El cuidado de los mayores, un pilar fundamental del Estado del bienestar

Por abril de 2021 ya me interesé y escribí sobre el tema. Mi intención fue divulgar un trabajo del profesor Vicent Navarro (Público.es, de 6-4-21), así como una especie de informe-editorial y otros artículos aparecidos por aquellas fechas en infoLibre.es. Con idéntica intención insisto en ello, esta vez inspirado por el interesante artículo, Las cuidadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, escrito por Carmen G. de la Cueva y publicado en elDiario.es de 18 de enero de 2022.

Se han venido considerando pilares básicos del Estado de bienestar el acceso universal a la Sanidad y a la Educación públicas, así como el derecho  a una pensión de jubilación digna. Hoy, con la ampliación al sector de los llamados “servicios sociales”, muchos lo llaman cuarto pilar. Por su actualidad, destacaremos los servicios que afectan a las personas con dependencia, En este trabajo debemos hacer hincapié, solamente, a las escuelas (guarderías) de la primera infancia (0-3 años), destacando lo que ello supone para la independencia de la mujer y la “conciliación” del trabajo con la vida familiar. Este asunto merece todo un artículo. En el que el lector tiene delante, destacaré el “cuidado a domicilio”  (Servicio de Ayuda a Domicilio, SAD) de los mayores, espacialmente, los que viven solos.

Y lo primero que destacaré, obviando estadísticas, es la escasez de personal subalterno y el déficit de formación profesional del mismo, debido, quizá, a la precariedad laboral  y económica que padece. Tradicionalmente estos servicios se han caracterizados, por su perfil y por las instituciones que los prestaban, de filantrópicos o caritativos. Una de las cosas que la pandemia ha puesto de manifiesto al mismo tiempo son la precariedad y la necesidad de tales servicios. Y, debido a esa precariedad y necesidad, dicho sector se ha convertido en un “nicho” de empleo y beneficios, al que acuden empresas privadas cual gato al olor de las sardinas. Como ocurre en otros  sectores laborales o productivos, no tengo inconveniente alguno en aceptar la introducción en estos quehaceres de la iniciativa privada. De hecho, las ONG que a ello se dedican, siendo entidades privadas, ponen por delante del lucro el buen servicio a las personas. Pero difícilmente puede subsistir en el mediano y largo plazo un servicio profesionalizado a base de voluntariado, sin que el Estado lo financie o subvencione con la participación, si pueden, de los receptores de este servicio.

En una sociedad patriarcal y antes de que el sistema capitalista tirara de la mano de obra femenina, eran las mujeres quienes cargaban con el cuidado de los mayores en casa.

A lo que sí me opongo es a que sean empresas privadas, que, per se, procuran el beneficio antes que un óptimo servicio,  sean las concesionarias casi exclusivas de los Ayuntamientos, que, como instituciones públicas más cercanas a los recipiendarios, son los que debieran gestionan estas prestaciones. ¿Quiero decir con ello que, tanto las empresas concesionarias, como sus trabajadores, tengan el rango de funcionarios? En absoluto. Lo que deseo expresar es que, como en otros servicios públicos municipales, por ejemplo la recogida de basura o el transporte, no debe primar el beneficio empresarial por encima de las pérdidas. Para enjugarlas están los impuestos. La experiencia y la lógica demuestran que si de una asignación fija en lo presupuestado para estos menesteres hay que restar los altos sueldos de personal directivo y el reparto de beneficios entre accionistas, la deducción es bastante clara: el servicio no es óptimo, el personal que lo presta no está dignamente considerado y laboralmente mal retribuido, o ambas cosas a la vez...

En una sociedad patriarcal y antes de que el sistema capitalista tirara de la mano de obra femenina, eran las mujeres quienes cargaban con el cuidado de los mayores en casa. La necesidad de cuidados ha existido siempre. Pero en una  sociedad cada vez más individualista y envejecida, se hace más evidente esta necesidad. La Ley de la dependencia, de alguna manera empezó a profesionalizar la figura del cuidador hasta entonces ejercido por las amas de casa. No obstante, ni la  pandemia ha podido resolver satisfactoriamente este gran problema social y humano, puesto que los ayuntamientos suelen ofrecer estos trabajos a empresas licitadoras privadas, que no tienen el más mínimo escrúpulo en ofrecer estos quehaceres a migrantes, madres solteras o víctimas de algún tipo de violencia, cuya situación les obliga a aceptar este tipo de trabajo muy precario. Sueldos rozando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), contratos temporales muy reducidos, etc., etc.

 Yo mismo soy prestatario del SAD del Ayuntamiento de Madrid. Sufridor de los defectos que vengo criticando. En el poco tiempo que puedo cruzar algunas palabras con las diferentes señoras que me atienden, me dan razón más que suficiente para contestar a la pregunta que ni la madre, ni sus compañeras, de la articulista arriba citada, sabían contestar; pero que ella, como yo, sí la podemos responder: "¿Adónde va a parar todo ese dinero?" (Se refiere a los fondos que los Ayuntamientos disponen a tal fin). "La respuesta –dice la articulista- parece sencilla: a la empresa privada. Cuidar es un negocio, sobre todo, para las grandes empresas privadas como, por ejemplo, Clece que pertenece a Florentino Pérez y gestiona la ayuda a domicilio en cientos de municipios de todo el territorio nacional (ibídem)". 

 Con esos fondos, en lugar de crear empresas públicas bien controladas y formadas al efecto de una prestación óptima del servicio, muchos Ayuntamientos prefieren ceder estos servicios a empresas privadas, generalmente de “amiguetes”, que no tienen escrúpulos en contratar, a su vez, en pésimas condiciones a personas necesitadas.

Y, para no extenderme más, haré de portavoz de este grupo de profesionales, utilizando las mismas palabras con las que Carmen G. de la Cueva termina su artículo: "Sus peticiones son muy concretas: reconocimiento de enfermedades profesionales, evaluación de riesgos laborales y reducción de la edad de jubilación. Y si se priorizara la remunicipalización sobre la privatización en los ayuntamientos, no sólo se convertiría en un trabajo más justo, sino que estaríamos hablando de corresponsabilidad social" .

Manuel Vega Marín es socio de infoLibre