Adjudicación de contratos

El Ayuntamiento de Madrid sustituye a Correos en el envío de multas y certificados por una empresa que subcontrata el servicio con 18 papelerías

Una de las papelerías subcontratadas por la empresa adjudicataria de parte de los envíos postales del Ayuntamiento de Madrid.
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Este pasado lunes debería haberse puesto en marcha el nuevo servicio de notificaciones administrativas y correo certificado del Ayuntamiento de Madrid. Las multas, los embargos, los apremios por deudas tributarias... cualquier notificación o carta certificada del consistorio madrileño ya no será entregada por la empresa pública Correos. De ese servicio postal se ha hecho cargo desde el 1 de diciembre la empresa Recerca i Desenvolupament Empresarial bajo la marca RD Post. El Ayuntamiento de Madrid envía cada año unos 16 millones de cartas certificadas, notificaciones y telegramas, a los que hay que añadir burofaxes y paquetes. Hasta hoy, esos objetos postales los entregaban a los ciudadanos los carteros de Correos. Y, si el destinatario no se encontraba en su domicilio, acudía a la oficina de la sociedad estatal más cercana. A partir de ahora, cuando el empleado de RD Post no pueda entregar en mano la notificación, en 18 de los 21 distritos de la capital el ciudadano podrá recogerla no en una oficina de esta empresa, sino en alguna de las 18 papelerías con las que la empresa ha subcontratado el servicio.

El Ayuntamiento de Madrid sacó a concurso público en noviembre de 2019 los servicios postales municipales, cuyos dos lotes adjudicó casi un año después. A ambos se presentaron las tres mismas empresas: además de Correos, la Unión Temporal de Empresas (UTE) IAM Hispapost-Servinform y Recerca i Desenvolupament Empresarial. El primero, que incluye los envíos postales ordinarios por valor de 2,25 millones de euros, quedó en manos de la UTE, y el segundo, por importe de 16 millones, lo ganó Recerca i Desenvolupament Empresarial. Correos fue excluida desde el primer momento porque su oferta superó los precios máximos unitarios establecidos en el concurso.

Recerca i Desenvolupament Empresarial es una empresa catalana del grupo malagueño AL, especializado en consultoría tributaria y gestión de multas, que ha desarrollado como nueva línea de negocio el envío de notificaciones administrativas, tributarias y judiciales. Lleva 20 años gestionando las del Institut Municipal D'Hisenda de Barcelona, así como de las diputaciones de Cádiz, Almería o el Ayuntamiento de Granada, entre otras instituciones. En el caso de Madrid, ha subcontratado una parte del servicio con otra empresa del grupo, SMS91y ésta, a su vez, ha subcontratado la entrega de notificaciones y cartas certificadas, por importe de 450.000 euros, con esas 18 papelerías madrileñas. Nueve de ellas pertenecen a la cadena Carlin, pero el resto son pequeños establecimientos con los que la empresa ha firmado acuerdos de colaboración.

La UTE IAM Hispapost-Servinform también subcontratará parte de su contrato para gestionar los envíos de correo ordinario, pero lo hará con 73 operadores postales y con Correos, que se quedará con un 20% del servicio.

Dudas sobre la solvencia y capacidad de las tiendas

El pasado mes de agosto, los técnicos de la Mesa de Contratación municipal visitaron los 21 locales de RD Post, para comprobar que la empresa, entonces ya propuesta como adjudicataria, podía prestar el servicio en las condiciones que había prometido en su oferta. Y emitieron un informe, disponible en el expediente público del concurso, donde dictaminaban que la empresa no había acreditado suficientemente los medios de los que decía disponer y le pedían que subsanara esa carencia. Junto a fotos de los 21 locales, los técnicos reclamaban a la empresa que acreditara la solvencia y la capacidad de esas 18 papelerías. También le pedían que probara que están inscritas en el Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales y que documentara su relación jurídica con esa red de colaboradores.

Además, criticaban la escasa concreción del contrato “genérico” que había firmado con cada una de ellas, donde no se precisaba que deberán trabajar con notificaciones administrativas ni se especificaba cuál será el volumen de objetos postales que deberían gestionar o cuál es el nivel de servicio que deben prestar. De acuerdo con los cálculos que aparecen en el informe, cada papelería debería atender al año entre 3.685 –la más pequeña, la de Barajas– y 17.911 –la de mayor actividad, Latina– notificaciones de multas, o entre ocho y 57 envíos diarios. Como las visitas se llevaron a cabo durante el mes de agosto, seis de las papelerías estaban cerradas por vacaciones, otras tres estaban “completamente cerradas” o “vacías”, alguna no cumplía con el horario de apertura establecido, y en un caso –Villaverde– la tienda está situada en un polígono industrial “y es de muy difícil localización”, añadían los técnicos municipales.

Finalmente, la Mesa de Contratación expresaba sus dudas sobre la fehacencia, la capacidad de dar fe de la entrega, recepción o rechazo de una notificación administrativa, que la ley atribuía antes en exclusiva a Correos y ahora también a los operadores postales privados. El informe la considera suficientemente acreditada “desde un punto de vista técnico”, pero pide que se compruebe si también queda documentada desde el punto de vista jurídico “y en particular que se verifique el cumplimiento del procedimiento sancionador del Ayuntamiento de Madrid”. Porque cualquier problema de legitimidad o cualquier fallo en la entrega de una notificación tributaria, por ejemplo, puede ser utilizada en impugnaciones legales en un contencioso.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Madrid a infoLibre, RD Post respondió a todos los requirimientos de los técnicos municipales sobre la solvencia y capacidad de las papelerías. La Mesa de Contratación también aprobó la “alternativa tecnológica a la fehacencia convencional” que le presentó la empresa, una “evidencia electrónica de entrega” que el consistorio consideró satisfactoria. De forma que la adjudicación se consideró definitiva y la nueva red de oficinas de recogida y atención al público debería de estar ya en funcionamiento.

No obstante, algo preocupaba al Ayuntamiento de Madrid porque enseguida, “en las primeras reuniones, antes de firmar el contrato”, pidió a RD Post que cambiara las 18 papelerías por oficinas propias. “Desde el punto de vista legal no hay ningún problema, porque todas tienen autorización postal y están en el registro [de Empresas Prestadoras de Servicios Postales]. Pero al ayuntamiento le parecía mucho mejor desde el punto de vista de la imagen que tuviéramos oficinas propias, así que vamos a sustituirlas”, explica a este periódico Oriol Morillo, director de Recerca i Desenvolupament Empresarial. “La imagen es importante para el ayuntamiento y para nosotros”, reitera, por lo que la firma catalana ya ha aumentado de tres a siete las oficinas propias, a finales de año quiere llegar a 11 y “en un plazo de dos o tres meses” desaparecerán las 18 papelerías como oficinas de entrega, adelanta Oriol Morillo, quien destaca también los 150 puestos de trabajo que han creado en Madrid. Los sobrecostes de sustituir las papelerías por oficinas serán asumidos por la empresa, según apunta su director.

El ayuntamiento, por su parte, no quiere hablar de “petición formal a la empresa”. RD Post aún está llevando a cabo “ajustes técnicos” en su sistema, por lo que no podrá comenzar a prestar el servicio hasta dentro de un par de meses, “el mismo tiempo que va a tardar en sustituir las papelerías por oficinas propias”, indica un portavoz municipal. Por tanto, añade, cuando empiece a operar ya lo hará con todas sus oficinas. Mientras tanto, Correos seguirá repartiendo las cartas certificadas y notificaciones del consistorio madrileño. No obstante, el consistorio ya ha comunicado a la plantilla el cambio de adjudicataria del servicio postal, para advertirles de que deberán tapar con pegatinas los textos y logos de los sobres, avisos de recibo y documentos donde hasta ahora figuraba el nombre de Correos. Además, el sindicato Somos Sindicalistas acaba de reclamar a la Agencia Tributaria Municipal –el principal emisor de estos envíos– información sobre los posibles problemas de “certificación de la veracidad” que implicará la asunción de esta tarea por un operador privado.

Tabletas con GPS y evidencia de entrega electrónica

En Barcelona, para prestar este mismo servicio RD Post subcontrató a la cadena Mailboxes Etc, una red de franquicias con más de 200 establecimientos en toda España dedicados a la paquetería y los envíos postales pero que también ofrecen servicios de impresión y diseño gráfico o venden material de oficina. Es propiedad de un hólding italiano, Fineffe, que la adquirió en 2009 a la multinacional estadounidense UPS. En Madrid la empresa catalana no pudo utilizar la misma red porque Mailboxes Etc no trabaja los sábados, un día en que el contrato del ayuntamiento de la capital les obligaba a prestar el servicio, asegura el director de Recerca i Desenvolupament Empresarial.

Oriol Morillo precisa que, en todo caso, no habrá ningún problema con la fehacencia de las notificaciones administrativas. “Nosotros no llamamos a nuestros empleados carteros, sino notificadores, que además trabajan sólo con tabletas”, indica. Éstas cuentan con “una prueba evidente de entrega electrónica, GPS y un peritaje de la Universidad de Valencia sobre la fehacencia”. Los notificadores de RD Post, resalta, harán las dos visitas, espaciadas en el tiempo, a que les obliga la Ley de Procedimiento Administrativo y trabajarán con firma electrónica, aceptada ante los tribunales. “Todos los contenciosos que hemos tenido en Barcelona los hemos ganado”, presume.

Además, Morillo esgrime un dictamen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) donde, tras una consulta del Ayuntamiento de Almería, el órgano establece que “todos los operadores postales”, y no sólo Correos, “pueden realizar notificaciones administrativas, con las debidas garantías legales, siempre y cuando quede asegurada la constancia de su realización”.

En pérdidas y en riesgo de cierre por culpa de Correos, según la CNMC

En el Ayuntamiento de Madrid han ganado los operadores privados al gigante público tanto en el reconocimiento de la fehacencia como en la oferta económica. Pese a que el precio final con el que se presentó al concurso en el primer lote era el menor de los tres candidatos, sus precios unitarios eran superiores por imperativo de la CNMC, que justo esos mismos días había aceptado las medidas cautelares solicitadas por Asempre (Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulación de Correspondencia) en el expediente sancionador abierto contra Correos por prácticas restrictivas contra la competencia. En su resolución, la CNMC instaba a Correos a abstenerse de ofertar precios unitarios con descuentos que superen los que la sociedad pública hace a sus grandes clientes minoristas.

Según Asempre, esos descuentos “excesivos” pueden llegar a ser superiores al 78%, lo que supone que Correos ofrece precios por debajo de costes para fidelizar a sus clientes. Pero que excluyen del mercado a los operadores privados. De hecho, Asempre pone como ejemplo en su informe a la CNMC a RD Post y al contrato de Correos con Unicaja y Cajamar, y culpa a la política de descuentos de Correos de haber puesto a la empresa “en riesgo de cierre”. Este órgano atribuye el “deterioro en las cuentas” de RD Post entre 2018 y 2019 y a su entrada en pérdidas ese último año, a la política de precios de Correos. Asegura incluso que, pese a haber aumentado su facturación el ejercicio pasado, la firma catalana sufre un “fuerte riesgo de cese de actividad”.

Recerca i Desenvolupament Empresarial figura en la última lista de morosos de la Agencia Tributaria, con una deuda de 1,24 millones de euros. Aunque fue publicada el pasado 23 de septiembre, la lista incluye a empresas y particulares que debían a Hacienda más de un millón de euros a 31 de diciembre de 2019. Oriol Morillo asegura que, cuando se presentaron al concurso del Ayuntamiento de Madrid este año, se encontraban ya al corriente con el fisco. Y lo siguen estando. Así consta en los certificados acreditativos que ha expedido la Agencia Tributaria a petición suya en julio y noviembre. “Fue un problema administrativo de Hacienda, por el pago fraccionado del IVA, que en realidad habíamos pagado dos veces, pero no lo habían consignado en su aplicación contable cuando se hizo el listado de morosos”, detalla. El responsable de RD Post añade que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Económico Admnistrativo Central por este motivo.

infoLibre ha preguntado a Correos por el concurso público del Ayuntamiento de Madrid. La sociedad pública se ha limitado a responder que sus precios se calculan basándose en los costes en que incurre y que son comunicados a la CNMC. “No podemos en ningún caso presentar una oferta que se encuentre por debajo de nuestros costes”, resume un portavoz. RD Post asegura que su oferta incluye precios de mercado. El precio unitario máximo fijado en el concurso era de 1,92 euros si la notificación tiene un peso inferior a 20 gramos y de 2,22 euros si pesa menos de 100 gramos. RD Post ofreció 1,75 euros para las primeras, y 1,95 euros para las segundas. Correos los superaba: 2,179 euros con menos de 50 gramos y 2,46 euros con menos de 100. Por su parte, la UTE AM Hispapost-Servinform tuvo que aportar información adicional a la Mesa de Contratación para no ser excluida, porque presentó una oferta anormalmente baja en este lote.

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