Goldman Sachs pide a Ayuso 198 millones por devolver 1.721 de las 3.000 viviendas sociales vendidas ilegalmente

Normalmente los gobiernos autonómicos plantan cara a los grandes fondos de inversión propietarios de miles de inmuebles para facilitar el acceso a la vivienda, algo que sucede en la Comunitat Valenciana o en las Islas Baleares. No así en la Comunidad de Madrid: Goldman Sachs-Azora, que compró casi 3.000 viviendas de protección oficial al Ejecutivo madrileño de Ignacio González en 2013, lleva meses pidiendo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que se haga cargo de 1.721 de esas VPO. Y harto de desplantes, el fondo ha demandado por la vía judicial y administrativa a la Comunidad de Madrid: Goldman Sachs reclama ahora 198.334.557 euros a Díaz Ayuso, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre. 

La exigencia se produce después de que la venta haya sido anulada por la justicia: primero, por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid del 21 de mayo de 2018; después, la Comunidad fue recurriendo en diversas instancias, hasta que el Tribunal Supremo confirmó definitivamente la nulidad de la enajenación en septiembre de 2020, tal y como adelantó este medio. Con posterioridad, varias resoluciones judiciales han recordado al equipo de Díaz Ayuso que tiene que recuperar las viviendas sociales.

La cantidad ahora exigida es casi idéntica a la que abonó el fondo hace ahora ocho años a la región: 201 millones de euros. Solo que Goldman - Azora, que reclama una compensación por incumplimiento de contrato o por daños y perjuicios entre otros conceptos, plantea devolver la propiedad de algo más de la mitad de las viviendas sociales (1.721 de 2.935 VPO) enajenadas en su momento por debajo de precio de mercado. Pertenecían al Instituto de la Vivienda, Ivima, renombrado en 2015 Agencia para la Vivienda Social tras el escándalo con este fondo buitre. El resto de casas que el fondo participado por Goldman y Azora no incluye (1.214) habrían sido traspasadas a lo largo de estos años a terceros compradores, de acuerdo con el peritaje encargado por el fondo.

Las viviendas han experimentado en este tiempo un "aumento de valor", siempre según la pericial encargada, que atribuye el encarecimiento a las inversiones realizadas. La merma para las arcas públicas regionales habla por sí sola de prosperar la demanda del fondo: habría recibido 201 millones por desprenderse de 3.000 VPO –con inquilinos viviendo en las casas, a las que habían accedido tras un proceso de marcado carácter social– recuperaría algo más de la mitad por 198 millones de euros. Eso sin contar los beneficios para Goldman-Azora con la gestión de los pisos en todos estos años. 

Así, la reclamación de Azora solicita a la dirección-gerencia de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) que "declare" que la Comunidad de Madrid "ha incumplido el contrato, de 25 de octubre de 2013" suscrito entre el Ivima y Encasa Cibeles (la filial que gestiona las viviendas del fondo). Igualmente, pide a la AVS reconocer la cantidad de 198,3 millones o "cualquier otra que resulte acreditada a lo largo del procedimiento administrativo o judicial que se tramite a raíz de esta reclamación, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por el referido incumplimiento".

Goldman Sachs propone otra cuantía alternativa. "Subsidiariamente", dice a continuación, "y sólo para el caso de no estimarse las pretensiones precedentes y considerarse que la anulación de la Resolución de Adjudicación implica la anulación del contrato", el fondo exige una cantidad que supera los 174 millones. Y realiza los cálculos de la siguiente manera: "la suma de 123.031.116 euros, más el interés legal devengado desde la interposición de esta Reclamación, en concepto de restitución de las prestaciones realizadas en el marco del contrato". A eso habría que añadirle otros 51.503.834 euros "en concepto de indemnización por los daños y perjuicios". En todos los importes anteriores la sociedad pide sumar "los intereses de demora devengados hasta el momento del pago efectivo".

Ayuso rechaza la cuantía

Preguntada por la reclamación millonaria, la Comunidad de Madrid escenifica una guerra abierta con Goldman Sachs. Portavoces tildan la cantidad de "injusta". "Hemos suspendido el plazo para responder a su reclamación patrimonial, el tema está sub iudice [bajo la decisión de un juez]; de modo que se incurre en una de las causas de suspensión acorde a la ley de procedimiento", señalan en la Consejería de Vivienda. "Además, piden una cantidad injusta. El fondo pretende un enriquecimiento injusto porque pagó 201 millones por 2.935 viviendas y ahora pretende que le paguen 198 por menos de 1.800. El resto las vendió".

Fuentes de Encasa Cibeles señalan que "esta segunda cifra" (174 millones) es una cuestión técnica que responde al escenario final de la reversión". Sobre los 198,3 millones, estas mismas fuentes indican que "es la cifra máxima" reclamada. Y confirman que el Gobierno regional sigue sin dar respuesta.

El informe pericial que determina los 198,3 millones de euros fue realizado por dos "directores gerentes del departamento de Disputas e Investigaciones de la firma internacional D&P" a encrgo de Goldman Sachs, se lee en la reclamación administrativa. Para el cálculo, se ha estimado "el lucro cesante", marcado por "los flujos de caja futuros" que Azora "habría generado en el curso normal del negocio en el periodo mayo 2020-2028" (es decir, el dinero que habría dejado de percibir); el "cálculo de los flujos de caja" -la diferencia entre los cobros y los pagos que se habrían producido en cada ejercicio en función de determinadas hipótesis- y, finalmente, "los cobros" tanto de las rentas por alquileres como de los ingresos por ventas. El último elemento a sumar son las inversiones realizadas por el fondo en las viviendas afectadas desde 2013. 

En la reclamación, de más de 100 folios, Goldman Sachs retrata la actitud del Gobierno de Díaz Ayuso. "Desde el pasado mes de marzo de 2020", Encasa Cibeles "viene insistiendo ante la AVS y las autoridades autonómicas competentes, mediante la remisión de reiterados escritos, de la necesidad de buscar una solución conveniente para todas las partes afectadas". Y por lo anterior y "dada la falta de colaboración por parte de la agencia", el fondo afirma que presentó una demanda civil el 15 de octubre de 2020. 

El fondo, "asombrado" 

En julio de 2020, el fondo recibe un burofax de la Comunidad de Madrid en el que la institución dice a Goldman que la anulación de la venta solo afecta a un inquilino, el vecino de Navalcarnero, Rachid Bouikou, que puso junto a su abogado de oficio la denuncia que, a la larga, acabó tumbado la operación. "La recepción de este burofax asombró a Encasa", reconoce el texto, "puesto que evidenciaba que, mientras Encasa se dirigía una y otra vez a la AVS y a la Comunidad de Madrid para intentar coordinar la ejecución de la sentencia, ambas aparentaban encontrarse pasivas cuando, en realidad, ya habían tomado la decisión de intentar limitar el alcance de la ejecución solamente a la vivienda del Sr. Bouikou, todo ello, sin compartir dicha intención con Encasa".

Goldman Sachs volvió a dirigirse al Gobierno regional el 28 de agosto de 2020 "para poner de manifiesto su desconcierto, insistir en la gravedad y relevancia de la situación y requerir la celebración de una reunión urgentemente". "En caso contrario", razona la reclamación, el fondo "se vería obligado a ejercitar las acciones legales oportunas". "Sin embargo" se lee después, "mediante respuesta de 8 de septiembre de 2020, el gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid rechazó la celebración de la reunión ofrecida por y emplazó a ponerse en contacto con las Consejerías de Vivienda y Administración Local y de Hacienda y Función Pública". Todos los correos vienen con una copia en la reclamación.

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"Ante esta postura inamovible de la AVS y de la Comunidad de Madrid, Encasa Cibeles no ha tenido otra opción que continuar ejercitando las acciones legales que el ordenamiento jurídico le reconoce frente a la AVS, para asegurar el cumplimiento de las Sentencias y proteger sus legítimos intereses". Para el fondo, "resulta evidente que existe una clara controversia en cuanto a las consecuencias que se derivan de la anulación de la Resolución de Adjudicación en relación con los efectos y extinción del contrato".

Goldman Sachs recuerda en todo momento el "comportamiento negligente" de la Comunidad de Madrid durante la venta de las 32 promociones, en 2013. "Las irregularidades cometidas por el Ivima en ningún caso pudieron ser conocidas por los licitadores que tomaron parte en el procedimiento de adjudicación", asegura. Y apunta a, entre otras "negligencias", la "la deficiente elaboración de la Memoria Justificativa de la Innecesariedad de los Inmuebles" por parte de la Comunidad. En otra parte, Encasa Cibeles califica el contenido de la memoria justificativa en que se basó la enajenación de "defectuoso e insuficiente".

Las fuentes consultadas creen que el conflicto se judicializará. Por lo pronto, la Comunidad de Madrid ya ha recuperado una propiedad, se lee en el texto de Goldman Sachs: la del inquilino que inició todo el proceso judicial junto a su abogado de oficio, César Pinto, hasta la histórica resolución del Supremo en septiembre del año pasado. Se trata de una vivienda en Navalcarnero valorada en algo más de 49.000 euros. Mientras, se da la paradoja de que hay un fondo de capital riesgo ejerciendo presión sobre una autonomía para que ésta se convierta de nuevo en la propietaria de miles de VPO, y a su vez la Comunidad de Madrid maniobra para hacer lo contrario.