La violencia contra activistas y las infiltraciones en colectivos reabren el debate sobre la represión policial

Una mujer camina con los brazos cruzados, camiseta verde y pantalones vaqueros. No va acompañada, su ritmo es pausado y parece observar con calma a quienes como ella han salido a la calle para defender la educación pública. En ese momento, un policía se abalanza sobre ella, empujándola por la espalda y tirándola al suelo. Las imágenes sobre lo acontecido acreditan que la docente no suponía ninguna amenaza, nadie a su alrededor estaba en riesgo y no existía un contexto de tensión. Pese a ello, el agente no duda en aferrarse a la porra y cargar contra ella.

La delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, tachó la escena de "inaceptable" a través de un mensaje en redes sociales. "Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades", añadió el mismo domingo. La Unión Federal de Policía (UFP) se apresuró a reaccionar: "Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación". No fue la única organización policial que ha respaldado públicamente al agente. Este mismo lunes, la Policía Nacional inició el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente.

La actuación policial, calificada de desproporcionada de forma casi unánime, ocurre una semana después de que la Ertzaintza cargara en el aeropuerto de Loiu contra los activistas de la Flotilla Global Sumud de solidaridad con Palestina. El grupo de activistas aterrizaba después de haber sido interceptado por las fuerzas israelíes y tras haber denunciado episodios de tortura por tratar de defender los derechos de los palestinos. 

Los voluntarios de la Flotilla recibieron golpes por parte de los agentes, algunos fueron expulsados a rastras y retenidos contra el suelo a la fuerza. La operación se saldó con varias personas heridas y cuatro detenciones. Aunque el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, habló en un primer momento de provocaciones por parte de los activistas, enseguida se comprometió a "aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar". El Ararteko, defensor del pueblo en Euskadi, abrió un expediente de oficio y centenares de personas se echaron a las calles para denunciar los abusos policiales y las conexiones entre la policía autonómica e Israel.

En este último punto se detuvo también Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados. En redes sociales, pidió que los responsables "rindan cuentas" y compartió un artículo sobre los vínculos entre la policía vasca e Israel: "Se trata de los mismos policías que han recibido contratos de seguridad israelíes por valor de 1,6 millones de euros, entrenados por antiguos agentes del Mossad y equipados con tecnología de vigilancia israelí", escribe el periodista Ahmed Eldin.

Criminalización de la protesta

Ya en el año 2007, Amnistía Internacional advertía del uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En su informe Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos la organización hablaba entonces de los obstáculos para denunciar actuaciones policiales desproporcionadas, investigaciones deficientes y sanciones irrisorias. Amnistía señalaba ya en aquel momento que no se trataba de hechos aislados atribuibles a algunos agentes particulares, sino de un problema estructural.  

Con el paso de los años no han sido pocas las organizaciones que han mantenido fija la mirada en el uso de la violencia policial contra los movimientos sociales y en la criminalización progresiva del derecho a la protesta, con la conocida como ley mordaza como principal instrumento represivo. 

El informe Diagnóstico del derecho a la protesta, publicado anualmente por la organización Defiende a quien Defiende, advierte en su última edición que el año pasado se documentaron "diversas tendencias en lo que respecta al uso de la fuerza y del material antidisturbios por parte de los cuerpos policiales que dibujan un cambio de paradigma en la manera de reprimir la protesta". 

Entre las más preocupantes, los autores destacan casos de malas prácticas "en el uso del bastón policial", no solo a través de "golpes de arriba hacia abajo y el impacto en zonas vitales del cuerpo, sino que el número de fracturas óseas se ha duplicado". En gran medida, sostienen, "esta violencia policial se ha documentado en protestas propalestinas en distintos puntos del Estado".

El análisis también se detiene en el uso de material especialmente nocivo como las balas de goma para reprimir protestas, entre las que el año pasado destacaron la huelga del metal en Cádiz o las acciones de boicot contra la Vuelta Ciclista en Madrid. "Cabe resaltar la dimensión cualitativa del empleo de este material, aun cuando su utilización pueda considerarse excepcional, ya que se ha demostrado que puede causar lesiones de especial gravedad, incluidas mutilaciones e incluso la muerte". Pero, además, en el marco de todos los casos identificados de personas heridas con pelotas de goma, "en ninguno se ha condenado al autor material del disparo", salvo en el asesinato de Iñigo Cabacas. 

Al nombre de este último lo acompañan otros muchos grabados en la memoria de los colectivos sociales, como el de Ester Quintana, quien perdió un ojo con una bala de goma; Patricia Heras, víctima mortal del conocido como caso 4F, o Mame Mbaye, un joven migrante que murió de un ataque al corazón tras una persecución policial.

Al análisis global es preciso sumarle el caso concreto de la violencia racial, un debate enquistado en suelo español que este mismo año ha vuelto a la palestra, a raíz de la detención de Serigne Mbayé, exdiputado autonómico y secretario de Antirracismo de Podemos. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

"No son casos aislados, ni anomalías, ni errores". Habla Marco Fernández, portavoz del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. "Se trata de una cuestión estructural y sistemática" que se expresa de forma visible a través de "episodios graves de malos tratos", expone en conversación con infoLibre. El activista recuerda que el Estado español ha sido condenado más de una decena de veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar casos de tortura, "en más de la mitad con Fernando Grande-Marlaska como juez de la Audiencia Nacional", enfatiza. "Hablamos de actuaciones sistemáticas y que gozan de impunidad", porque detrás hay un "aparato que lo ampara", añade Fernández.

El activista sostiene que es sencillo refutar la tesis de que la violencia policial es excepcional, simplemente echando un ojo a la respuesta de las asociaciones al episodio registrado este domingo en València. "No solo justifican la agresión, sino que lo hacen incluso cuando existe un vídeo. Qué ocurrirá cuando no hay una cámara delante", desliza.

Infiltraciones policiales

A los casos de violencia explícita se añade otra herramienta represiva que se ha multiplicado de un tiempo a esta parte: las infiltraciones policiales en movimientos sociales. Son al menos trece en los últimos cuatro años. Se trata de agentes infiltrados en movimientos como las protestas por Palestina, las plataformas por la vivienda o las organizaciones independentistas.

Tres de esos agentes estuvieron infiltrados en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. "Es una forma más de represión, violencia política, control y acoso policial contra todo aquello que se escapa de sus márgenes", asiente Fernández. El activista recuerda que las infiltraciones no son un fenómeno novedoso, sino una práctica de largo recorrido para el control de las disidencias y los movimientos sociales. 

Coincide Paloma Linares. Ella pertenece a la organización Madres contra la Represión, donde otra agente de policía estuvo infiltrada durante años. "Era una persona muy conocida que llevaba participando en movimientos sociales desde hacía décadas", comparte al otro lado del teléfono. "Ni remotamente podríamos sospecharlo, era una compañera muy querida". 

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Linares se pregunta los motivos por los que su organización pudo poner en alerta a las autoridades: "¿Qué actividad hacemos nosotras que sea ni remotamente peligrosa?", plantea. "Si nosotras hemos tenido a una persona infiltrada, cuántas más habrá". 

Esta "forma de represión" avalada por las instituciones no solo vulnera "los derechos fundamentales" de la sociedad organizada, sino que además lanza un mensaje aleccionador al resto de la población: "La gente tiene miedo, así que el resultado es que se desactiva la calle y la protesta", lamenta la activista. 

También Linares se revuelve contra la teoría de las manzanas podridas. "La violencia y la represión empeoraron con la ley mordaza y nunca desapareció", pero además se suma a la "violencia judicial" que ha recaído directamente sobre los hombros de activistas y sindicalistas, como ocurrió, cita, con Las seis de la Suiza, Los seis de Zaragoza o Los 16 de Berango. El problema, diagnostica Linares, es que "en este país no ha habido una depuración de las fuerzas policiales ni del poder judicial, no ha habido una purga de la herencia franquista".