Huelga de alquileres: una medida de presión que defienden los sindicatos, pero de difícil encaje legal
La tensión en el mercado inmobiliario sigue subiendo a medida que los precios continúan con su escalada. La brecha entre la rentabilidad de quienes pueden explotar activos inmobiliarios y quienes buscan un piso para vivir se sigue ensanchando y se muestra en protestas, manifestaciones o luchas contra procedimientos de desahucio. Este martes, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas anunció una campaña para promover una huelga de alquileres a la empresa Alquiler Seguro y solo un día después, el Ministerio de Consumo confirmaba una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa tras desestimar un recurso de alzada presentado por la inmobiliaria. La iniciativa trata de forzar a la empresa a negociar con los inquilinos, que llevan tiempo denunciando abusos, pero su encaje legal es complicado, ya que la huelga solo está reconocida como derecho laboral.
“No podemos esperar más. Estamos hartas de los honorarios ilegales, de la imposición de seguros y de la contratación de suministros con empresas del mismo grupo. Hartas de decenas de abusos como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda”, señalan los afectados en una nota de prensa. Se quejan, además, de que el juicio tras la demanda impuesta por el sindicato se ha fechado para dentro de dos años.
Una de las inquilinas que va a respaldar la huelga explica a infoLibre que todas las vías para tratar de hablar con la empresa se les han cerrado y protesta por la impunidad con la que sigue "abusando" de su posición de poder. Cuenta que, tras un tiempo buscando piso sin éxito, encontraron una oferta de Alquiler Seguro a través de un conocido y la necesidad de tener un techo les hizo aceptar todas las exigencias: “Pagamos un servicio de atención al inquilino que, según ellos, era obligatorio; contratamos un seguro de vida con una de sus empresas, aunque ya teníamos uno, y otro seguro más de impago”, cuenta la afectada, que prefiere permanecer en el anonimato. Cuando hicieron notar a la empresa que muchas de aquellas condiciones eran ilegales, no recibieron respuesta, asegura.
Alquiler Seguro tiene varios frentes abiertos: por un lado, una investigación que lleva a cabo el Ministerio de Consumo por prácticas ilegales y que le ha valido una multa de 3,6 millones. Por otro, el Sindicato de Inquilinas de Madrid le ha interpuesto una demanda cuya primera vista está fechada para febrero de 2028. La sanción de la Administración ya solo se podría recurrir por vía judicial, tras agotar este miércoles las opciones para resolverla por vía administrativa. La empresa ya anunció este jueves que recurriría la multa por medio de un contencioso porque "todos sus servicios son legales" y que también solicitará medidas cautelares.
Plantear una huelga de alquileres no es algo nuevo, pero tampoco es un trámite sencillo porque la ley no reconoce explícitamente el derecho a una huelga de este tipo como puede ocurrir en el ámbito laboral. La primera experiencia que se conoce en España ocurrió en Cataluña en 1931. Entonces, 90.000 familias barcelonesas dejaron de pagar los alquileres cuando, en plena ola migratoria hacia la ciudad condal, los trabajadores no podían hacer frente a unas rentas inmobiliarias crecientes y se plantaron. La huelga se zanjó un año después con un pacto entre propietarios e inquilinos, pero tras una larga represión. La última es la que los 71 inquilinos de La Caixa plantearon en Cataluña en 2024, reteniendo 257.631 euros en rentas de alquiler durante casi un año para tratar de forzar la renovación de sus contratos, que la entidad pretendía rescindir.
“El plan original de la Fundación La Caixa era tan simple como agresivo: dejar expirar el periodo de alquiler protegido para expulsar a miles de familias y vender al mejor postor”, explica en una nota el Sindicat de Llogateres. Al final, la protesta social terminó por movilizar al Govern, que adquirió las 170 casas para el parque público por un valor de 15 millones de euros, a las que luego se irían sumando más. Actualmente, el proceso sigue judicializado por las demandas cruzadas entre los inquilinos y la entidad bancaria, pero para los sindicatos es una victoria, ya que los afectados tienen ahora como casero a la Administración Pública.
En primer lugar, lo que se hace es notificar a la empresa de que se ha producido un cobro fraudulento o irregular de alquiler y demandar su resarcimiento
Retener los alquileres para romper el modelo de negocio
No son procesos fáciles, explica Aldo Reverte, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, pero responde a la necesidad de que los inquilinos ganen espacios de protección para reclamar sus derechos. "Estamos empezando una ronda de contactos para explicar la propuesta e informar bien a los inquilinos de los riesgos", apunta. Una vez en marcha, el proceso pasa por distintas fases. "En primer lugar, lo que se hace es notificar individual y colectivamente a la empresa de que se ha producido un cobro fraudulento o irregular de alquiler y demandar su resarcimiento", indica Reverte. Si no hay respuesta, se inicia una demanda colectiva y se notifica a la empresa la convocatoria de una huelga. "Aquí se inicia otro proceso de mediación y, si no llega a buen puerto, es cuando se ejecuta la huelga", concluye.
En este punto, los inquilinos no dejan de pagar, sino que depositan el dinero correspondiente en un fondo común, es decir, lo retienen para que la empresa no lo reciba. "En este punto las posibilidades son dos: que la empresa devuelva el dinero que los inquilinos consideran como cobros indebidos, o que reclame a los inquilinos las rentas no abonadas", explica el responsable sindical. Es cuando el proceso de mediación termina, cuando la empresa tiene derecho a demandar para reclamar las cuantías o a reclamar la devolución de la vivienda con una petición de desahucio por impago del alquiler. "A partir de aquí ya entran en juego las estrategias de defensa que tenga pensadas cada grupo", concluye.
Lo que dice la ley
Javier Fajardo, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Navarra, explica a infoLibre que, en términos legales, la huelga está regulada en la Constitución como un derecho de los trabajadores y tiene que ver con las relaciones entre un empleado y un empleador, pero no se contempla fuera de ese ámbito. "En este caso se le ha llamado huelga porque quizá tiene una historia y unas connotaciones adecuadas para ejercer presión social y utilizarla como bandera de movilización", apunta.
"Desde un punto de vista puramente legal, si tú eres un inquilino y no pagas, el arrendador te puede llevar a juicio para proceder al desahucio. El hecho de declarar una huelga, en este caso, no establece ningún mecanismo de amparo o de protección como ocurre en una huelga laboral", explica el profesor. Este proceso legal se regula por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y por la Ley de Enjuiciamiento Civil y se puede dar desde el impago de la primera cuota, aunque "no es algo habitual", puntualiza Fajardo, ya que se suele demandar cuando hay varios atrasos.
Una vez iniciada la senda judicial, explica, se puede tratar de llegar a un acuerdo o, de no ser así, también está la opción de enervar. Esto último permite pagar en el mismo momento los importes pendientes. "Si se toma esta última opción, la causa se archiva sin costas judiciales". En caso de seguir adelante, puntualiza, sí que habría que asumirlas.
La clave de estas iniciativas, coinciden los expertos, es ganar peso en la negociación de forma que las reclamaciones individuales tengan un respaldo. "La estrategia contra las grandes empresas de alquiler que cometen abusos día tras día sin consecuencias es reclamar de forma masiva. Si la mayoría de los inquilinos afectados por Alquiler Seguro se suman a esta huelga que está por concretarse, es la mejor forma de frenar la extracción de rentas", señala Alejandra Jacinto, abogada de CAES. Para la letrada, que lleva además algunas demandas que tiene en marcha el sindicato, la presión de grupo puede resultar más efectiva.
Las dos caras de un mercado de vivienda roto: promotoras y socimis doblan sus cifras, pero los precios no frenan
Ver más
La idea de fondo es romper con el modelo de negocio que garantiza el cobro de los alquileres: “No podrán hacer frente a la garantía de pago que ofrecen”, afirman desde los Sindicatos de Inquilinas, quienes además consideran probable "que la inmobiliaria deje de cumplir también con sus obligaciones hacia los caseros, del mismo modo que ya incumplen sistemáticamente sus responsabilidades con las inquilinas".
Por el momento, la huelga contra Alquiler Seguro está en un estadio inicial, pero su idea es sumar al mayor número posible de personas. En la nota explican que la compañía gestiona alrededor de 30.000 viviendas y su intención es elevar la iniciativa a nivel nacional. Desde la agrupación sindical señalan que el hartazgo es cada vez mayor y que la iniciativa ha partido de los propios afectados. "Son inquilinas que nos han llamado tras años de abusos. La gente está harta y quiere pasar a la acción”, señalan.
"En mi caso, he luchado un año para que me arreglasen unas humedades y al final tuve que recurrir a la dueña", explica la afectada con la que ha hablado infoLibre. "Es un abuso bochornoso, porque además hemos pagado por seguros y por asistencias que no recibimos", concluye. Si hace falta, dice, visitarán puerta a puerta para hablar con otros afectados para, a finales de junio, poder crear una asamblea de afectados.
