Vivienda

Ayuso estudia recurrir por décima vez la sentencia que le obliga a recuperar 3.000 viviendas sociales y así retrasar el proceso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid.
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Desde 2019, la Comunidad de Madrid, ha hecho todo lo posible para no ejecutar la histórica sentencia que le obliga a recuperar casi 3.000 VPO (viviendas de protección oficial) vendidas en 2013 por debajo del precio de mercado al fondo de capital riesgo Goldman Sachs. A finales de julio, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vio cómo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimaba dos recursos: uno sobre el alcance del fallo –el Ejecutivo regional quiere recuperar solo la vivienda del inquilino denunciante y no los 2.935 pisos sociales vendidos al fondo en la etapa de Ignacio González– y otro sobre la publicación de la sentencia en el periódico El País, de acuerdo con los autos a los que ha tenido acceso infoLibre.

Se trataba del séptimo y octavo recursos desestimados a la Comunidad de Madrid por distintos juzgados desde mayo de 2019, cuando el TSJM tumbó el primero de todos derivado de la histórica sentencia, emitida un año antes, en mayo de 2018. Entonces, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 29 de Madrid anuló la enajenación y, a partir de ahí, comenzó una cascada de recursos interpuestos por el Gobierno autonómico en distintos tribunales que, según dicen ahora en la Consejería de Vivienda, es posible que continúen ante el Tribunal Supremo. “Estamos estudiando la decisión, ya que estamos en plazo”, aseguran en la consejería, cuya titular es Paloma Martín. Esa ha sido la tónica en los dos últimos años: apelar las decisiones judiciales en vez de ejecutarlas. 

De interponerse finalmente serían el noveno y décimo recurso del Gobierno madrileño, esta vez ante el Supremo; una vía que implica un gasto y que en la práctica supone dilatar el proceso de recuperación de las 3.000 VPO enajenadas por 201 millones de euros en 2013. Las 2.935 viviendas protegidas están repartidas a lo largo de 32 promociones por el territorio autonómico.

El primer recurso, antes mencionado, fue el que se interpuso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, desestimado en mayo de 2019. A continuación el letrado regional planteó otros dos recursos de casación, tramitados de modo conjunto: uno, ante la Sala Tercera del alto tribunal, y el otro subsidiario, de casación autonómica ante la Sección de Casación de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM: los dos fueron inadmitidos en noviembre de 2019 y en marzo de 2020. Igualmente, en marzo de 2020 el Tribunal Supremo desestimó un incidente de nulidad, en lo que vendría a ser el cuarto recurso inadmitido.

Llegados a este punto, la Comunidad de Madrid decide acatar la sentencia y no recurrir ante el Tribunal Constitucional; pero el equipo de Díaz Ayuso sí decidió cuestionar el alcance de la ejecución, alegando a lo largo de 2020 que solo afectaba a una de las casi 3.000 viviendas sociales. Así, el quinto recurso fue presentado en febrero pasado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 29, el que formuló la histórica sentencia. Como los anteriores, fue tumbado.

El sexto y el séptimo recurso han sido desestimados en julio, esto es, hace poco más de un mes. Se trata de los recursos de apelación 817/2021 y 798/2021. El primero vuelve a cuestionar que la devolución de pisos sociales afecte a todas las viviendas vendidas en 2013 y el segundo planteaba “que no procede a la publicación, a Costa de la Comunidad de Madrid, en el Boletín Oficial en el diario El País, de la sentencia dictada en estos autos”. Lo más sorprendente de todo es que la sentencia ya fue publicada en este periódico por parte del Ejecutivo Regional, pero los servicios jurídicos consideran pertinente seguir interponiendo recursos.

"Mensaje de tranquilidad"

Hay un octavo recurso todavía por resolver presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el que se pide no recuperar aquellas viviendas que hayan sido alquiladas a terceros por parte de Goldman Sachs (más concretamente, de su vehículo inmobiliario, Encasa Cibeles). La lógica a la que recurre el letrado para argumentar tal recurso es que, para acceder a una vivienda de protección, los beneficiarios tienen que cumplir una serie de requisitos (de renta, etcétera): "En el caso de los inquilinos que no reuniesen los requisitos para acceder a tal vivienda", reza el recurso, se produciría un "correspondiente perjuicio para quienes, cumpliendo tales exigencias, se viesen privados de la posibilidad de acceder a inmuebles afectados a tal uso o servicio público". Es decir, que el Gobierno de Díaz Ayuso pide no recuperar los pisos que el fondo de capital riesgo ha arrendado a terceros porque eso perjudicaría a los aspirante a una vivienda protegida. 

Desde hace tiempo, Goldman Sachs y la Comunidad de Madrid siguen estrategias opuestas: el fondo quiere devolver al menos 1.700 de las casi 3.000 viviendas sociales y reclama al Gobierno autonómico 198 millones de euros por esa devolución. En los últimos meses, el tira y afloja entre el fondo y la institución ha estado a punto de llegar a los tribunales, llegándose Goldman a declarar "legítimo propietario" de las casas ante la inacción regional. 

La región, en cambio, ha ido dando bandazos. Ha perdido siete recursos, otro está aún pendiente de resolverse y estudia si recurrir los dos últimos desestimados. Sin embargo, la Consejería de Vivienda ha enviado un comunicado que se remitirá a las familias afectadas asegurándolas que "seguirán en sus viviendas". Y que se creará un grupo de trabajo "La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura traslada un mensaje de tranquilidad a todas las familias que, tras el fallo judicial, pasarán a ser inquilinos de pleno derecho de la Agencia de la Vivienda Social [AVS, antiguo Ivima]. Así, con el fin de ofrecerles la mayor seguridad jurídica, se creará un grupo de trabajo que se pondrá en comunicación con los afectados para informales de su situación al convertirse en inquilinos de pleno derecho de la AVS".

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