El auto que imputa a Zapatero dibuja una red global con ramificaciones en tres continentes

La "estructura estable de tráfico influencias" cuya dirección atribuye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tenía su centro neurálgico, presuntamente, en España y Venezuela, pero su actividad era casi global. El auto por el que se acordó el pasado martes la declaración como imputado del exlíder del PSOE, la primera de un exjefe del Ejecutivo, y el registro de su oficina y varias de las empresas de la trama –entre ellas la de sus hijas– describe que la red actuó en múltiples destinos, no solo de Europa y América Latina. También en Asia. En total son siete los países que supuestamente aparecen relacionados con el entramado societario de Análisis Relevante y su administrador, Julio Martínez Martínez, el empresario amigo y compañero de carreras de Zapatero. España, Suiza, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos y China son algunos de los escenarios a los que se refiere la resolución.

Europa: España y, tangencialmente, Suiza

España (Madrid, en concreto) es, en el dibujo que hace el juez, el centro de las actividades de la red de influencia atribuida a Zapatero. El instructor investiga si la estructura habría influido en el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de varios niveles para conseguir el rescate de la compañía aérea hispanovenezolana Plus Ultra. El inicial fue un intento de acercamiento al exministro de Transportes, actualmente en prisión y a la espera de sentencia, José Luis Ábalos. Según las conversaciones interceptadas a los directivos de la aerolínea, esos contactos –que el juez no acredita en su resolución– habrían dado como resultado un encuentro con el número dos de Ábalos en el ministerio, el entonces secretario de Estado Pedro Saura, que se celebró el 22 de julio de 2020 y al que acudieron el exvicepresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y Roberto Roselli, que informaron al principal accionista de la compañía, Rodolfo Reyes, a través del abogado hispanovenezolano y accionista de la compañía aérea Raif El Arigie. Este es el intercambio de mensajes tal y como aparece en el auto:

–Raif El Arigie: "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por 'altas' recomendaciones (...). Transportes no decide las campañas que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir las solicitudes. El papel del ministerio será únicamente 'hablar' bien de la compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado. Abrazo. Roberto&Julio".

–Rodolfo Reyes: "Sí bro. Nuestro pana zapatero detrás".

El segundo intento tiene por objeto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El contacto de Plus Ultra con Zapatero se habría producido meses antes, según el juez, que cita una conversación de Reyes, el principal accionista, del 30 de abril de 2020 en la que sostiene que el vicepresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, "habló con ZP. 11 min. Le explico todo (...) Luego cuando tú puedas le preguntas". Las gestiones con la sociedad pública dependiente de Hacienda, la que tenía que decidir sobre el rescate, se llevan directamente a través de Julio Martínez Martínez, el dueño de Análisis Relevante, y supuesto socio de Zapatero en el entramado que se investiga. A partir de agosto de 2020, directivos de Plus Ultra se dirigen al amigo del expresidente haciéndole llegar que "ellos no tienen inconveniente en pagar al que 'mueva el hilo", dice el auto.

A través de su empresa Idella Consulenza Strategica, Martínez firmó un contrato "de presentación de servicios de asesoramiento y enfoque estratégico para la presentación, seguimiento y orientación de la solicitud de ayuda [a la SEPI]" con la aerolínea el 19 de enero de 2021 por el que esta última se comprometía a satisfacerle como remuneración un 1% del importe del rescate, es decir 530.000 euros, por los servicios prestados por la red. Dos semanas después, el 6 de febrero, se produjo una conversación entre Reyes y Martínez Sola, en la que el primero asegura que el empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa se reunió con Zapatero. Se produce en estos términos, según el auto:

–Rodolfo Reyes: "Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa".

–Julio Martínez Sola: "Lo sabía. De hecho me preguntó el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilo en Plus".

El 26 de febrero, cuatro días antes de que la SEPI aprobara la ayuda y a 11 de que el Consejo de Ministros les diera el apoyo definitivo, el vicepresidente Martínez Sola comunicó a Ibrahim Issa que Plus Ultra había obtenido el rescate de 53 millones de euros, lo que para el juez es indicativo del grado de "información privilegiada" que la compañía tenía gracias a sus gestiones con la trama. El 2 de marzo, día en que la SEPI aprueba el desembolso, consta una foto de una comida en un restaurante en la que aparecen el vicepresidente de Plus Ultra, Martínez Sola, el director económico Roberto Roselli y Martínez Martínez, el socio de Zapatero. Este último comenta la imagen diciendo que "la SEPI no aprueba esos gastos", a lo que Roselli responde: "Tranquilo, sale del 1%". El juez Calama cree que ese 1% es la comisión pactada por la compañía con la red atribuida a Zapatero para pagar sus gestiones.

En Suiza, concretamente en la Rue Pierre-Fatio de Ginebra, se encuentra el domicilio social de Swissoil Trading SA. La empresa dirigida por el empresario helvético Philippe Akitian fue sancionada por Estados Unidos en 2021 por saltarse el embargo al petróleo del régimen de Maduro sacando crudo de Venezuela con destino a China. Las sanciones a la petrolera suiza se levantaron en 2023, ya con el demócrata Joe Biden en la Casa Blanca. Al igual que Plus Ultra, Swissoil también se habría servido de la trama. En concreto, la empresa sancionada por Washington habría recurrido a Martínez Martínez, el amigo del expresidente, para lograr acceso al más alto nivel del Gobierno de Venezuela gracias a la cercanía del expresidente español con la entonces vicepresidenta y ahora, tras la intervención de EE UU, presidenta encargada de Venezuela.

El juez explica en el auto que "para acceder a la operativa de compraventa de petróleo", los potenciales compradores debían dirigirse a Zapatero mediante una carta de intención (letter of interest). El suizo Apikian aparece en conversaciones entre Martínez Martínez y Domingo Amaro Chacón, empresario hispanovenezolano y hombre de paja de Inteligencia Prospectiva (otra de las empresas que pagan a Análisis Relevante, la consultora que efectuaba pagos a Zapatero, pero que carece de personal y actividad), que algunas fuentes ligan al régimen de Maduro. El empresario estaría "listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo". "La Dama", según Calama, es Delcy Rodríguez.

Asia: una 'offshore' en Dubái e intermediación con empresas de capital chino

Ocho días después de que se aprobara el rescate de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, dueño de la consultora que pagaba a Zapatero, constituyó en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), la sociedad Landside Middle East FZCO. Según el juez, esa sociedad tendría por objeto cobrar de forma opaca la comisión del 1% del rescate (530.000 euros) que el compañero de carreras del expresidente del Gobierno, a través de su sociedad Idella Consulenza Strategica, había pactado con Plus Ultra a cambio de las gestiones de la trama investigada con las autoridades españolas para lograr la financiación pública. infoLibre localizó esa empresa en el Registro Mercantil de Dubái, donde comprobó que su sede se encontraba en DAFT, la zona económica especial del aeropuerto de ese emirato que permite crear telemáticamente sociedades exentas de impuestos y cuyos beneficios se pueden repatriar. La DAFT impide, además, conocer la identidad de los titulares que tienen allí sus firmas.

El auto no muestra pruebas directas de ello, pero se basa en las conversaciones entre la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, y el asistente de las empresas de su amigo Martínez, Cristóbal Cano, para atribuir al expresidente la orden de abrir la offshore en Emiratos. Asegura que ambos comieron juntos el 26 de enero de 2021, apenas una semana después de que el amigo de Zapatero hubiera pactado la comisión del 1% del rescate, y que fue en ese encuentro (en el restaurante Portonovo de Madrid), donde Martínez recibió las instrucciones. La ayuda para hacer las gestiones la habrían recibido de Tomás Guerrero Blanco, militante socialista y director del Instituto Halal en Madrid, el organismo que certifica que la carne que compran los musulmanes procede de animales sacrificados conforme al rito islámico.

Entre las empresas que presumiblemente pagaron por la influencia de la red investigada también se encontrarían varias con sede en China o de capital chino, según la resolución de Calama. La que tiene un papel más relevante como cliente de la trama es la constructora Grupo Aldesa, con sede en Madrid pero adquirida en 2020 por China Railway Construction Corporation. Aldesa, según el juez Calama, habría recurrido a la organización para tratar de entrar en el megaproyecto del casino Hard Rock, proyectado en Tarragona y objeto de una gran polémica en Cataluña. Sus directivos habrían pactado a cambio con una de las sociedades de Martínez Martínez una comisión del 3%. En ejecución de ese acuerdo, sostiene el instructor, "se documenta" una "oportunidad de negocio" el 1 de abril de 2022 "relativa al proyecto 'Hard Rock' en Tarragona por 2.000 millones de euros". La viabilidad del proyecto ha estado siempre en duda por la conflictividad social que genera en Cataluña.

Entre la documentación incautada también se ha encontrado, según el juez, una carta de intenciones (letter of intent) enviada por la sociedad China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd. a la "oficina del presidente Zapatero" el 30 de octubre de 2023. Calama recoge también conversaciones sobre otras firmas del gigante asiático, entre ellas una "que depende del Partido Comunista Chino", interesadas en adquirir petróleo en Venezuela gracias a las supuestas gestiones del expresidente español con Delcy Rodríguez. "Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", escribe el juez.

América: Delcy Rodríguez, empresas de EE UU y prestamistas panameños

Junto a España, Venezuela es el país donde la trama descrita por el juez Calama tiene más influencia. Zapatero, según el esquema que plantea la resolución judicial que lo imputa, ofrece acceso no solo al Gobierno de Sánchez sino también al de Maduro a través de Delcy Rodríguez, como se explica en el apartado anterior. El instructor de la Audiencia Nacional investiga si los 53 millones de euros del rescate aprobado por España a Plus Ultra sirvieron para blanquear fondos a altos cargos venezolanos. Entre los accionistas de Plus Ultra aparecen varios nacionales de ese país como Rodolfo Reyes, Raif El Arigie y Roberto Roselli, a su vez director financiero de la compañía. También otros empresarios que estarían bien relacionados con el régimen de Maduro, como Camilo Ibrahim Issa o los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, que actuarían como testaferros de Inteligencia Prospectiva, una sociedad sin actividad que sin embargo canalizó cientos de miles de euros al entramado que el juez relaciona con Zapatero y a sus hijas.

La ayuda prestada a la aerolínea de capital venezolano no solo se gestionó en España, a través del rescate. El juez Calama también apunta a Julio Martínez Martínez, el corredor compañero de Zapatero, como solucionador de los problemas operativos de Plus Ultra en Venezuela. El tráfico de influencias que el instructor imputa al expresidente español se justifica también por las gestiones de su amigo con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela. Martínez Martínez intermedió con su máximo responsable, el mayor general Manuel Teixeira Díaz, para conseguir la aprobación de vuelos de la compañía por sus incumplimientos económicos con las autoridades de Caracas. El juez señala también a Zapatero por un mensaje a su amigo de una persona registrada en su teléfono como "Z" tras intervenir este último en la autorización de unos vuelos gracias a su interlocución con el militar venezolano. "En tiempo y forma. Exitosa gestión", decía el texto.

Entre los potenciales clientes de la estructura que el juez atribuye al expresidente español también se encontrarían, según el auto, que no detalla las denominaciones, sociedades radicadas en Estados Unidos con intereses en Venezuela relacionadas con la actividad de Softgestor, otra de las sociedades que transferían fondos a la trama. El el auto aparece también una firma de valores radicada en Panamá, Panacorp, aunque no figura como cliente de la red sino como la firma que habría auxiliado a Plus Ultra a maquillar sus cuentas para presentarse como una empresa lo suficientemente saneada para acceder al rescate en España. Panacorp, controlada por personas cercanas a los accionistas de la aerolínea le concedió un préstamo participativo que obligaba a inmovilizar fondos en el paraíso fiscal de Dominica, en el Caribe.