Interior se encomienda a la sanidad privada para cubrir el agujero de médicos en las cárceles

Viernes, 23 de diciembre. Una dotación del Samur irrumpe, a media mañana, en la Plaza de las Cortes. Allí, a escasos metros de la estatua de Miguel de Cervantes que se alza frente a los leones del Congreso de los Diputados, varios efectivos sanitarios atienden a un hombre de mediana edad en una suerte de campamento improvisado. Se llama Honorio Gómez Alfaro. Pope para los amigos. Está desde la pasada semana en huelga de hambre y quiere mantenerla, como mínimo, hasta el día 30. Lo hace para denunciar el desmantelamiento de la sanidad penitenciaria. Una falta de médicos que está obligando al Ministerio del Interior a recurrir a empresas privadas para intentar garantizar el acceso de los presos a un derecho fundamental.

"Me veo en la obligación moral de hacerlo. Muchos enfermos no están siendo atendidos", lanza en conversación telefónica con infoLibre. No es la primera vez que emprende un ayuno. Ya lo hizo en numerosas ocasiones estando en prisión. Porque Pope, como todos esos "chavales" para los que pide atención, sabe bien cómo es la vida a la sombra. Curtido en las protestas estudiantiles de finales de los ochenta, aquellas que hicieron famoso al Cojo Manteca, Gómez, que con nueve años huyó de casa y de su padre, ha pasado más de dos décadas tras las rejas. Media vida. "No por delitos de sangre ni terrorismo, sino por delitos comunes", explica. Trapicheo, atentado contra la autoridad o algunos robos "para sobrevivir".

Apasionado de la artesanía, Pope salió de la cárcel sin el dedo meñique, que le fue amputado junto a una parte de la mano. El terrible desenlace no fue consecuencia de la enfermedad degenerativa que padecía, sino que se debió a los múltiples retrasos a la hora de someterle a una intervención quirúrgica que lo hubiera evitado. De hecho, así lo sentenció la Audiencia Nacional en enero de 2020, cuando condenó a Instituciones Penitenciarias a indemnizar con 10.000 euros al hombre: "Los medios sanitarios para paliar la referida enfermedad sufrieron un notorio retraso, por lo que su efectividad quedó enervada por la demora en su aplicación".

Una década después de que Pope volase, al fin, libre, la sanidad penitenciaria continúa teniendo serios problemas. En las cárceles, al igual que ocurre en los centros de salud y hospitales de todo el país, faltan médicos. Y así se plasma en numerosos informes elaborados por los propios centros penitenciarios. "De un tiempo a esta parte se ha venido produciendo una falta paulatina de profesionales médicos", expone, por ejemplo, la directora del Centro Penitenciario de Algeciras para justificar la contratación de una empresa privada que se haga cargo de la asistencia y atención médica de urgencias de los internos.

Solo dos de diez efectivos

La licitación, publicada la pasada semana en la Plataforma de la Contratación, tiene un presupuesto base de 59.700 euros. Y permite hacerse una idea del estado en el que se encuentra la prisión gaditana. "La relación de puestos de trabajo consta de nueve efectivos, pero estando solo tres plazas cubiertas", explica el pliego de prescripciones técnicas. E insiste: "Mediante la contratación de asistencia sanitaria externa se pretende paliar la falta paulatina de profesionales médicos en los centros penitenciarios, situación agravada por la epidemia de covid-19 que ha empeorado la situación ya de por sí precaria".

No se trata de un problema puntual. Es un agujero del sistema que el Ministerio del Interior va parcheando a través de la privada. En el último año se han formalizado, por ejemplo, contratos similares de asistencia sanitaria para las cárceles de Alicante, Málaga o Valdemoro –en esta última, solo dos de los diez puestos estaban cubiertos, si bien en ambos casos los profesionales se encuentran de baja–. También se ha buscado externalizar dicha asistencia en el Centro Penitenciario Puerto de Santa María III, donde sólo disponían de tres de ocho efectivos. Aunque en este caso la adjudicación quedó finalmente desierta.

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Pese a esta realidad, desde Instituciones Penitenciarias se esfuerzan por dejar claro que los más de 60.000 presos y presas "tienen garantizada la atención sanitaria". Incluso en las situaciones más "complejas", cuando son "derivados a los hospitales de referencia". Y recuerdan que la oferta de empleo público para facultativos de Sanidad Penitenciaria es "constante". El problema, sin embargo, es que muy pocos apuestan por dicha oposición. "Es de las pocas en la que se presenta menos gente que plazas se ofertan", explica en conversación con este diario José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. En alguna convocatoria, han llegado a quedar desiertas hasta un 91% de las plazas.

Una ley que incumplen las comunidades

La clave está, según Antón, en las condiciones de trabajo. "¿Quién va a ir a la cárcel para ganar menos dinero?", asevera. De media, en los centros penitenciarios los médicos pueden estar ganando 1.000 euros menos al mes que en los de salud. Una desigualdad que se debe, fundamentalmente, a la diferencia de pagadores. En el primer caso los facultativos dependen de la Administración General del Estado. En el segundo, de las propias comunidades autónomas. La Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003 dio a las regiones 18 meses para asumir las competencias de sanidad penitenciaria. Veintidós años después, sin embargo, solo Euskadi, Cataluña y Navarra lo han hecho.

"Si lo hiciesen, ¿habría problemas para contratar? Pues seguramente sí, nadie tiene ahora superávit de médicos. Pero al menos estarían todos jugando en las mismas condiciones", asevera Antón, quien insiste en que fuera de esos tres territorios la sanidad penitenciaria es, en estos momentos, "un calvario". Mientras tanto, una lona blanca atada frente al Congreso de los Diputados recuerda, al igual que Pope, que "el abandono médico es tortura". Sea en la calle o tras los barrotes, donde en la última década han fallecido, según los datos de Instituciones Penitenciarias, 1.749 reclusos.