Un juez de Montoro abre paso a un periplo judicial que durará años para las víctimas de Adamuz

El juez que ocupa la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ya ha abierto diligencias penales por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz. Su titular es el encargado del levantamiento de los cadáveres de las 42 víctimas mortales del segundo peor siniestro ferroviario en lo que va de siglo en España después del de Angrois en julio de 2013. A su despacho habían llegado ya el pasado lunes 23 autopsias desde el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde trabajan a destajo médicos forenses no solo de esa capital, sino también de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga para identificar a los fallecidos en colaboración con la Guardia Civil y bajo la autoridad del instructor.

Como en el caso de Angrois, en el que fallecieron 79 personas y 145 resultaron heridas, o del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, estos primeros trámites representan solo el principio de un largo periplo judicial. Hace ya casi 13 años del accidente de tren ocurrido en las inmediaciones de Santiago de Compostela y 17 del siniestro aéreo de Barajas, que produjo 154 muertes y 18 heridos graves, y las víctimas no han dejado todavía de pleitear, lo que alarga el sufrimiento de los familiares de los fallecidos y de los supervivientes. Se trata de procesos que, pese a iniciarse en la jurisdicción penal suelen tener derivadas posteriores en la civil, donde se dilucida lo relativo a las compañías de seguros. A veces, incluso llegan a lo contencioso-administrativo, como ocurrió con el accidente que tuvo lugar en la capital gallega.

Los expertos coinciden en que, desde el punto de vista de los perjudicados, lo mejor que puede pasar es que la causa se centre en un juez instructor y discurra por la jurisdicción penal, que además de sancionar a los responsables, establece las indemnizaciones. El del tribunal de Montoro seguirá adelante en caso de que el Ministerio Fiscal o cualquiera de las víctimas presente una denuncia o querella que señale a los supuestos responsables de la negligencia, si los hay. En caso de que la investigación prospere, se centrará fundamentalmente en los informes de los técnicos –en los accidentes de tren, el de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF); en los aéreos, los de aviación (CIAIAC)–, además de los peritajes que puedan proponer el propio instructor o las partes.

La levedad de las penas –se trata de homicidios por negligencia– determina que la competencia para juzgar el caso corresponda a los juzgados de lo penal (en el caso de Adamuz, tocaría a uno de Córdoba). Será el titular de este último quien, tras la vista, decidirá la responsabilidad penal de los posibles señalados (el piloto, maquinista, servicios técnicos, responsables de seguridad...) así como las indemnizaciones que tengan que pagar las empresas implicadas y subsidiariamente sus aseguradoras. Este es el esquema del proceso del accidente ferroviario de Angrois. El Juzgado de lo Penal de Santiago condenó a dos años y medio de cárcel al maquinista del tren (que lo conducía al doble de la velocidad permitida en ese tramo) y al responsable de Seguridad de ADIF (por no haber dispuesto sobre la vía los medios tecnológicos que hubieran evitado el despiste del conductor). La sentencia, que está recurrida ante la Audiencia de A Coruña, también estableció las indemnizaciones a pagar a las víctimas tanto por parte de Renfe (la empresa del maquinista) como por Adif (la del responsable de la seguridad de las vías).

Cuando la causa se complica

Los trámites se complican cuando la investigación penal no arroja ningún resultado. Fue lo que ocurrió con el caso del accidente de Spanair. El titular del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid investigó durante cuatro años a los dos mecánicos que despacharon el avión para el despegue después de que los pilotos se apercibieran de que una sonda del aparato no funcionaba. Pero en 2012, la Audiencia de Madrid archivó definitivamente el caso exculpando a ambos técnicos. La responsabilidad, según el tribunal provincial, fue exclusivamente de los pilotos, que se olvidaron de configurar correctamente la aeronave para iniciar el vuelo al no desplegar los flaps y los slats, los alerones que debían ayudarla a elevarse. Los dos murieron en el siniestro aéreo.

Cerrada la vía penal, los damnificados se vieron abocados a llegar a acuerdos con la aseguradora de Spanair (Mapfre) o pleitear por lo civil para obtener sus indemnizaciones. Los que no pactaron con esas compañías se embarcaron en procesos civiles que se dilataron más de una década. El último pleito de este tipo resuelto por el Tribunal Supremo data de junio de 2023, 15 años después del siniestro. Las indemnizaciones obtenidas judicialmente –por la vía civil o la penal– se suman a las que corresponden a cada víctima por el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) que cubre a cualquier persona con un título de transporte válido en su poder y cuya indemnización por fallecimiento asciende a 72.121 euros, informa Efe.

Además de por su extraordinaria duración, estos largos procesos suelen generar insatisfacciones y decepciones en las víctimas al ver cómo la justicia no siempre castiga a los que consideran culpables. En el caso de Spanair, los denunciantes todavía se quejan de que el Ministerio de Fomento, AENA o la CIAIAC (la comisión de expertos encargada de investigar lo ocurrido) no fueran declarados responsables. Las víctimas del accidente ferroviario de Angrois tuvieron que enfrentarse a dos archivos del juez instructor de la causa contra técnicos de ADIF que la Audiencia de A Coruña ordenó revocar. Al final, consiguieron la condena gracias a la Agencia Ferroviaria Europea, cuyo jefe de seguridad afirmó en el juzgado que la Administración podía haber evitado "sin grandes esfuerzos" la tragedia. El pasado diciembre, la Audiencia de A Coruña deliberó los 108 recursos de apelación presentados contra esa primera sentencia. Todavía no se conoce la nueva resolución.

Causas penales, civiles... Incluso contencioso-administrativas. La batalla de las víctimas del accidente ferroviario de Santiago no ha conseguido, hasta el momento, otro de sus objetivos: lograr que lo investigue una comisión verdaderamente independiente del Gobierno –Bruselas mantiene que la CIAF no lo es–. Para ello presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La causa acabó en el Supremo, que desestimó el recurso de la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 en diciembre de 2023 al considerar que la comisión sí era independiente de acuerdo a los parámetros que impone el derecho europeo. Sin embargo, los afectados del mayor accidente ferroviario del siglo en España, el precedente del que se produjo el pasado domingo en Adamuz, han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo. Su lucha, 13 años después, continúa.