“Si no te callas, te rompo el brazo”: una refugiada siria denuncia a la policía alemana por humillarla en un control
Sandra Alloush todavía llora al recordarlo. Seis meses después de su detención por agentes de policía alemanes, mientras viajaba en tren de Estrasburgo a Berlín, la refugiada siria nos dice cuando nos reunimos con ella el 18 de noviembre en Estrasburgo: “Lloro cada vez que cuento esta historia. Todavía arrastro este trauma”. Tras huir de lo peor en Siria, esta mujer de 37 años nunca habría imaginado que la tratarían así en un país europeo. “Si me ha pasado esto en Alemania, ¿en qué otro país podría estar segura?”
Por ella y “por los demás”, decidió presentar una denuncia por control ilegal en las fronteras contra el Ministerio Federal del Interior y el presidente de la policía federal ante el tribunal administrativo de Stuttgart. Sandra Alloush no habría podido hacer nada sin el apoyo de varias ONG. En primer lugar, la European Network Against Racism (Red Europea contra el Racismo, Enar), de la que forma parte, pero también el European Center for Constitutional and Human Rights (Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, ECCHR) y la Gesellschaft für Freiheitsrechte (Sociedad por los Derechos Civiles, GFF), que la ayudaron a preparar la denuncia presentada el miércoles 26 de noviembre.
El documento, al que han tenido acceso Mediapart y el diario británico The Guardian, hace referencia a una “acción fundada” en derecho. En veintiocho páginas, explica por qué “la identificación de la demandante y las medidas posteriores de la policía federal eran ilegales y violaban los derechos” de la víctima. “Apoyamos esta acción judicial porque las prácticas ilegales no deben normalizarse”, justifica la abogada Laura Kuttler, de la GFF. Y porque nadie debería sufrir violencia, humillación o discriminación, añade, cuando ejerce su derecho a circular libremente por Europa.
Aunque las órdenes dadas a la policía alemana provienen del Ministerio del Interior, la abogada precisa que, desde el punto de vista legal, la denuncia se dirige contra el Estado alemán, con el fin de garantizar que “las autoridades respeten los límites establecidos por la legislación de la UE en materia de medidas fronterizas”. Contactado por Mediapart, el Ministerio del Interior alemán ha comunicado que no comenta casos individuales y que los controles en las fronteras interiores de Alemania se “realizan con flexibilidad en cuanto al lugar y el momento, y sobre la base de la información policial y los informes de situación específicos”.
Sandra Alloush relata la “humillación” que sufrió el 16 de junio, de la que se hizo eco en su momento un artículo de Rue89 Strasbourg. Ese día, el tren hizo una parada en la estación de Kehl, donde subieron a bordo agentes de policía. La eligieron por su aspecto entre todas las personas presentes en el vagón. “Me pidieron mis documentos y les mostré mi permiso de residencia”. Un permiso de residencia de diez años, expedido a las personas reconocidas como refugiadas en Francia. Pero el agente le pidió entonces el pasaporte. Ella le indicó que su título de viaje para refugiados (TVR) estaba en proceso de renovación. “Me pidió una fotocopia y un certificado de renovación”. Se los presentó.
Llevada a la comisaría
“Me explican que no es suficiente y que tendré que bajar del tren. Estoy conmocionada”. Sandra Alloush, periodista de profesión, decide grabarse en vídeo para documentar lo que le está pasando. Los agentes le ordenan que pare y los siga a la comisaría. “No quiero ir porque sé que allí puede pasar cualquier cosa. Insisto en mi derecho y les pregunto qué ley he infringido. Me acusan de haber entrado ilegalmente en Alemania, yo respondo que eso no es cierto y que conozco mis derechos.”
En la estación, los testigos observan la escena sin reaccionar. Ella espera ayuda externa, “pero la miran como si fuera una delincuente”. Tiembla, explica que es una refugiada de guerra, que ya está traumatizada y se siente insegura. Pero la siria no encuentra “ninguna empatía” alrededor.
“El agente me agarra del brazo, le digo que no me toque. Cuanto más nos acercamos a la comisaría, más violento se vuelve”. Ella le suplica que no le paralice el brazo. “Si no te callas, te romperé el brazo”, la amenazó. Una vez en la comisaría, la encierran en una habitación con una policía que la obliga a desnudarse. Por completo. Registran todas sus pertenencias.
En ese momento, pienso en tirarme al río. El nivel de humillación, violencia, inseguridad... era demasiado
Los gestos de Sandra Alloush se aceleran a medida que avanza en su relato. “Mientras estoy desnuda, un policía intenta abrir la puerta, que no está cerrada con llave”. Esto la angustia aún más. A continuación quedo detenida, nos dice mientras imita los barrotes. La obligan a borrar el vídeo que ha grabado y a vaciar la papelera de su teléfono. En ese momento, ya se imagina siendo expulsada, devuelta a un país en el que escapó de un intento de asesinato en 2012 y donde su vida sigue en peligro.
En la celda, piensa en su hijo de 10 años, que vive en Francia. “Por fin me permiten hacer una llamada. Llamo a un amigo en Alemania, que habla con el agente. Este cambia entonces de tono.” Le toman las huellas dactilares —un paso más en la criminalización— y le piden que firme unos documentos en los que se afirma que ha cruzado ilegalmente la frontera y que se ha resistido a los policías. “Les digo que todo eso es falso. Pero entiendo que si no firmo, no saldré de allí.”
Ella afirma que nunca recibió copia de esos documentos. La liberan en el puente que une las ciudades de Kehl y Estrasburgo, mientras los policías la observan desde lejos para asegurarse de que regresa a Francia a pie. “En ese momento, confiesa, pienso en tirarme al río. El nivel de humillación, violencia, inseguridad... era demasiado”. Desde entonces, ha rechazado oportunidades en Alemania y prefiere irse a Bélgica, o ha elegido hacer reuniones por videoconferencia para evitar volver a hacer ese trayecto.
40.000 denegaciones de entrada en un año
Poco después de los hechos, Sandra Alloush presentó una reclamación por Internet y recientemente recibió una respuesta en la que se le informaba de que se habían retirado los cargos por entrada ilegal en Alemania, pero no los de “resistencia” a la autoridad. “Lo que he vivido es ilegal”, afirma. Es el deseo de justicia lo que la empuja a “superar ese trauma” y a embarcarse en esta batalla judicial. La víctima está convencida de que no es un caso aislado.
Según las ONG, 40.000 personas se han enfrentado a una denegación de entrada en Alemania desde el restablecimiento de los controles en sus fronteras interiores, decidido en septiembre de 2024. “Si mi caso entra dentro de esas cifras, entonces hay motivos para cuestionarlas”, señala, subrayando que estaba en regla y tenía derecho a viajar a Alemania ese día, como ya había hecho en el pasado. Esas cifras, continúa, sirven sobre todo para satisfacer la “agenda política” de la extrema derecha.
Le sorprende que un país que salvó más de un millón de vidas en 2015, en su mayoría sirias, pueda aplicar hoy en día tales políticas migratorias. Ella afirma estar sin embargo lejos de los clichés que se transmiten sobre los extranjeros: mujer, cristiana, con permiso de residencia, trabajadora. Si siendo refugiada, periodista y políglota, con tarjeta de residencia, Sandra Alloush no ha recibido protección, “podemos imaginar lo que les pasa a los solicitantes de asilo que aún no tienen papeles, que no dominan el inglés o que no se atreven a decir nada”, señala Hanaa Hakiki, directora del equipo de justicia fronteriza del ECCHR.
Para las víctimas de estos abusos, añade, presentar una denuncia contra un Estado como Alemania es extremadamente difícil, “dada su precaria situación migratoria y la opinión pública, que presenta constantemente a los migrantes como chivos expiatorios”. “Lo que hace que el caso de Sandra sea una excepción es su valentía y su compromiso. El número de denunciantes puede contarse con los dedos de una mano”, insiste Hanaa Hakiki.
La abogada Laura Kuttler también cree que es lamentable “una política alemana que presenta cada vez más la inmigración como un problema de seguridad”. “Esa visión ha creado un clima político en el que parecen justificados los controles jurídicamente dudosos, incluso ilegales. Parece que prevenir una supuesta amenaza migratoria prima sobre el respeto del derecho europeo o la garantía de la apertura de las fronteras”. Y recuerda que los controles internos solo están autorizados “en circunstancias excepcionales y muy limitadas”, que en este caso no se daban.
Un contexto político propicio para los abusos
“Alemania no disponía de ningún fundamento jurídico europeo válido para realizar controles en la frontera franco-alemana”, prosigue la jurista de la Gesellschaft für Freiheitsrechte . “Los tribunales alemanes y europeos ya han declarado ilegales esos controles, pero el Ministerio del Interior los mantiene alegando nuevas amenazas.” Para ella, el caso de Sandra Alloush ilustra “de manera concreta lo que significan los controles en las fronteras interiores”: un simple desplazamiento profesional se convirtió en un calvario, cuyas “consecuencias son reales y duraderas para la seguridad, la libertad de movimiento y la salud mental” de las personas afectadas.
El Cimade (Comité Intermovimientos de ayuda a los evacuados) cuenta que ha tenido conocimiento de esos controles discriminatorios en la frontera franco-alemana, en particular a través del servicio de acceso permanente a los derechos que ofrece la asociación de solidaridad con los migrantes en Estrasburgo. “Nuestros voluntarios se encontraron con una persona refugiada que fue controlada en Kehl y a la que se le denegó la entrada en Alemania a pesar de que llevaba consigo su tarjeta de residencia de diez años”, señala Lydie Arbogast, delegada nacional de la organización en la región del Gran Este. Este caso, similar al de Sandra Alloush, se registró unas semanas después, en julio.
Aunque la representante del Cimade afirma que aún tiene muy poca información sobre las prácticas en esa frontera, el caso de Sandra Alloush “revela lo que el control migratorio puede generar en términos de violencia, humillación y violación de derechos”: “Este contexto nos preocupa. Somos conscientes de que en las fronteras francesas con España e Italia, los controles llevados a cabo desde hace varios años se han traducido en controles por perfil racial, procedimientos expeditivos ilegales y riesgos para las personas que desean cruzar la frontera, lo que ha provocado numerosos accidentes y muertes.”
Según un informe de Enar que se publicará en febrero de 2026, la discriminación racial es “una práctica sistemática y generalizada” en las fronteras interiores de la UE. Tal y como se ha documentado en las fronteras franco-italiana y franco-española, pero también en la frontera entre Alemania y la República Checa, “las personas racializadas son controladas, registradas, humilladas, a veces expulsadas y víctimas de violencia de manera desproporcionada, sin un procedimiento regular”, detalla Emmanuel Achiri, responsable de políticas y defensa de esta red.
A este respecto, el Ministerio del Interior alemán asegura que “las medidas discriminatorias y la elaboración de perfiles raciales son ilegales y no son practicadas ni toleradas por la policía federal”. Pero, en la práctica, “los viajeros europeos blancos sin documentos pueden pasar, mientras que a los viajeros racializados que llevan consigo un documento de identidad válido les piden más documentos”, constata la ONG. Esto refleja un “régimen de sospecha discriminatorio”, que se nutre directamente de la gestión de las migraciones. “Con la reforma del código Schengen y el pacto migratorio europeo se han reforzado las competencias policiales y de control fronterizo”.
Los efectos de limitar la inmigración en la UE: recorte de los derechos de sus ciudadanos
Ver más
Estos marcos jurídicos crean un “clima permisivo propicio para las prácticas policiales racistas, al otorgar a los agentes un amplio poder discrecional para detener a cualquier persona considerada irregular”, añade Emmanuel Achiri. El informe demuestra que las fuerzas del orden actúan “como guardianes de la inmigración”, decidiendo, a menudo de forma arbitraria, el derecho a entrar en el territorio en función de prejuicios racistas. “El trato violento infligido a Sandra Alloush es una consecuencia directa de esas decisiones políticas”.
Traducción de Miguel López
