Gallardo y David Sánchez niegan haber influido en la creación de su puesto en la Oficina de Artes Escénicas

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo han negado este jueves cualquier intervención en la creación o adjudicación de los puestos de trabajo que están siendo investigados en el juicio que se celebra en la Audiencia de Badajoz por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Ambos han comparecido en una nueva sesión de la vista oral en la que las acusaciones sostienen que la plaza ocupada por David Sánchez y la posteriormente creada para Luis Carrero, amigo personal suyo, fueron diseñadas de forma irregular.

David Sánchez, que únicamente respondió a las preguntas de su abogado, Emilio Cortés, rechazó haber influido tanto en la creación de su puesto de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales como en la posterior contratación de Carrero como jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas.

Durante una declaración que se prolongó durante unos diez minutos, aseguró que tampoco solicitó el cambio de denominación de su cargo, que pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según explicó, la modificación respondió al aumento de proyectos musicales y culturales que gestionaba y no supuso ninguna variación salarial.

Sánchez describió la Oficina de Artes Escénicas como una estructura de coordinación entre los conservatorios provinciales y el programa Ópera Joven, destinada a conectar alumnado, profesorado, agrupaciones instrumentales y actividades culturales. También afirmó que no disponía de un despacho estable y negó haber solicitado la retirada de su régimen de incompatibilidades.

Respecto a Luis Carrero, reconoció la amistad que les une desde hace años, pero insistió en que no participó ni en la creación ni en la adjudicación del puesto que este ocupó en la Diputación. Según relató, se limitó a comunicarle que había escuchado que Cultura iba a incorporar un refuerzo de personal "por si le interesaba". Además, sostuvo que Carrero no podía sustituirle en sus funciones porque estas requerían una formación musical especializada que su amigo no poseía.

Tras la declaración de Sánchez compareció Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz cuando se creó la plaza investigada. Gallardo negó "con rotundidad" cualquier irregularidad en el proceso y aseguró que nunca intervino en la elección de la persona que debía ocupar el puesto.

El dirigente socialista explicó que la creación de la plaza se planteó durante la preparación de los presupuestos de 2017 como respuesta a una necesidad detectada por el Área de Cultura para coordinar la actividad de los conservatorios provinciales. Según afirmó, en aquel momento no pensó "absolutamente" en ninguna persona concreta para desempeñar esa responsabilidad.

Gallardo sostuvo además que en octubre de 2016 no mantenía una relación fluida con Pedro Sánchez ni era consciente siquiera de que tuviera hermanos, por lo que rechazó haber obtenido algún beneficio político derivado de la contratación de David Sánchez.

Durante su declaración defendió que la finalidad del puesto era coordinar la intensa actividad generada por los alumnos de los conservatorios y facilitar que sus actuaciones llegaran al conjunto de la provincia. También negó haber participado en el cambio de denominación de la plaza acordado en 2022, al considerar que se trató de una cuestión técnica sin repercusión económica.

El expresidente provincial justificó igualmente que el puesto tuviera carácter directivo y no funcionarial, argumentando que ello permitiría amortizar la plaza con mayor facilidad si la Diputación dejara de asumir en el futuro esas competencias.

Gallardo rechazó además haber presionado al área de Recursos Humanos para acelerar la convocatoria de la plaza y atribuyó las críticas sobre los plazos de creación y adjudicación a un desconocimiento del funcionamiento de la administración pública.

La sesión se celebró después de que ambos fueran señalados por las acusaciones por presuntas irregularidades en la creación y provisión de los puestos investigados. Las acusaciones piden para David Sánchez tres años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, después de que el tribunal retirara uno de los delitos de los que lo acusaban. Año y medio solicitan para Miguel Ángel Gallardo que ya no será juzgado por su presunta implicación en las supuestas irregularidades en la contratación en la diputación de Badajoz de un amigo del hermano del presidente.