La pobreza afecta al 20% de la población de la UE pero los Estados no invierten lo suficiente para erradicarla
Casi una quinta parte de la población de Bélgica está en riesgo de pobreza. Son 1,9 millones de personas las que sufren ese grave problema y el de la exclusión social aparejada, en parte porque un 10% de los belgas perciben unos ingresos inferiores al nivel de pobreza, situado en 18.780 euros por año. Se trata de familias donde atender necesidades básicas como el pago de las facturas energéticas, de agua y comida, reemplazar el mobiliario de sus hogares o realizar viajes regulares se convierte en una recurrente cuesta de enero.
El reciente informe European Consumer Payment sobre los hábitos financieros de los belgas explica que en 2025 ocho de cada diez ciudadanos pagaron a tiempo sus facturas, el nivel más alto desde 2019. Pero el documento elaborado por la sociedad financiera Intrum también advierte de la creciente preocupación por la evolución de la economía, de que un tercio de la población posterga importantes decisiones de gasto y de que los planes de austeridad desarrollados por el Gobierno federal amenazarían aún más estas perspectivas familiares.
Bélgica, pese a estas cifras, es uno de los países con menores índices de pobreza de la Unión Europea, con caídas sostenidas durante los últimos seis años, en parte gracias a aplicar medidas como el aumento del salario mínimo o las ayudas energéticas durante la crisis del precio del gas y la luz, desarrolladas por el anterior Gobierno federal, de Alexander De Croo. Sin embargo, este progreso se ve amenazado por el actual Ejecutivo de Bart De Wever, liderado por una formación de ultraderecha, que en el último año viene aplicando recortes presupuestarios.
Esta semana las calles de Bruselas han vivido nuevas manifestaciones de miles de personas contra los ajustes aplicados en el sector educativo. Sindicatos de profesorado, asociaciones de madres y padres y movimientos estudiantiles rechazan el aumento de las horas de trabajo de los docentes, la reducción de las partidas para la gratuidad escolar o el aumento de las tasas en la educación superior. Fue la tercera jornada de una serie de protestas que culminará en una manifestación nacional a mediados de marzo. En paralelo a estos recortes en la educación, la menor revalorización de los salarios o el endurecimiento en el acceso a la pensión mínima son otras medidas criticadas por los sindicatos belgas FGTB (Federación General del Trabajo de Bélgica, por sus siglas en francés), CSC (Confederación de Sindicatos Cristianos, por sus siglas en francés) y CGSLB (Confederación General de Sindicatos Liberales de Bélgica, por sus siglas en francés) como factores de riesgo para un empobrecimiento de la población.
Las demandas de las tres grandes plataformas sindicales del país coinciden con la propuesta recién aprobada por el Parlamento Europeo para que la UE desarrolle una nueva Estrategia contra la Pobreza y que declara este problema como “una violación de la dignidad humana” y pide a la Comisión y a los Gobiernos de los 27 “trabajar urgentemente para erradicar la pobreza como muy tarde en 2035”.
Los datos de la Comisión Europea muestran que en toda la UE hay cerca de 93 millones de personas que viven en la pobreza o están en riesgo de caer en esa situación o en exclusión social, es decir, aproximadamente el 20,8% de la población, y de ellos, veinte millones son niños y niñas. Esta última cifra supone que una cuarta parte de la infancia en los 27 está afectada por la pobreza. El Pilar de los Derechos Sociales de Bruselas comprometió en el 2021 a que la UE redujese en quince millones las personas en riesgo de pobreza para el 2030, un objetivo que no se está cumpliendo.
Las prioridades de los Estados miembros en el gasto público están en el origen de este desfase entre realidad y voluntad. Un reciente análisis del think tank Friedrich Ebert Stiftung sobre los recortes del Gobierno rumano en su sistema educativo detalla que en el año lectivo 2025-2026 se han reducido las becas para miles de estudiantes, se han fusionado 500 escuelas, se ha incrementado el tamaño de las aulas y se ha endurecido el acceso al transporte escolar gratuito. Como resultado, según la fundación política más antigua de Alemania, 345.000 estudiantes perdieron sus becas en los dos primeros meses del curso, cerca de 440.000 niños se han visto completamente fuera del sistema educativo y Rumanía tiene la tasa de abandono escolar más alta de la UE, del 16,8% frente a la media del 9,4%. “Se están repitiendo errores de la pasada década en una política que golpea a los niños más vulnerables... los niños pobres y aquellos que no destacan ya no son una prioridad”, denuncia el Friedrich Ebert Stiftung.
Recursos europeos contra la pobreza
El texto de la Eurocámara en favor de una estrategia común, aprobado por una amplia mayoría de los legisladores, es “también una llamada en favor de recursos presupuestarios adecuados para las medidas antipobreza en el Marco Financiero Plurianual de la UE y de una coordinación apropiada entre la UE y los Estados miembros”.
El Parlamento Europeo demanda mejor apoyo de Bruselas a los países para implementar la Garantía Infantil Europea, el programa comunitario que cofinancia inversiones a nivel local y regional con el objetivo de garantizar a la infancia acceso a la sanidad gratuita, educación, cuidados infantiles o nutrición. Los eurodiputados exigen al menos 20.000 millones de euros en el presupuesto de la Unión para ese programa y que los Estados miembros aporten el 5% de las partidas del Fondo Social Europeo a proyectos específicos que combatan la pobreza infantil.
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El reto que afrontan la Comisión y los Estados miembros es incrementar las inversiones públicas en políticas que garanticen precisamente el acceso universal a la vivienda, comida y agua, atención sanitaria, energía y transporte como forma de reducir la pobreza en el continente. Según el texto del Parlamento, “esto podría ayudar a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y potenciar la inclusión social y laboral”.
El ponente de la resolución fue el portugués João Oliveira, para quien “la estrategia antipobreza debe ser ambiciosa” y “afrontar las causas estructurales de la pobreza, promover una distribución más justa de la riqueza, mejorar las condiciones de trabajo, asegurar una inversión robusta de los servicios públicos y garantizar el acceso a una vivienda justa para todos”. El diputado del grupo de La Izquierda apuesta por “una activa participación de la gente que ha experimentado la pobreza en el diseño de estas políticas” y cree que “un presupuesto adecuado es esencial para alcanzar” la erradicación de la pobreza en la UE.
Antes del verano la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a lanzar la Estrategia Europea contra la Pobreza, ahora con deberes claros de inversión pública tanto en el presupuesto comunitario como para los Estados miembros. Von der Leyen prometió ante la Eurocámara que en 2050 esa lacra ya no existiría en toda la Unión, un objetivo cada vez más lejano.
