La legislación española sobre contratos públicos (básicamente la ley 9/2017 de contratos del sector público) ha sido puesta en cuestión por la Comisión Europea por trasposición incorrecta de tres Directivas.
En 2014, la Unión Europea (UE) aprobó tres directivas: la 2014/23/UE sobre contratos de concesión; la 2014/24/UE sobre contratación pública y la 2014/25/UE sobre contratos en sectores especiales.
España tardó tres años en trasponer dichas normas europeas (no sabemos qué presiones e intereses se pusieron en juego para retrasar la trasposición). Y cuando se hizo, con la mencionada ley 9/2017, la Comisión Europea he interpretado que la trasposición realizada no se ajusta al derecho europeo.
Como consecuencia, se ha abierto un procedimiento sancionador contra España y se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la trasposición incorrecta.
Los defectos que la Comisión Europea señala en la legislación española sobre contratos públicos no son menores: excesiva discrecionalidad de las autoridades, con los riesgos evidentes que el exceso de discrecionalidad comporta; las modificaciones contractuales no se ajustan a la legislación europea; excesiva duración de las concesiones (en particular de las autopistas) e incumplimiento de los plazos para la trasposición de las directivas y la adopción de medidas concretas.
El criterio y las medidas propuestas por la Comisión Europea son públicas y se conocen al menos desde diciembre pasado. No se conocen las medidas que el gobierno español ha tomado para corregir esta anomalía consistente en que la legislación española sobre contratos públicos no se ajusta al derecho europeo, o al menos el que suscribe no las conoce.
En su comparecencia anunciada para el 9 de julio, es una de las cuestiones importantes que el presidente del Gobierno deberá explicar. Habría que entender que dichas medidas de corrección serán apoyadas por la oposición en cuanto es un problema que afecta a la credibilidad del país en su conjunto.
La exigencia de explicaciones al Gobierno sobre la corrupción presente no exime a todos los partidos de presentar sus propias medidas para terminar con la lacra tantas veces repetida.
Contubernio público-privado
El politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca publicó el 14 de junio pasado un artículo en El País titulado Pedro yo sí te creo, en el que, en mi opinión, se introduce una inquietante teoría sobre la corrupción. Dice Sánchez-Cuenca que “el presidente (y en el contexto del artículo hay que entender que todos los presidentes de la democracia) es perfectamente consciente de que la política tiene una dimensión siniestra y que es imposible evitarla”.
Por ello y para que la parte siniestra no les salpique, los presidentes han encargado a los secretarios de Organización de los partidos la gestión de lo siniestro, para lo que el secretario de organización sería nombrado también ministro de Fomento, Obras Públicas y Transporte.
Ha habido en los dos partidos mayoritarios secretarios de Organización que no han sido ministros y casos en los que coincidiendo en una misma persona ambos nombramientos no han existido casos de corrupción conocidos.
¿En qué se concreta ese lado siniestro imposible de evitar? En primer lugar sorprende que un politólogo de la talla de Sánchez-Cuenca no se pronuncie sobre esa inevitabilidad del lado siniestro que no es otra cosa que la corrupción.
La corrupción existe porque existen y han existido entramados corruptos compuestos por corruptores y corrompidos que se han perpetuado de formas diversas porque nadie, en la parte pública, ha tenido la voluntad suficiente para terminar con ella
Sin embargo, es cierto que la corrupción existe porque a nivel estatal, autonómico y local existen y han existido entramados corruptos compuestos por corruptores y corrompidos que se han perpetuado de formas diversas porque nadie, en la parte pública, ha tenido la voluntad suficiente para terminar con ella.
Corruptores y corrompidos resultan beneficiados de esa situación. Los primeros, empresas dominantes en su ámbito, porque obtienen un cuasi monopolio compartido de las obras públicas o contratos de servicios, a cambio de pagos que seguramente se incluirán en los costes totales de la obra, en su contabilidad. Los segundos, los corrompidos, porque obtienen beneficios para sí mismos, o en su caso beneficios compartidos con el partido del que forman parte.
Acabar con ese contubernio público-privado, a todos los niveles, es el nudo gordiano al que se enfrenta Pedro Sánchez y al que se deberían enfrentar todos los políticos.
No basta con pedir a los corruptores que no corrompan como hizo Borrell en su día, sino tomar medidas de control, el poder controla al poder, que hagan imposible o al menos muy difícil la existencia de corruptores y corrompidos, o dicho de otra forma, que corromper sea más gravoso y caro que respetar los procedimientos democráticos.
Tales son las medidas que habría que esperar del presidente del Gobierno en su próxima comparecencia y que deberían contar con el apoyo de la oposición y también de las patronales si éstas dicen defender los intereses de todos sus afiliados.
En lo interno, el partido socialista (si se me permite el atrevimiento) debería impulsar una renovación y potenciación de la conciencia socialista mediante formación y concienciación pero también con medidas que alejen del partido a los oportunistas y aprovechados.
______________________________
Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.
La legislación española sobre contratos públicos (básicamente la ley 9/2017 de contratos del sector público) ha sido puesta en cuestión por la Comisión Europea por trasposición incorrecta de tres Directivas.