Bruselas evita prohibir los alquileres turísticos y se olvida de la barra libre de gasto en su Plan de Vivienda
La Comisión Europea evita las dos medidas de mayor calado para atacar la crisis habitacional que azota el continente. La ausencia de competencias en la materia y una falta de voluntad política dejan fuera del anunciado Plan de Vivienda Asequible la prohibición de los alquileres vacacionales y la barra libre de gasto público para construir vivienda social.
Luego de un año de trabajo, la vicepresidenta Teresa Ribera y el comisario de Vivienda, Dan Jorgensen, presentaron en Estrasburgo el esperado plan de vivienda prometido por Úrsula Von der Leyen en su investidura. Medidas centradas principalmente en “reducir la burocracia para acelerar la oferta de casas” y movilizar inversiones públicas y privadas que pongan en el mercado “650.00 viviendas adicionales al año durante los próximos diez”.
“Bajo las reglas actuales de ayudas públicas, hasta cierto punto los Estados Miembros realmente no pueden apoyar una vivienda asequible, afirmó Teresa Ribera, quien además de pilotar todo el área contra el cambio climático de la Comisión, también es la responsable europea de Competencia. “El sistema [de inversión pública en el sector inmobiliario] tiene que ser más simple, rápido, efectivo”, insistió la española.
Bruselas propone que, a nivel europeo, los proyectos de viviendas sociales o de promoción tengan una vigencia de al menos veinte años. Y además, en las construcciones inmobiliarias financiadas con dinero público las autoridades deberán exigir precios mínimos y máximos por debajo de los del mercado, para garantizar casas accesibles.
Condiciones tendentes a frenar un aumento en el precio de las viviendas del 60% y de los alquileres del 20% durante los últimos años, que según la Comisión Europea provocan que “millones de europeos sufran para encontrar un hogar que permitirse”. Las dimensiones de esta crisis habitacional tienen múltiples caras, reconocen en Bruselas, desde dificultades en la movilidad laboral hasta acceso a la educación o la formación de una familia.
Sin prohibición a los alquileres turísticos
Esta estrategia sobre vivienda evita concretar el freno a la proliferación de los contratos turísticos o los alquileres de corta duración. Hasta 2026 no llegará una propuesta legislativa al respecto y aun así no incluirá una prohibición de estos arrendamientos. El grupo parlamentario de La Izquierda critica que “en un momento en el que la vivienda se ha convertido en un activo especulativo, el Plan de la Comisión evite afrontar las causas originarias de este crisis”.
La Comisión prefiere plantear un registro obligatorio de los propietarios, como ya se hace en muchas ciudades españolas, y el intercambio de información sobre las operaciones de alquiler. También apostará porque las plataformas de pisos turísticos paguen una tasa que financiaría fondos nacionales o regionales para atender el problema de las personas sin hogar.
Un alto funcionario europeo descarta que en 2026 vaya a haber “una prohibición, no la estamos buscando” de los alquileres vacacionales. “Las ciudades están actuando y lo que vemos es una amplia gama de acciones, desde la prohibición completa de los alquileres a corto plazo hasta restricciones por huésped, límites a las noches o diferentes tasas”, afirma esta fuente. Y eso que los propios datos con los que la Comisión ha elaborado su Plan de Vivienda Asequible ilustran el rápido crecimiento de este tipo de contratos, un 93% entre 2018 y 2024, limitando la oferta de vivienda a los residentes locales, especialmente en los destinos turísticos, donde los inmuebles vacacionales, según estas cuentas, llegan a comerse un 20% del mercado.
“Los alquileres a corto plazo son posiblemente el área, el problema, sobre la que más me han preguntado durante el último año”, reconoció el propio comisario de Vivienda, Dan Jorgensen. “Son innumerables los alcaldes que me han explicado que es algo que empezó siendo bueno para terminar como un problema real. Y es inaceptable que la gente no pueda vivir en las ciudades donde trabaja”, concedió el político danés.
Cómo construir 650.000 viviendas adicionales al año
Atajar este problema de turistificación habitacional fue una de las demandas realizadas en mayo por los alcaldes de Barcelona y Roma en representación de quince grandes ciudades y localidades, con una población de 18 millones de personas. Otra medida clave, que Bruselas autorizase el uso de la cláusula de escape en el Pacto de Estabilidad en favor de las inversiones públicas inmobiliarias.
Este grupo de ciudades proponía movilizar así 300.000 millones de euros para “financiamiento de nuevos inmuebles sociales y asequibles” y “renovar el parque existente en todos los países de la UE”. Esta ambición se queda fuera del plan de la Comisión, permisiva sin embargo con que los Estados Miembros se salten las reglas de déficit para inversiones militares.
La fuente comunitaria excusa a Bruselas asegurando que “la cuestión de la cláusula de escape es delicada porque la Comisión cree firmemente en unas cuentas apropiadas”, en relación a la disciplina fiscal de los presupuestos, y escudándose también en que “es complicado para los Estados Miembros el diseñar marcos de apoyo para vivienda social o asequible”.
“No hay una propuesta para usar la cláusula de escape” al cumplimiento de déficit, reconoce, pero “sí estamos dispuestos a ofrecer recomendaciones para diseñar un contexto legal y financiero que tenga en cuenta cuestiones de deuda pública”. La Comisión podría haber diseñado un fondo a cargo de los presupuestos de la UE al que los Estados Miembros solicitasen préstamos, exentos de contabilizar para el déficit, con los que financiar vivienda pública, como ha hecho con el instrumento SAFE para las compras militares, pero ha evitado dar ese paso.
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Pese a estas lagunas, los socialistas del Parlamento Europeo califican el Plan de Vivienda Asequible como “un paso histórico” por el que sienten “orgullo” bajo la premisa de que la vivienda no es una mercancía, sino un derecho humano fundamental. Menos optimistas son desde el grupo de Los Verdes. Su eurodiputado Vicent Marzà, miembro del Comité Especial de Vivienda creado esta legislatura en la Eurocámara, cree que el “movimiento llega tarde” y “se queda corto” porque no hay “medidas directas” que frenen la especulación inmobiliaria.
La Comisión considera que el actual mercado inmobiliario del continente “realmente no está listo ni totalmente preparado” para sacar en oferta 650.000 nuevas viviendas al año, en palabras de una segunda fuente europea. De ahí la propuesta de reducción burocrática. Según este otro funcionario comunitario, un área de prioridad es “la simplificación y la digitalización de los permisos sin invadir las competencias de los Estados Miembros”. Bruselas no va a imponer nuevos requisitos para construir inmuebles ni tampoco una homogeneización de los procesos.
Bruselas quiere poner en circulación 10.000 millones de euros en nuevas inversiones en 2026 y 2027 y, con la ayuda del Banco Europeo de Inversión o de los bancos de promoción estatales, como el ICO español, movilizar otros tantos miles de millones. Un incremento ficticio del dinero, ya que lo conformarían préstamos y garantías en las que el sector privado debe invertir su parte. Y muy lejos de las exigencias durante meses en Bruselas de las autoridades locales para atender el grave problema inmobiliario que frustra la emancipación de los jóvenes, el bienestar de las familias con menos recursos y las aspiraciones vitales de la clase media y trabajadora.
