El laberinto burocrático hasta la renta mínima

Carmen ya lo sabía cuando llegó Beatriz para decirle que, en su situación —sin hogar, con una enfermedad que le emborrona parte de la vista y una discapacidad del 36%—, hay ayudas disponibles, ayudas que tiene derecho a pedir ante una administración, ayudas pensadas para gente como ella. Pero Carmen sabe que, para empezar, tiene que estar empadronada. Ella, que duerme en un garaje abandonado. Carmen conoce el sistema. Pero Beatriz tiene esperanzas, tiene estudios, tiene sentido de la justicia, y Beatriz está dispuesta a darse de bruces contra el muro las veces que haga falta.

Esto es lo que cuenta Silencio administrativo, una breve crónica publicada por la escritora sevillana Sara Mesa en la colección Cuadernos Anagrama. Carmen es, efectivamente, una mujer sin hogar, con una discapacidad y una enfermedad cuyo tratamiento no está claro, aunque Carmen tenga otro nombre en la vida real. Beatriz es un personaje ficticio habitado por la propia autora y por todos —su amiga Nuria, sus padres...— cuantos trataron de acompañar a Carmen en su recorrido kafkiano hasta la renta mínima de inserción, una ayuda autonómica pensada para personas pobres, en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. No es una ayuda cuantiosa: en Andalucía, donde tiene lugar el caso de Carmen, oscila entre los 419 euros para una familia unipersonal y los 779 euros de una familia de ocho personas o más (tres de ellos deben ser menores). Mesa se centra en los problemas de esta autonomía, aunque en otras, como en Madrid, se han reproducido de forma similar. 

Primero, la conclusión. Sara Mesa —o Beatriz— se acercó a Carmen, que mendigaba en una calle del centro de Sevilla, en la Navidad de hace un año. El 30 de enero, con la ayuda de varios implicados, consiguen presentar la solicitud de la renta mínima. Por la situación de urgencia de Carmen, el proceso se tendría que haber resuelto en 10 días, pero pasaron ocho meses. Aunque la resolución fuera positiva, ya era tarde: es probable que Carmen, sospecha Beatriz hacia el final de la crónica, esté mendigando para otros, que haya contraído deudas que no pueda pagar. "No es una historia con final feliz, eso sería un cuento de Disney. Evidentemente, Carmen está mal", zanja Mesa por teléfono. Ahora, la conclusión, digamos, política: "Los sistemas de renta mínima son insuficientes por un montón de razones: no hay presupuesto, nunca llegan a las familias que lo necesitan, cronifican la pobreza, hay una burocratización excesiva, llevan a la economía sumergida, el plan de inserción sociolaboral es inexistente... Es una especie de limosna que el Estado da para lavar su imagen ante la sociedad". 

El proceso

Ahora vamos con el proceso. Y es El proceso, la distopía burocrática imaginada por Franz Kafka, la obra que se cita al comienzo del libro. "La sentencia no se pronuncia de una vez, el procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia", escribía el autor. El procedimiento para que Carmen pueda acceder a la ayuda a la que supuestamente tiene derecho comienza con un escollo: tiene que llevar empadronada en Andalucía al menos un año. Carmen, claro, no está empadronada, porque no tiene domicilio. Hay excepciones en la norma, entre ellas, ser una persona sin hogar, algo que tiene que quedar "debidamente acreditado". ¿Por quién? Por los servicios sociales de su municipio. Pero para que la atiendan tiene que estar empadronada. Esta es la respuesta que ya había recibido Carmen anteriormente, incluso de organizaciones como Cáritas. Carmen no mentía. "Está claro que hay una voluntariedad de que la gente desista del proceso", protesta la escritora. "El sistema yo creo que es consciente y que funciona así para que no se lleguen a solicitar las ayudas". 

 

Y de hecho, Carmen había desistido de tratar de recibir otras subvenciones a las que también tenía derecho. "Era absolutamente frustrante, por supuesto, daban ganas de dar la toalla, y eso a ti que tienes todos los recursos a tu disposición, que puedes hacer llamadas telefónicas, que puedes mandar un fax, que puedes hacer fotocopias...". Gracias a esos recursos, que Carmen no tiene, Mesa se entera gracias a una consulta al Defensor del Pueblo de que desde 2015 deben considerarse domicilio válido para el padrón también la infraviviendas, aun en ausencia total de techo. Blandiendo esa ley ante el funcionario del padrón, y con insistencia, Carmen y Beatriz obtienen el certificado necesario. Una pequeña victoria para otra derrota: para que su solicitud sea declarada "de urgencia" necesitan un informe de los servicios sociales, que ahora sí pueden atenderla. Pero le dan cita para dos meses después. Dos meses para acreditar urgencia. 

La cantidad de bucles burocráticos con los que se encuentran es abrumadora. Sara Mesa se enciende recordando otro: "Para saber el estado de la solicitud, llamábamos a un número. Pensábamos que quizás podrían habernos solicitado más documentación y queríamos estar pendientes. Pero no llegaban a cogerlo nunca, jamás". "Nunca" significa que Mesa se podía pasar un día entero llamando cada 15 minutos, sin éxito. "Entonces me presento en la Delegación [Territorial de la Consejería de Igualdad], pero te decían que tenías que pedir cita por teléfono". En el mismo teléfono que no coge nadie. "Evitan una cosa que se ha venido a llamar las colas de la vergüenzalas colas de la vergüenza", protesta la autora. "La Delegación, en el caso de Sevilla, está en un barrio céntrico, y... no está bonito que eso se vea. Todo está pensado para invisibilizar el problema". Sara Mesa sigue hablando de solicitudes de nueva documentación que aparecen de la nada, peticiones que llegan con errores —como un certificado de ingresos en 2018 que se solicita en pleno 2018— o papeles de los que los propios funcionarios no saben ni qué son ni dónde se solicitan. 

Carmen no está sola ante el embrollo. Miles de solicitantes montan su propio foro en los comentarios de la web del Defensor del Pueblo, y esta institución recibía más de 180 quejas y 850 consultas. En julio, el propio Gobierno modificaba algunos de los requisitos fijados solo unos meses antes. La Junta de Andalucía no ofrece aún datos del programa —el año pasado, el informe sobre el ingreso mínimo de solidaridad, la ayuda a la que sustituye la renta mínima, no salió hasta abril—, pero algunos ayuntamientos ya han dado la alarma y parece que la realidad estará lejos de los 198 millones de euros de esta partida, que iban a llegar a 45.000 familias. El consistorio de La Línea, municipio gaditano en una de las zonas más deprimidas, criticaba a finales de diciembre que la administración autonómica hubiera descargado responsabilidades en los servicios sociales locales, y contaba que de 803 solicitudes se había resuelto menos del 23%, y solo el 3,86% se habían respondido de manera favorable. 

Aporofobia y renta básica

Sara Mesa supo pronto, en cuanto vio el "caos" que suponía la solicitud, que quería contar la historia de Carmen, y Silvia Sesé, editora de Anagrama, le urgió a hacerlo en los Cuadernos. "La voluntad de este libro en concreto es que tenga una intervención activa en la realidad", explica la autora. "Yo normalmente hago ficción, pero sé que cuento con un pequeño altavoz. Puedo contar algo. Y creo que no hacerlo era, no solamente desaprovechar la ocasión, sino consentir. Fue en parte una obligación cívica. Hay temas de los que no se habla, y hay que hablarlos y hay que tomar partido". La cuantía que obtendría la escritora en concepto de derechos de autor será donada a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, una de las entidades que monitoriza la renta mínima y que ha asistido a Mesa durante el proceso de solicitud y de redacción. 

La autora sale con al menos dos ideas bien enraizadas en su conciencia: la aporofobia, el odio al pobre, está más extendida de lo que pensamos, y la renta básica universal es el instrumento más útil contra el problema de los sistemas de renta mínima y la desigualdad. Ella misma tuvo que superar, primero, sus prejuicios. "Tenemos prejuicios todos, eso lo explica bien [la filósofa] Adela Cortina en su libro Aporofobia. Y luego hay aproximaciones equivocadas a la erradicación de la pobreza, como el alcance de la caridad. ¿Por qué la caridad genera la simpatía de la gente, como el Banco de Alimentos o que Amancio Ortega done una parte de su fortuna a fines sociales, pero ya se empiezan a generar suspicacias si uno habla de una renta básica universal?". 

 

La escritora Sara Mesa. / ANAGRAMA

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También puede generar suspicacias la figura de Carmen, cuya vida se relata de manera breve "para no caer en el amarillismo", pero que Mesa describe como "dramática". Carmen no es la víctima perfecta, porque tal cosa no existe, y ella ha sido adicta a la heroína, ha pasado por la cárcel y ha ejercido la prostitución. ¿La hace eso menos merecedora de las atenciones del Estado, de un mínimo que garantice una vida digna? La pobreza es como una escalera que se va bajando, cada escalón lleva al siguiente y tiene su lógica interna", defiende Mesa. "Todo eso forma parte del mismo ámbito de la marginación. No podemos juzgar desde fuera la vida de la gente, que parten de una situación de desventaja, que no tiene recursos para defenderse". 

La escritora considera que una renta básica le daría opciones, justamente, para defenderse. ¿Por qué la ayuda finalmente recibida por Carmen "no ha servido para nada"? "Tú a una persona porque le des 400 euros al mes durante un año, ¿le van a alquilar un piso, le van a dar trabajo? Hay que ir a la raíz de las cosas. Antes de llegar a la situación de Carmen, ella ha pasado mucho, y todo empieza en la infancia, por mucho que nos quieran vender la papeleta del hombre o la mujer hecho a sí mismo". Como otros defensores de la renta básica universal, entre quienes Mesa cita al belga Philippe van Parijs, al británico Guy Standing y al español Daniel Raventós, cree que el Estado podría obtener recursos para sufragarla con una reforma fiscal: "Para erradicar la extrema pobreza, hay que erradicar la extrema riqueza". 

El libro no escatima en datos, que por otra parte son más que públicos. Según el informe El estado de la pobreza en España 2018El estado de la pobreza en España 2018 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), el 26,6% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión, y el 5,1% (más de 2,3 millones de personas), padece pobreza severa (vive con menos de 342 euros al mes). La Fundación RAIS calcula que hay 31.000 personas sin hogar en España; Cruz Roja habla de 40.000. Y según el Observatorio Hatento, el 47% de las personas sin hogar ha padecido algún ataque, el 60% en el caso de las mujeres; de ellas, el 19% ha sufrido abusos sexuales, y el 26% está sin hogar por haber sufrido violencia ellas mismas o sus hijos. Ante todo esto, Sara Mesa se hace una pregunta: "¿Vamos a resignarnos a que siempre haya una bolsa de pobreza en España?".