Zapatero niega haber influido en el rescate de Plus Ultra y defiende su inocencia: “No tengo nada fuera de España”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional como investigado en el marco del llamado ‘caso Plus Ultra’. Durante su comparecencia, que se ha prolongado durante unas tres horas, el exlíder del Ejecutivo se ha desvinculado del rescate de Plus Ultra, ha negado categóricamente haber tenido sociedades fuera de España y no se ha pronunciado sobre las joyas intervenidas en una caja fuerte en su oficina profesional. En un comunicado emitido tras su declaración, Zapatero ha defendido su inocencia y ha dicho que ha presentado una “autorización universal voluntaria” para que pueda constatarse la “inexistencia” de “sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo” con titularidad directa o indirecta: “No tengo absolutamente nada fuera de España”.

Formalmente, Zapatero está investigado por cuatro delitos —tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contrabando—, si bien sobrevuelan en la causa otros posibles tipos penales. El instructor del caso, el magistrado José Luis Calama, sitúa al expresidente del Gobierno en el “vértice” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias a cambio de pagos. Apoyándose, fundamentalmente, en comunicaciones intervenidas a terceras personas, señala a Zapatero como la persona que ejercía “el liderazgo estratégico” y mantenía “los contactos institucionales y empresariales de alto nivel”. 

El expresidente solo ha respondido a las preguntas del instructor y de su abogado, el reputado procesalista Víctor Moreno Catena. Zapatero ha negado categóricamente haber influido en el rescate de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esa es, precisamente, una de las supuestas vías de influencia en las que pone el foco Calama en su auto de imputación. Y lo hace en base, entre otras cosas, a las comunicaciones que el Homeland Security Investigation de Estados Unidos intervino al empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de Plus Ultra. “Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad”, reza uno de esos mensajes que la defensa pretende anular.

Zapatero, según fuentes jurídicas, ha negado haber tenido contacto alguno con directivos de la aerolínea. Ha dicho que conoció al actual presidente, Julio Martínez Sola, en 2024. Es decir, tres años después de que el Gobierno concediera la ayuda a la aerolínea. Del mismo modo, ha negado haber mantenido contacto con ningún funcionario sobre este asunto –de hecho, el auto de imputación tampoco identifica a quién pudo haber influido–. Y se ha desvinculado del contrato entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, que forma parte de la estructura societaria administrada por su amigo Julio Martínez Martínez. Un acuerdo que recogía una comisión del 1% más IVA de la ayuda aprobada, esto es, 530.000 euros.

Tal y como reveló en exclusiva infoLibre, el 17 de marzo de 2021, ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara finalmente el rescate, se registró en Dubái Landside Middle East FZCO, una sociedad que estaría controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica. El juez sostiene que Zapatero dio "instrucciones" para su creación. Pero él ha negado tener ninguna sociedad fuera de España. "He presentado al tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directo o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España", ha resaltado el expresidente en un comunicado emitido tras su declaración.

Tanto los investigadores como el magistrado conectan todo con los pagos que tanto Zapatero como la empresa de sus hijas –la agencia WhaTheFav– recibieron de sociedades ligadas a la trama. Sobre todo, de la consultora Análisis Relevante, que tiene entre sus clientes a la aerolínea y que habría abonado 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a la agencia en seis años. El expresidente ha reconocido buena relación con Martínez Martínez, pero se ha desmarcado de su entramado societario. Los pagos, ha dicho, responden a encargos profesionales reales. En su caso, de asesoría. En el de sus hijas, de maquetación.

Como se esperaba, el expresidente del Gobierno no ha hecho referencia al lote de joyas que la policía encontró en su despacho oficial tras comunicarle su imputación y cuya tasación de 1,3 millones ha derivado en la apertura de una pieza separada en la que se le investiga por fraude fiscal y contrabando. Zapatero solicitó sin éxito al instructor poder declarar más adelante sobre la procedencia y la fiscalidad de esos bienes incautados, pero durante su declaración de esta mañana ha preferido no hacerlo. El juez advierte que el ex líder del PSOE no ha acreditado "su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera".

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En el comunicado emitido, Zapatero ha defendido su inocencia."Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza", ha señalado. Y ha resaltado lo "doloroso" que resulta saber que "mucha gente puede sentirse defraudada" si "cree" lo que se dice de él. "Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán", ha sentenciado.

El juez no impone cautelares

Tras la declaración, se ha celebrado una vistilla en la que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para el expresidente del Gobierno la comparecencia quincenal ante el juzgado, la retirada de su pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, una petición a la que se ha adherido la acusación popular, liderada por el PP. En el caso de Vox, Hazte Oír, Liberum y Iustitia Europa –que también forman parte de la acusación conjunta–, de forma subsidiaria, han solicitado la prisión provisional. Pero el magistrado, finalmente, ha rechazado imponer medidas cautelares –tan solo le reclama dar un número de teléfono para su localización inmediata–.

"El investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento. Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual", ha apuntado en su auto de medidas cautelares Calama, que tampoco aprecia "riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba" dado que los "elementos relevantes" ya han sido "intervenidos". "La investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar", ha sentenciado.