Anticorrupción desdeñó por falta de credibilidad la 'información' que Peinado usa para insistir con Air Europa
"La información que se proporciona no es bastante, no es verificable, ni transmite suficiente credibilidad para provocar la apertura de unas diligencias de investigación". Así de contundente se mostró la Fiscalía Anticorrupción cuando, a comienzos de año, metió en un cajón uno de los muchos escritos que se van acumulando sobre su mesa denunciando prácticas irregulares. En este caso, ponía en conocimiento del Ministerio Público datos sobre supuestas cuentas en el extranjero relativas a diferentes personalidades públicas. La misma información sobre la que ahora se apoya el juez Peinado para intentar reimpulsar la investigación sobre el rescate de Air Europa.
El 7 de enero de 2025, en plena resaca navideña, tuvo entrada en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada un extenso escrito firmado por el abogado Eduardo Martín-Duarte, quien tres semanas antes había dirigido otro de similares características a la comisión de investigación del Senado sobre lo que entonces se llamaba caso Koldo. A lo largo de catorce páginas, a las que se sumaban otras veinticinco anexas, el letrado recogía una ristra de recortes de prensa, la inmensa mayoría de la derecha mediática. Y tres cuadros donde se recogían supuestas cuentas bancarias fuera de España de diferentes miembros del Gobierno o dirigentes del PSOE.
Las tablas, de apariencia similar a la que se elaboran con herramientas como Excel, recogían el nombre de la persona, el país –Jersey, Luxemburgo, Venezuela y República Dominicana–, el banco –Promerica, Santa Cruz o Caribe, entre otros–, el importe y el supuesto identificador de la cuenta. Y como único soporte documental, unos papeles, uno por supuesta cuenta, redactados en mayúsculas y conformados por unas líneas alfanuméricas y datos como "entidad", "domicilio", "modalidad", "identificador", "saldo", "titular"... Dichos documentos ni siquiera tenían apariencia de pantallazos internos de una entidad financiera. Ni tampoco membretes de ningún tipo. Eran, en definitiva, como una especie de folio redactado en Word.
"Aportamos esta información por nuestro deber cívico", recogía el escrito. Algo a lo que el Ministerio Público no dio ninguna credibilidad. En su decreto de archivo, dictado apenas dos semanas después, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostenía que dichos documentos habían sido "confeccionados" por "un tercero", no por una "entidad bancaria": "Todos ellos siguen un mismo patrón o forma de elaboración pese a tratarse de entidades distintas, todos en castellano y sin ningún distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria". "Ninguna información aporta el remitente sobre el medio y la persona que le ha hecho seguir esa información y documentos", continuaba.
Y ante la imposibilidad de interrogar a la supuesta fuente para despejar las dudas que pudieran insistir sobre los documentos, concluía: "La información que se proporciona en la denuncia no es bastante, no es verificable, ni transmite suficiente credibilidad para provocar la apertura de unas diligencias de investigación". La misma conclusión a la que llegaría el Tribunal Supremo un par de meses más tarde en relación con un escrito en términos similares que le remitieron por correo al magistrado Leopoldo Puente, instructor del ahora caso Cerdán: "El denunciante [...] se limita a consignar en una tabla de elaboración casera un conjunto de datos sobre los que no existe la más mínima base indiciaria [...] salvo su plasmación en unas hojas igualmente de elaboración propia, sin formato reconocible, carentes de valor acreditativo alguno".
Aquellos papeles despreciados por Anticorrupción, que durante horas sirvió de munición mediática a la derecha, vinculaban a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con tres supuestas cuentas en República Dominicana. Exactamente las mismas que se contienen en el nuevo escrito que el abogado remitió a comienzos de mes al Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, en el que el juez Juan Carlos Peinado lleva más de un año investigando las actividades de Gómez. El documento, al que ha accedido infoLibre, es similar a los anteriores, solo que en este caso se centra en la mujer del líder del Ejecutivo y en el rescate que en plena pandemia el Gobierno hizo de la compañía Air Europa.
Esquivar el veto por la vía de los "hechos nuevos"
La ayuda financiera a la aerolínea siempre ha sido de gran interés para Peinado, que ha intentado una y otra vez incluirla dentro de su investigación. Pero la Audiencia de Madrid le ha dejado claro en repetidas ocasiones que el rescate debe quedar fuera del caso Begoña salvo que aparezcan "hechos nuevos". Es precisamente ahí donde entra en juego el nuevo escrito de Martín-Duarte, que busca precisamente explotar esa rendija que los superiores del instructor dejaron abierta: "Me cumple la obligación ciudadana de participar al instructor la información que me ha sido facilitada que podría ser constitutiva de adicionales y concomitantes hechos nuevos".
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El abogado, que reclama personarse en el procedimiento, incluye tres cuadros en su escrito. Los dos primeros hacen referencia a supuestas cuentas en República Dominicana con Gómez como "apoderada" a las que Anticorrupción no dio ninguna credibilidad. Y el tercero incluye supuestos depósitos bancarios en entidades turcas que atribuye a la mujer del presidente. "La procedencia de los fondos sería del banco ruso Alfa Bank", lanza. En el escrito que remitió a comienzos de año al Ministerio Público, el abogado no mencionaba en ningún momento la existencia de las cuentas en Turquía que ahora dice que han aparecido.
A pesar de las dudas que tanto la Fiscalía como el Supremo han mostrado a lo largo de estos meses sobre la veracidad de los datos remitidos por el letrado, Peinado no ha dudado en abrazar el escrito del mismo como vía para tratar de reabrir la tantas veces vedada investigación sobre el rescate de la aerolínea. El instructor ha decidido esta semana, con carácter previo a la admisión del escrito, remitir el mismo a la Sección de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informe "si con base en los antecedentes de que disponen" han aparecido "hechos nuevos" respecto a Air Europa.
No es la primera vez que Peinado maniobra en base a escritos que recibe. El pasado año, el instructor tomó declaración como testigo a un exalto cargo de una fundación dependiente del Consejo Superior de Deportes después de que un abogado históricamente vinculado a Falange le situara en una carta remitida a la Guardia Civil como nexo de unión entre Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Aquella misiva no aportaba prueba o indicio alguno. "Tengo entendido –La Ribagorza es una comarca con escasa población y todo se sabe– que actuó como persona de confianza de ambos", recogía el escrito, en el que se señalaba que el exalto cargo era "profesor de esquí" de "Gómez y sus hijas" –un extremo que lleva años negando–.
