Presiones políticas

Bruselas exigirá al nuevo Gobierno más impuestos, menos gasto y privatizaciones

Los ajustes a los que tendrá que enfrentarse el futuro Gobierno: subida de impuestos, bajada del gasto y privatizaciones

“Después de un inicio fuerte de año, el crecimiento económico está empezando a aflojar”. Con esas palabras, recogidas en las previsiones de otoño que la Comisión Europea hizo públicas el pasado mes de noviembre, el órgano ejecutivo y legislativo de la UE alertaba de que España volvería a incumplir, tal y como sucedió en 2011, 2012 y 2013, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así, calculaban que el país cerraría 2015 con un déficit del 4,7% del PIB, frente al 4,2% prometido a Bruselas, y 2016 con un 3,6%, muy lejos del 2,8% al que se comprometió. Unas cifras más pesimistas que las que dio a conocer un mes antes el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, en un dictamen, no exento de polémica y cuya aprobación finalmente fue suspendida por el propio presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, sobre el proyecto del plan presupuestario de España para 2016. 

La predicción es compartida por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo vaticinó, en su informe Perspectivas económicas globales, que España incumpliría sus objetivos de déficit en 2015 y 2016, con un 4,42% y un 3,16%, respectivamente. Sin embargo, el Ejecutivo del PP, con la vista puesta en la cita con las urnas del 20 de diciembre, no tardó en responder a Bruselas. “Siempre hace advertencias, es su misión y su obligación, pero el Gobierno español está convencido de que se va a cumplir el objetivo”, apuntó en su momento el ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre las advertencias de la Comisión Europea. Una idea que reforzó el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a principios de diciembre durante su intervención en el Congreso Popular Europeo, cuando aseguró que se cumpliría “impecablemente”.

Con los comicios celebrados y con fichas nuevas sobre el tablero político, este último lunes el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, volvió a recordar a España que los Presupuestos Generales del Estado aprobados para este año “incumplen las reglas”. “La Comisión Europea fue clara al respecto. El nuevo Gobierno deberá presentar más ajustes”, sentenció el holandés. Una tesis a la que se sumó el pasado jueves nuevamente Moscovici y este viernes el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, que en una entrevista con el diario El País habló nuevamente de un ajuste y repitió que el futuro Ejecutivo "está obligado a cumplir las metas": "No es nuestra intención imponer sanciones, pero las recomendaciones son las que son", sentenció.

Pero, ¿en qué línea pueden ir esas "reformas" mencionadas por el socialdemócrata holandés el pasado lunes? infoLibre se pone en contacto con tres economistas para que aclaren cuáles pueden ser las recetas que Bruselas pretende que implemente el futuro Ejecutivo español para cumplir con las instituciones comunitarias.

Subida de impuestos, bajada del gasto y privatizaciones

Los expertos consultados por este diario sostienen que el ajuste que reclaman desde Bruselas oscilaría entre los 5.000 y los 9.000 millones de euros. Esta cifra, recuerda el economista José Carlos Díez, coincide con la rebaja del IRPF y el impuesto de sociedades que entró en vigor el 1 de enero de 2015. Sobre los pasos a dar, habla con contundencia: "A corto plazo, tendremos que subir impuestos, bajar gasto o hacer las dos cosas. Dentro del gasto, se puede priorizar: recortar en inversión, que en 2015 ha aumentado coincidiendo con la cita con las urnas, o seguir haciéndolo en educación, sanidad y el resto de partidas sociales", explica a este diario en conversación telefónica.

En una línea similar se posiciona Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis, que apunta que a España "le conviene cuanto antes bajar del 3% de déficit público", aunque no "a costa de todo", para "salir del brazo correctivo de las políticas de consolidación europeas y pasar al brazo preventivo, que deja mucho más margen de actuación y maniobra". El economista detalla que los ajustes que pide la Comisión Europea pueden seguir una estrategia basada en el gasto o un plan centrado en los ingresos. Sobre la primera línea de actuación, González afirma que "está bastante agotada", teniendo en cuenta los "fuertes recortes" acometidos durante estos últimos años, y asegura que no sería posible continuar impulsando ajustes en este sentido "sin afectar, de forma muy grave, a las políticas públicas y el Estado de bienestar": "Parece inconveniente continuar acelerando una política de austeridad teniendo en cuenta que nuestros niveles de gasto público en porcentaje del PIB están muy por debajo de la media europea", añade.

Es en la estrategia de ingresos donde, en opinión de González, "hay mayor recorrido". "Si consiguiéramos alcanzar niveles de ingresos en porcentaje del PIB similares a la media europea, podríamos cubrir por completo el déficit público", explica. Para ello, el economista apunta la necesidad de cancelar "las reducciones de impuestos que en este momento no se pueden hacer" y "avanzar en los niveles de recaudación". "Además, se puede pensar también en otras vías complementarias como restablecer los impuestos que gravan a la riqueza, de sucesiones, de donaciones, el de patrimonio...", finaliza.

Además de la dicotomía ingresos-gastos, Javier Santacruz, economista e investigador en la Universidad de Essex, añade a infoLibre que Bruselas también quiere impulsar "un plan de ajuste sobre las empresas públicas" con un objetivo: "privatizar". "En el caso de Renfe, por ejemplo, se buscaría que la compañía se quede como operador público pero que haya también otros privados, particularmente en el tema de mercancías", explica. "Es lo que llaman reforma de la administración, cuyas privatizaciones se activarían en aquellos ámbitos donde habrá una fuerte inversión en los próximos años: ferrocarriles, astilleros, puertos o aeropuertos", señala en conversación con este diario. El economista explica que "ya están puestos los pilares" y afirma que Europa "va a exigir más en estos términos".

"Europa te está tirando los presupuestos"

Los tres expertos coinciden en que el nuevo Ejecutivo tendrá, como primera tarea, modificar los Presupuestos Generales del Estado para 2016 que dejó bien atados Gobierno de conservador con la vista puesta en las elecciones generales del 20 de diciembre. "Has suspendido en junio y tienes que ir a septiembre. Europa te está tirando los presupuestos", reponde Díez. No es la primera vez que las instituciones comunitarias rechazan los planes presupuestarios de España. En 2013, por ejemplo, la Comisión Europea suspendió los PGE de España para 2014 por el "riesgo de incumplir" el objetivo de déficit.

"No cabe la más mínima duda de que el próximo Ejecutivo va a tener que cambiar los presupuestos", asegura Santacruz. El economista apunta que esa "hipoteca" que dejó Mariano Rajoy al próximo Gobierno traerá "inseguridad" y afectará "a los inversores y a la confianza de España". "Has aprobado unos PGE con un marco macroeconómico que ya no se lo cree nadie, aunque crezcamos por encima del 2,5%", zanja el experto. Sin embargo, una modificación de los planes presupuestarios y el establecimiento de nuevos ajustes se torna imposible en estos momentos, con un parlamento fragmentado tras los comicios que dificulta la formación de un nuevo Ejecutivo y mantiene al país bajo la dirección de un Gobierno en funciones.

¿Presiones desde Bruselas?

Ante el actual panorama político en España, que podría prolongarse hasta medidados de año en el caso de que se tuviera que ir de nuevo a las urnas, surge otra pregunta: ¿Puede Bruselas ejercer presión para que se acometan los ajustes aunque no se haya formado un nuevo Gobierno? Santacruz se muestra convencido de que las instituciones comunitarias "van a presionar" para que las "reformas" se hagan. "Mientras tanto –continúa– apretarán para que haya un Ejecutivo y sea de coalición", sentencia. En este sentido se posicionó el viernes el presidente de la Comisión Europea durante una comparecencia de prensa: "Espero que España tenga un Gobierno estable cuanto antes", afirmó Jean Claude Juncker, aunque aseguró que "no quiere interferir en su formación".

"Claro que puede presionar. Tú estás incumpliendo el protocolo de déficit excesivo, te abren protocolo y te pueden llegar a meter una multa", señala Díez. En concreto, el reglamento (CE) nº 1467/97, en su última modificación, establece: "Toda decisión del Consejo por la que se formule una advertencia al Estado miembro participante afectado para que adopte medidas encaminadas a la reducción del déficit excesivo (...) deberá adoptarse en el plazo de dos meses a partir de la decisión del Consejo por la que se haya declarado que no se han tomado medidas eficaces de conformidad". De no hacerlo, recuerda el economista, la sanción puede ser de "hasta 2 décimas del PIB, unos 2.500 millones de euros".

El vicepresidente de Economistas en Acción, por su parte, ve "muy complicado" que Bruselas pueda hacer nada. Recuerda que un Ejecutivo en funciones "está muy limitado" y afirma que aunque las instituciones comunitarias vean "el asunto con preocupación", no "queda otro remedio".

Sin "argumentos" para la flexibilización

Tras los atentados del pasado mes de noviembre en París, la Comisión Europea aseguró que mostraría "plena comprensión por la prioridad" de Francia en el gasto antiterrorista. Este anuncio se producía después de que el país galo anunciará que incumpliría los objetivos de déficit marcados para este año por esa partida presupuestaria extraordinaria. Igual de comprensiva se mostró con Italia y Alemania a raíz de la crisis de refugiados. Sin embargo, aunque desde el PSOE confíen en conseguir que Bruselas "flexibilice" los objetivos de déficit para España, desde los organismos comunitarios rechazan ampliar los plazos. “No es el momento de ampliar plazos del déficit en ningún país. La eurozona crece; en España, el PIB avanza al 3%. No habría justificación económica para dar más tiempo", dijo Dombrovskis en su entrevista con El País.

Los tres expertos coinciden en que no se producirá una flexibilización para España. "No veo grandes argumentos para que nuestro país plantee ante las instituciones europeas que se han producido fenómenos o acontecimientos que nos dificulten la vía de la consolidación fiscal", afirma González. "Pueden, pero no creo que suceda", explica Díez, que añade que "ellos van a querer un interlocutor y, si el país no lo tiene, vas en posición de debilidad a negociar".

El investigador en la Universidad de Essex se muestra convencido de que "la flexibilización, como mucho, podría venir por el lado dialéctico": "El mensaje de que Bruselas te apoya, que estás por el buen camino, que remas en la misma dirección..., pero a la hora de la verdad lo que hacen es presionarte de una forma muy importante para que cumplas esos objetivos", añade. El economista, además, dice que, teniendo en cuenta sus estimaciones y las de la Comisión Europea, "es muy complicado justificar que te hayas pasado 0,5%".

Incumplimiento de los programas electorales

Las nuevas previsiones de Bruselas tendrán, por lo tanto, algún efecto sobre los programas económicos de los cuatro principales partidos en el hemiciclo. "El único que lo podría cumplir es Podemos, que va a hacer los mismo que Syriza y ha dicho que va a incumplir y que no le importa la Unión Europea", asevera Díez. Del resto de formaciones, opina que el único más sensato fue el del PSOE, "que propuso alguna medida de subida de impuestos", aunque asegura que "muchas propuestas de gasto que tenía, principalmente estructural, no son sostenibles". Sobre el PP y Ciudadanos, el economista afirma que será "imposible" el cumplimiento de su programa porque "pedían bajar los impuestos".

Antonio González, por su parte, explica que los planteamientos de los socialistas y del partido liderado por Pablo Iglesias "están bien sustentados" y "basados en un incremento fuerte de los ingresos", aunque advierte que esas líneas de actuación "se tienen que convertir en unos planes oficiales que deben llevarse a Bruselas y discutirse allí". El caso del partido presidido por Albert Rivera, sin embargo, es diferente. El vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis dice que en la formación naranja "dan por hecho que van a continuar con la política de consolidación fiscal del PP": "Si dicen que quieren adoptar medidas en materia de educación o de investigación y desarrollo, no entiendo cómo piensan abordarlo con bajadas de impuestos", zanja.

"Estos ajustes afectan de una forma importante a las promesas que los partidos incluyeron en sus programas electorales para el pasado 20 de diciembre", responde Santacruz, que añade que "todas las promesas que pudieran ser un poco más generosas" tendrán que "pensárselas dos veces": "Las formaciones que hablan de aumentos del gasto importantes o reducción de impuestos, con unas medidas de política fiscal más restrictivas tendrán que levantar el pie del acelerador", concluye el economista.

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