Cultura

Las oposiciones del Ministerio de Cultura dejan fuera a centenares de técnicos teatrales por no tener una FP

Manifestación este sábado de los técnicos temporales del INAEM frente al Teatro de la Zarzuela.
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Rocío Gil es maquinista, maneja desde hace seis años las tramoyas de los centros públicos del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Cultura, siempre como trabajadora temporal dentro de la bolsa de empleo de la institución, encadenando contratos de muy corta duración. Antes de eso, estudió Comunicación Audiovisual y se formó en el Centro de Tecnología del Espectáculo, una escuela del propio INAEM que goza de prestigio en el sector pero que no ofrece títulos oficiales. Libertad Calvo Costa trabaja como iluminadora desde 2008 en esos mismos teatros públicos, con los mismos contratos temporales de 15 días o un mes de duración, después de haber estudiado la misma carrera y de haber ampliado estudios después también en el Centro de Tecnología del Espectáculo. Cuando vieron que se publicaba al fin la convocatoria de empleo público correspondiente al año 2018, y que esta incluía 59 plazas para su categoría profesional —un número mucho más alto del habitual—, las dos se alegraron: al fin podrían dejar atrás la inestabilidad que les ofrecía la administración para optar a una plaza como personal laboral fijo. Pero cuando leyeron las bases, sus esperanzas se esfumaron: se les exigía por primera vez un título de Formación Profesional (FP) que no tenían. No valían sus carreras ni sus años de trabajo en el propio Ministerio de Cultura. No son elegibles.

Y no son solo ellas. Los técnicos temporales del INAEM, organizados en una plataforma de afectados, calculan que serán unos 500 los trabajadores que no puedan competir en las oposiciones, entre los técnicos que forman hoy la bolsa de empleo, los que lo hicieron en el pasado pero no se presentaron a las últimas pruebas y los recién salidos del Centro de Tecnología del Espectáculo, que ven cómo su título no les sirve ni para trabajar en el organismo público que gestiona ese centro. En las nuevas bases se pide un título de FP que para algunas profesiones puede ser específico —a los iluminadores se les exige el de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen— y para otras genérico —a los maquinistas les serviría cualquier FP, una de cocina o una de fontanería, por ejemplo—. Y hay un motivo para que esto se les exija ahora por primera vez: la convocatoria se ajusta al IV Convenio colectivo único de 2019 para el personal laboral de toda la Administración General del Estado, que asigna a cada categoría laboral un tipo de titulación según las clasificaciones del Plan Bolonia. A la categoría M1, la de los técnicos, se le asigna el nivel de Técnico Superior de Formación Profesional (y no otros como Bachillerato, o superiores como un grado universitario). Pero el problema, dicen los técnicos, es que las formaciones profesionales especializadas no existían cuando ellos empezaron a trabajar, o incluso siguen sin existir. “El teatro apenas tiene espacio en los programas educativos”, dice Rocío Gil, “y muchos nos hemos buscado nuestra propia formación y trayectoria”. Una que hasta ahora, para el INAEM, era suficiente.

Los técnicos han empezado a organizarse. Este sábado 11 de septiembre convocaron una manifestación en Madrid (donde están todas las plazas que salen a concurso) y una concentración frente al Teatro de la Zarzuela. Además, se apuntarán a las oposiciones y las impugnarán, bien de forma individual o bien de forma colectiva. Se plantean incluso convocar paros por parte de los afectados que están a día de hoy contratados en los distintos centros del INAEM, lo que marcaría el arranque de la temporada teatral en la capital.

No todos ven el conflicto de la misma manera. Los trabajadores organizados en la plataforma acusan a los sindicatos presentes en el comité de empresa del Ministerio de Cultura, UGT, Comisiones Obreras y CSIF, de “ponerse de lado” en el conflicto. Ninguno apoya las movilizaciones. Javier Figueroa, secretario general de UGT en el organismo, cree que solo “20 o 25 personas” se verán afectadas por el problema de no tener la titulación exigida, aunque Libertad Calvo Costa asegura que solo en el grupo de Whatsapp a través del cual se organizan hay ya 250 personas. Figueroa defiende que los sindicatos no pueden ir contra un convenio aprobado hace dos años y pensado, entre otras cosas, para formalizar la titulación exigida en cada categoría laboral. “En el INAEM, el acceso de los empleados públicos ha sido siempre de aquella manera, y nunca se ha adaptado nada al Plan Bolonia”, critica. El representante de UGT entiende que el cambio sea “una putada para la gente de más edad, que tiene otra formación”, pero cree que es una oportunidad para el organismo de modernizarse: “En toda la administración, el problema solo existe en el INAEM, que ha ido al trantrán. No ha pensado en la formación de sus técnicos, se han quedado en la tradición de un oficio que pasa de padres a hijos. Pero si no hay ahora técnicos que tengan FP, apaga y vámonos”. Además, señala que los sindicatos han acordado una moratoria en la exigencia de un título de FP acorde a su especialidad, entendiendo que hay algunas que no tienen aún una formación específica. Pero no ve viable “para nada” que se posponga la petición del título de Formación Profesional.

Y eso es precisamente lo que piden los técnicos, a corto plazo: que el Gobierno recule y exija las mismas cualificaciones académicas que pedía para acceder a las bolsas de trabajo vigentes. Eso, a corto plazo. Rocío Gil, que es también delegada de la Coordinadora de Personal Técnico y de Sala de CNT Madrid, apunta a otras soluciones a medio y largo plazo: que se homologuen las escuelas de técnicos teatrales que ya existen; que se cree una familia de formación profesional de las artes escénicas con títulos específicos; que se impulsen los certificados de profesionalidad del sector. Estos fueron creados para permitir cierta movilidad laboral, de manera que aquellos que no pudieran estudiar una FP en su día, por los motivos que fueran, pudieran obtener un certificado equivalente gracias a sus años de trabajo. Pero la realidad es que las comunidades autónomas, responsables del proceso, abren las convocatorias para presentarse a estas certificaciones de manera un tanto caótica, si es que las tienen implantadas. En Madrid, asegura Libertad Calvo Costa, puede tardarse más de un año en obtenerla, si es que hay una convocatoria abierta. “No estamos en contra de que se exija una titulación de FP, pero se ha empezado la casa por el tejado”, critica. “Están pidiendo una titulación que no hay. Y queremos que esa titulación exista, porque una titulación implica mejorar las condiciones de trabajo, significa dignificar la profesión. Pero que no se deje a profesionales por el camino cuando todavía ni siquiera se ha hecho esa inversión en formación”.

La plataforma confía en la potencia de las manifestaciones, de las futuras impugnaciones y de los posibles paros. Pero el conflicto no es solo entre trabajadores afectados y administración. Fuentes conocedoras de las negociaciones hablan de tensiones entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Función Pública. El primero, dicen, había defendido la necesidad de ajustar el Convenio único a la realidad de los técnicos, pero Función Pública se habría negado, siempre según estas fuentes, por considerarles una proporción muy pequeña de la Administración. En sus declaraciones a la prensa, el INAEM se muestra de hecho muy comprensivo con los técnicos: “Somos conscientes de la excepcionalidad de este tipo de profesiones y de las dificultades para encajar en el contexto de la Administración General del Estado con unas categorías profesionales no equiparables ni análogas a ningunas otras en el marco de la Administración, cuya formación especializada no está, en muchos casos, homologada”, dicen fuentes de la institución. Y añaden: “Esta convocatoria ha puesto de manifiesto nuevamente la necesidad de buscar soluciones específicas y concretas que permitan resolver las permanentes dificultades del INAEM para encajar en el marco administrativo vigente y que, en este caso, afectan a una serie de profesiones técnicas y oficios artísticos imprescindibles y necesarios en las artes escénicas y la música”. La plataforma de afectados dice contar con el apoyo de las asociaciones profesionales del sector, de sindicatos como CNT, y también de las direcciones artísticas y técnicas del INAEM.

El 8 de septiembre, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, se reunió con algunas de estas direcciones, que expresaron entonces su apoyo a los trabajadores. El Ministerio asegura estar “trabajando para la búsqueda de soluciones”.

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