este juzgado ha escuchado a más de 350 familiares de las víctimas mortales.

¿A quién se investiga?

La causa cuenta de momento con dos investigados, por su "inactividad" pese a su posición de garantes de la seguridad de la población:

- Salomé Pradas: consellera de Justicia e Interior desde julio de 2024 y hasta el 22 de noviembre, cuando fue destituida. Era la máxima autoridad en el Cecopi en el día de la dana y en "el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población". En su declaración, alegó falta de experiencia y delegó la responsabilidad en los técnicos.

- Emilio Argüeso: secretario autonómico de Emergencias o número dos de la Conselleria de Justicia e Interior desde julio de 2024 y hasta el 3 de diciembre, cuando fue destituido. Mantuvo en su declaración judicial una "tesis de la ignorancia" sobre lo que ocurría el 29-O que para la jueza "no se sostiene". La Fiscalía se opuso a su imputación en el momento actual de la causa, aunque este posicionamiento se conoció cuando ya había declarado.

¿Cuál es el papel de Mazón?

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, permanece por el momento al margen de este proceso judicial porque ha rechazado los tres ofrecimientos realizados por la jueza instructora para que acuda a declarar en calidad de investigado.

A mediados de diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió acumular en una misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas contra Mazón por la gestión de la dana, al tratar sobre los mismos hechos.

Sin embargo, dos meses después, en febrero de 2025, la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal destestimó finalmente estas denuncias porque los indicios aportados resultaban "a todas luces insuficientes e infundados en orden a aplicar las normas de competencia asociadas a la prerrogativa de aforamiento".

El Alto Tribunal valenciano, que declaró "no ser insensible a la tragedia", expuso que no había por el momento indicios que le permitan investigar a Mazón y señaló a los juzgados de Instrucción como "hábitat natural" para que los damnificados iniciasen el camino de su reclamación.

La comida del Ventorro

Es el "elefante en la habitación" en esta causa judicial, pues no se han presentado pruebas de su duración y hasta ahora la jueza instructora había considerado que preguntar a la periodista que compartió mesa y mantel con Carlos Mazón aquella jornada era tanto como investigar al propio president, algo que excede de sus competencias.

En aquella comida, que Carlos Mazón ha desvinculado de su condición de president y ha relacionado con asuntos de partido, solo estuvo presente Maribel Vilaplana, y tanto la jueza como el fiscal del caso, Cristóbal Melgarejo, habían considerado inapropiado indagar sobre la misma.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la instructora desestimó la petición de llamar a declarar a la periodista por considerar que su declaración "estaría relacionada, en definitiva, con la localización y actuación del president durante dicho día", algo que no es posible por su condición de aforado.

Sin embargo, en una de las escasas correcciones que la Audiencia ha planteado respecto a esta instrucción, la Sección Segunda ha ordenado a la jueza que cite a declarar a la periodista porque "podría aportar información relevante" sobre "la toma de decisiones" en aquella fatídica jornada, y eso sí forma parte de la investigación penal en curso.

Recuerda además la Audiencia que, en caso de encontrar indicios de criminalidad contra el president, sería el TSJCV el órgano responsable de seguir con la causa.

¿Por qué no se investiga a nadie más?

Diversas acusaciones han reclamado en varias ocasiones la imputación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo; del responsable de la Aemet en Valencia, Juan Miguel Núñez, o de responsables del operativo de emergencia, entre ellos mandos de los bomberos, pero todas estas peticiones se han topado con la negativa de la jueza, del fiscal y de la Audiencia Provincial.

La principal diferencia, en opinión de la instructora, es que el resto de actores, es decir, quienes no estaban en el Gobierno de la Generalitat, no tenían el "deber de actuar", la obligación de ejercer como "garantes" de la seguridad y la protección civil.

La jueza también ha acordado, pero no ha concretado aún la fecha, que declaren como testigos la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero; el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez; y el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, entre otros cargos.

Acusaciones

En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que una decena ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular. Las acusaciones particulares las ejercen familiares de los fallecidos o en representación de ellos, como:

- Asociación de damnificados Horta Sud, en la que figuran 114 afectados por las inundaciones de la dana.

- SOS Desaparecidos, que comenzó en representación directa de los familiares de 64 víctimas pero en abril 38 de ellas se salieron por discrepancias con el presidente de la entidad y con la intención de crear una nueva asociación, Víctimas Mortales Dana 29O.

Las acusaciones populares las ejercen, previo pago de una fianza de 6.000 euros:

- Partidos políticos: Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís.

- Sindicatos: FTAP-CGT, Intersindical Valenciana.

- Asociaciones y colectivos: Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Mai Més.

Estuvo personada la asociación Hazte Oír y también Manos Limpias, pero la primera dejó de ser parte al ser inadmitidas sus querellas y la segunda porque el letrado que defiende a Emilio Argüeso lo había sido también de Manos Limpias.

La Generalitat ha pedido personarse como responsable civil subsidiaria, pero la jueza lo ha rechazado al entender que no procede en este momento procesal.

Diligencias y revelaciones importantes

Fruto de las preguntas y diligencias ordenadas por la jueza instructora de Catarroja se han ido conociendo detalles clave sobre la gestión de la emergencia durante aquel 29 de octubre de 2024, tales como la hora de la llegada exacta del president Carlos Mazón al Cecopi, las decenas de miles de llamadas que recibió el 112 y las horas a las que se produjeron o el hecho de que tuviese lugar un receso en las comunicaciones del Cecopi con quienes formaban parte de este órgano de coordinación pero estaban conectados de forma telemática.

El aviso "tardío y erróneo" a la población -en opinión de la jueza- y el hecho de que no se vigilasen los cauces y barrancos, como era preceptivo en una situación de emergencia hidrológica, son otras de las cuestiones sobre las que tiene puesto el foco la jueza.

Recientemente se han revelado nuevas grabaciones del Cecopi que evidencian, a juicio de la instructora, que la exconsellera conocía que se debía vigilar el cauce del río Magro y el barranco del Poyo, puesto que ella misma anotó ambas cuencas en un papel.

La jueza de la dana ve "indicios abrumadores" de negligencia en la exconsellera Pradas

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Otra de las derivadas sobre la cual la jueza ha reclamado información es la del fallecimiento en las inundaciones de personas dependientes usuarias del servicio de teleasistencia que presta tanto la Generalitat como la Diputación de Valencia.

Todavía puede crecer la cifra de fallecidos

La instructora está pendiente de recibir cuatro informes forenses que deberán determinar si el fallecimiento de otras tantas personas estuvo relacionado con las riadas. Esto podría elevar la cifra de víctimas mortales hasta 233, es decir, cuatro más del actual registro oficial.

Se trata de tres mujeres y un hombre. Dos de ellas eran internas de la residencia de Paiporta en la que fallecieron otras seis personas y murieron en hospitales de València el 1 y el 3 de noviembre; una tercera falleció en el Hospital de La Ribera de Alzira el 6 de noviembre y el hombre en el 26 de noviembre.