El debate sobre salario mínimo interprofesional (SMI) suele ser una bronca política revestida de porcentajes y cifras, pero en el fondo se trata de algo tan sencillo como cuánto más debe ganar al año un trabajador que cobra por la base para no ser pobre. El tema vuelve a la actualidad y lo hace, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, revestido de discrepancias políticas e informes de impacto. Esta semana la patronal se quejaba de la forma en que se calcula para avalar su propuesta, que Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, calificaba de “ridícula”.
Quienes en 2025 viven con esta nómina básica, cobraron 1.184 euros en 14 pagas, o lo que es lo mismo, 16.576 euros anuales. Pero como cada año, la pregunta sobre cuánto debe crecer esta prestación para situarse en el 60% del salario medio neto del país pone en lucha a los agentes sociales. La patronal dice que el SMI está “distorsionado” y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, considera que la mejor subida es “cero”, aunque lanzan una propuesta de 1,5% para el año que viene. Desde los sindicatos, que ya no ven demasiadas posibilidades de sentarse a la mesa con los empresarios, elevan la subida hasta el 7,5% y la comisión de expertos del Ministerio de Trabajo recomienda una horquilla entre un 3,1% y un 4,7%. Las cifras ya están sobre la mesa, y el debate, servido.
“La CEOE podría participar si quisiera en el grupo de expertos que ha elaborado estos días el informe. Y pudiendo participar, han declinado, porque, por una cuestión política, no quieren dar legitimidad a las cosas que aquí se plantean”, apunta Luis Zarapuz, coordinador del Gabinete Económico de CCOO.
En dinero contante y sonante, este incremento no es nada impresionante para quienes lo perciben, pero el aumento agregado de los últimos años sí ha sido significativo, con un salto considerable en 2018, después de años de estancamiento, como se ve en el gráfico. De hecho, desde ese año los salarios más bajos han crecido un 61% y los incrementos han llegado ya a 2,4 millones de trabajadoras, ya que la mayoría son mujeres y solo un 34% hombres.
La nueva propuesta de la patronal, la más baja, implica 17 euros más al mes; la de los sindicatos, la más alta, 88 euros. En el medio, la de los expertos de Trabajo se mueve entre los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (si queda exento de tributación) y los 1.240 si se le aplica IRPF. Esto es, entre 37 y 56 euros mensuales más.
Pero ¿qué significan todas estas cuantías y por qué dice la patronal que el SMI está sobrestimado?
El argumento para oponerse a las subidas desde el ámbito de la empresa ha venido, por un lado, por las consecuencias negativas que estimaban para el empleo y de las que los expertos discrepan hasta el momento. Por otra, porque consideran que las estimaciones que hacen los organismos oficiales están “distorsionadas” y el SMI ya supone más del 60% del salario medio si, en vez de calcular sobre la Encuesta de Estructura Salarial (la que se ha empleado siempre), se mide sobre la Encuesta de Población Activa (EPA). Un giro técnico que supondría una novedad, ya que nunca se ha estimado sobre esta última el umbral del SMI, cuyo fin último es evitar que la brecha entre trabajadores pobres y ricos se abra en exceso y que avala la Carta Social Europea.
“Los datos de la EPA a la hora de medir los salarios no son tan buenos porque esta encuesta está destinada a medir el empleo y lo hace preguntando a los hogares, mientras que las encuestas de salarios se hacen con datos de las propias empresas”, resume Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis. “Otra cosa es que haya que incorporar datos de sectores menos representados a la cuenta, como el primario o los cuidados, pero no vale utilizar la EPA 'porque me conviene más'”, concluye.
Desde Comisiones Obreras también rechazan este giro técnico. “La CEOE tiene una posición de parte, como puede ser la de los sindicatos, y su objetivo en este caso es fijar la subida en lo mínimo posible porque las empresas valoran solo la parte de costes. Igual que nuestro objetivo es garantizar el máximo poder adquisitivo para los trabajadores”, señala Zarapuz.
Sobre las desviaciones en los cálculos, explica que utilizar la EPA como pide la patronal no sería adecuado, ya que maneja un volumen de datos inferior y además, no da salarios netos (lo que cobra el trabajador sin deducciones) sino brutos, y esto dificulta saber el dinero real le llega al trabajador. “Se utiliza la encuesta de estructura salarial, que es la que está ratificada por el ministerio de Economía y Hacienda porque es más fiable”, concluye.
El escollo de la tributación
La tributación del SMI provocó una gran polémica dentro del Gobierno en la anterior negociación. Enfrentó al Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz (Sumar) y al Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero a la cabeza (PSOE). Sumar pedía que se dejase libre de carga impositiva para que el dinero neto que llegaba a los trabajadores fuese el porcentaje total de la subida, mientras que desde Hacienda defendían que esta tributación afectaba poco a los trabajadores y que con las sucesivas subidas del SMI el umbral no podría seguir moviéndose infinitamente. En 2025 se solventó este desencuentro con una deducción en la renta, pero ahora el debate regresa.
Temporeros, camareros o limpiadoras, las profesiones donde el salario mínimo tira de los sueldos
“La propuesta del 7,5% del sindicato parece asumir que esa tributación se va a dar y que el SMI va a ser una renta declarable ante Hacienda”, apunta González. “Si el SMI se mete en la tributación sin una corrección, se produce una merma del salario neto y la referencia del 60% se pierde. Pero con este 7,5% una parte sería absorbida por la tributación y otra no, de forma que el trabajador sí vería en su cuenta esta subida”, concluye.
Con los porcentajes propuestos por cada actor social ya sobre la mesa, comenzarán las negociaciones, aunque por el momento no se ha aclarado qué va a pasar con la tributación. Aunque cabe destacar que cada vez se agrupan más trabajadores en esta franja, lo que aleja la posibilidad de que el umbral de tributación mínima siga caminando al paso del SMI.
“Las diferencias en euros nominales no son tan cuantiosas: lo que piden los sindicatos no es una barbaridad y lo que ofrece la CEOE es una cantidad muy reducida, inferior a la inflación e incluso a lo que están creciendo los salarios”, concluye González.
El debate sobre salario mínimo interprofesional (SMI) suele ser una bronca política revestida de porcentajes y cifras, pero en el fondo se trata de algo tan sencillo como cuánto más debe ganar al año un trabajador que cobra por la base para no ser pobre. El tema vuelve a la actualidad y lo hace, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, revestido de discrepancias políticas e informes de impacto. Esta semana la patronal se quejaba de la forma en que se calcula para avalar su propuesta, que Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, calificaba de “ridícula”.