El Ministerio de Trabajo presentó en febrero un informe realizado por expertos sobre la democracia en el ámbito laboral. En este documento de más de 400 páginas se analizaba la participación de los trabajadores en la gobernanza de las empresas, el papel de la inteligencia artificial (IA) y proponía una serie de herramientas para que, entre otras cosas, los sindicatos entrasen en la dirección de las compañías. Para CEOE y Cepyme se trata de una medida "intervencionista" y Yolanda Díaz, titular de Trabajo, señalaba este martes a las empresas por "no hablar" de los márgenes de beneficio que obtienen y que se concentran "en muy pocas manos y sin redistribuir la renta".
"La decisión de las organizaciones empresariales de no acudir a una mesa de diálogo social carece de precedentes y demuestra la renuncia de la patronal española a ejercer de interlocutor social", señalan fuentes del ministerio. "Es insólito que, sin conocer la propuesta, se nieguen a debatir sobre una cuestión habitual en la UE y que es, además, un mandato constitucional", remarcan.
Este es el enésimo encontronazo entre Trabajo y patronales, que tampoco han acercado posturas en temas como la reducción de jornada, la subida del salario mínimo, el fichaje digital o el estatuto del becario, por citar algunos ejemplos. En el caso de la gobernanza de las empresas, todo apunta a que seguirán la misma línea, pero ¿en qué se concreta esta nueva propuesta?
"Se trata de llevar a los órganos de decisión de todas las empresas a los representantes de los trabajadores. La fórmula que se está eligiendo es llevar esa representación a los consejos de administración, pero en Alemania, por ejemplo, eso se articula mediante los denominados consejos de vigilancia que deben tener todas las empresas de más de 50 trabajadores", explica Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis. "Es un órgano paritario en el que participan a partes iguales empresa y trabajadores. No participa en todas las decisiones, pero sí tiene atribuciones en las materias que afectan a las garantías de los trabajadores", puntualiza.
"La mayoría de los países europeos reconocen legalmente el derecho de las personas trabajadoras a estar representadas en los consejos de administración de las empresas y a participar en las decisiones estratégicas a nivel de gobierno corporativo, una práctica conocida como cogestión", recoge el informe de expertos encargado por Trabajo. "Aunque España dispone de un sistema dual de representación laboral mediante comités de empresa y sindicatos, la falta de un mandato legislativo que garantice la representación de quienes trabajan en el nivel estratégico en los consejos de administración de las empresas privadas supone una desventaja significativa", concluyen.
La idea del ministerio que dirige Yolanda Díaz es promover una reforma legislativa que obligue a implementar estos modelos de cogestión. Contempla medidas como que un tercio de los puestos del consejo de administración sea para los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados. Cuando se trate de compañías de mayor tamaño, ese porcentaje se elevará hasta la mitad.
Otra cuestión que contempla es crear planes para que los empleados tengan acceso a la propiedad de la compañía, poniendo a su disposición un mínimo del 2% de las acciones cuando las empresas superen los 25 trabajadores. También amplía los poderes de los comités de empresa para "configurar y dar su consentimiento a la IA".
"Hay fórmulas de participación más y menos intensas, pero de lo que se trata ahora es de implementar algún marco nacional. Hay ya 19 países de la Unión Europea que tienen sistemas regulados y somos de los pocos que aún no lo tienen", subraya el economista, quien además insiste en que "no se puede confundir representación con participación".
La propuesta, que tendría que validarse en el Congreso, se debatirá este jueves en una mesa convocada por Trabajo y en la que CEOE y Cepyme han declinado participar. "Supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada", protestaba la patronal en un comunicado. "Plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone, al mismo tiempo, un nuevo desprecio a la negociación colectiva", remataban ambas agrupaciones empresariales.
¿Qué dice el informe del Ministerio de Trabajo?
La base teórica de la propuesta es que si los trabajadores ganan importancia en los procesos de gestión, en el diseño de los objetivos de la empresa y en el reparto de beneficios, la eficiencia económica, la calidad del empleo y la productividad mejorarán. Así, el "mandato legislativo" que quiere articular Trabajo descansa sobre el artículo 129.2 de la Constitución: "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".
Aunque para las patronales esta propuesta atenta, a su vez, contra el artículo 38 de la Constitución, “que preserva los principios de la libertad de empresa”, y contra el Estatuto de los Trabajadores, que "otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección", remarcan.
El análisis de los expertos de Trabajo señala que ya existen experiencias prácticas concretas donde se incluye representación sindical en los consejos de administración de las empresas. Aunque matiza que son "dispersas y poco conocidas", cita a Renfe, ADIF, Paradores Nacionales, Navantia, Hunosa, ENSA y el Grupo TRAGSA, todas ellas con participación pública. En cualquier caso, la representación nunca es tanta como para poder bloquear decisiones y solo está articulada a nivel de convenios o acuerdos entre sindicatos y empresas.
Marco europeo
Una de las razones que da el Ministerio de Trabajo para impulsar esta reforma es que la legislación de otros países de la Unión Europea ya contempla este tipo de normas. "La legislación de la UE y de algunos países ofrece la oportunidad a los representantes de los trabajadores en España de ocupar puestos en los consejos de administración o consejos de vigilancia de multinacionales con sede fuera de España", explican en el informe. Y ponen como ejemplo al grupo alemán Volkswagen, que cuenta con un representante español de su filial SEAT en el consejo de administración. También nombra otros casos como el de las compañías francesas Alstom e Imerys, en las que, en virtud de una ley estatal, se implementan modelos de gobernanza donde un representante de los trabajadores, elegido a través del comité de empresa europeo, se incorpora al consejo de administración.
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El texto elaborado por los expertos cuestiona el modelo de gobernanza empresarial que se da en España, señalando que ha adquirido "rasgos del modelo angloamericano, dando prioridad prácticamente absoluta a los intereses del accionariado sobre el resto de partes interesadas", resalta el estudio. Por otro lado, cuestiona el reparto de los beneficios: "España se sitúa entre los últimos de la UE en cuanto a medidas de fomento y apoyo a la participación de las personas trabajadoras en los beneficios de las empresas, independientemente de que participen o no en el capital de las mismas", concluyen.
¿Hacia el cooperativismo?
Las cooperativas son el modelo que Trabajo considera más democrático, pero hay otras organizaciones que el estudio considera como referentes y que agrupa bajo la etiqueta de "economía social". En este ámbito habría un total de 43.071 empresas que dan trabajo a 565.402 personas. "Entre ellas, 22.033 son cooperativas, 11.902 son sociedades agrarias de transformación, 6286 son empresas propiedad de los trabajadores (sociedades laborales), 2182 son centros especiales de empleo, 308 son empresas de inserción, 223 son mutuas de previsión social y 137 son cofradías de pescadores", detallan en el análisis.
"Las cooperativas de trabajadores y las sociedades laborales, en las que los trabajadores ejercen un control democrático, son las dos formas de empresa que más se ajustan al espíritu del artículo 129.2", concluyen los analistas. Pero no es este el objetivo de la medida. "No se trata, desde luego, de convertir las empresas en cooperativas. Lo que se persigue es organizar un sistema de participación de los trabajadores y no solo de representación, como se entendía hasta ahora", concluye el economista.
El Ministerio de Trabajo presentó en febrero un informe realizado por expertos sobre la democracia en el ámbito laboral. En este documento de más de 400 páginas se analizaba la participación de los trabajadores en la gobernanza de las empresas, el papel de la inteligencia artificial (IA) y proponía una serie de herramientas para que, entre otras cosas, los sindicatos entrasen en la dirección de las compañías. Para CEOE y Cepyme se trata de una medida "intervencionista" y Yolanda Díaz, titular de Trabajo, señalaba este martes a las empresas por "no hablar" de los márgenes de beneficio que obtienen y que se concentran "en muy pocas manos y sin redistribuir la renta".