Doscientos directivos de la empresa pública Tragsa cobran más que Rajoy

La rebaja a la mitad del número de despidos en el que iba camino de ser el mayor ERE en una empresa pública, implicará un recorte en los complementos que los directivos de Tragsa cobran por encima del salario establecido en el convenio colectivo. Al menos ése es uno de los compromisos de la empresa que han permitido desconvocar la segunda jornada de huelga prevista para hoy. Según CCOO, sólo en Tragsatec, una de las dos empresas del grupo, esa partida alcanza los 17 millones de euros para toda la plantilla, no sólo para los ejecutivos. Una de las quejas repetidas por los sindicatos de Tragsa se refiere a su “inflada” cúpula directiva: hasta 200 altos ejecutivos cobran más que el presidente del Gobierno, revela el portavoz de CCOO en la Tragsa, Javier Canales. El sueldo de Mariano Rajoy está fijado en 78.185,04 euros al año.

Sólo en la sede que la empresa tiene en la calle del Conde de Peñalver en Madrid, donde trabajan 504 personas, el coste medio del personal es de 109.000 euros, mientras que el coste medio de la plantilla en toda la empresa no supera los 35.000 euros. Sin embargo, entre los 836 despidos inicialmente previstos, únicamente 22 correspondían a cargos del organigrama, explica Javier Canales. En los últimos dos años se han eliminado del grupo unos 3.500 empleos, entre fijos y eventuales, pero sólo el 9% eran directivos.

Además, el portavoz de CCOO en Tragsatec, Claudio Landeira, asegura que la empresa ha seguido repartiendo entre el personal de dirección las retribuciones por objetivos –que son parte de esos complementos fuera de convenio–, pese a entrar en pérdidas pérdidas. Este ejercicio será el primero que el grupo termine en números rojos: 17 millones de euros en Tragsa y 10,5 millones en Tragsatec, según sus propias previsiones.

Rebaja salarial para todos

Además, el grupo público quiere aplicar a su plantilla una rebaja de sueldos que suma 12,4 millones de euros. En 2011 el convenio colectivo estableció una tabla salarial única por grupo y nivel profesional, que a juicio de la dirección se encuentra ahora “fuera de mercado” y, por tanto, pretende recortar.

También plantea reducir una hora la jornada diaria de algunos trabajadores y, proporcionalmente, su salario. En el caso de las suspensiones de contrato, propone que éstas se prolonguen hasta 70 días al año. Por su parte, los sindicatos intentarán que se incluya en las conversaciones la prejubilación de los 200 trabajadores mayores de 60 años que Tragsa tiene en su sector productivo, lo que implicaría un ahorro, destaca Javier Canales, de siete millones de euros.

Sobre esta batería de medidas deberán negociar los comités y la empresa hasta los próximos jueves y viernes, fechas en que termina el mes del periodo de consultas del ERE, como establece la ley. Los trabajadores ya realizaron una primera jornada de huelga el pasado jueves, que fue secundada por casi el 80% de la plantilla según los sindicatos convocantes, CCOO, UGT, CSIF, SIT, CGT, CIG, SIVEX y USIPA.

Deuda de 100 millones de euros

Desde el primero momento los comités de empresa criticaron el ERE amparándose en que los muchos años de beneficios conseguidos por Tragsa han permitido acumular al grupo unas reservas de 150 millones de euros. Además, recuerda Claudio Landeira, las administraciones públicas, su único cliente, le adeudan 100 millones de euros.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura, con un 38%; el Ministerio de Hacienda, con un 12%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas. Su misión es ejecutar para la Administración pública obras y servicios, a través de Tragsa, así como proyectos e ingeniería a través de Tragsatec. No puede rechazar las encomiendas de gestión que le haga el Estado, “aunque pierda dinero”, precisan los sindicatos, porque cobra según unas tarifas prefijadas.

Por ejemplo, por un auxiliar administrativo de los que tramitarán las becas para Educación Tragsa –una de las últimas encomiendas recibidas– percibe 14,36 euros por hora. Un titulado superior, dependiendo de su experiencia y especialización, cuesta entre 21,45 y 45,96 euros.

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"Errores" en las previsiones, plantilla sin trabajo

Los sindicatos también reprochan a la empresa que las cifras de despidos, y los argumentos sobre los que se sustentan, procedan de un informe de Reinforce Consulting basado en previsiones para este ejercicio, es decir, “en datos que no son reales y que han tenido que ser revisados ahora”. Según Canales, todo el cuadro económico del ERE se ha dibujado teniendo en cuenta “el peor de los escenarios posibles, el actual”. En concreto, se han utilizado las ratios de los meses en que la empresa tiene menos actividad. Tragsa concentra la mayor parte de sus trabajos, de carácter agrícola, forestal y veterinario, de abril a octubre. La dirección, cuenta Javier Canales, ha reconocido la existencia de “errores” en esos datos, pero la revisión que ha hecho a posteriori ha sido mínima y sólo permitía reducir en 96 trabajadores el número final de despedidos.

Y es que el argumento básico de Tragsa para presentar un ERE de esa envergadura estriba en que la plantilla está sobredimensionada y en que tiene “mucho personal con poca carga de trabajo”. Claudio Landeira lo niega y pone como ejemplo la delegación de Aragón donde, según las cifras iniciales de la empresa, sobra el 40% de la plantilla. Sin embargo, el delegado de Tragsa en ese territorio desmintió ante la Inspección de Trabajo, tras una denuncia sindical, que tuviera personal con baja ocupación y que su plantilla estuviera sobredimensionada. Por eso, Javier Canales exige “una reordenación de los recursos y los gastos de la empresa” para evitar el mayor número de despidos. Y destaca su capacidad de generar empleo: “Sólo en tareas de limpieza de montes Tragsa crea hasta 250 puestos de trabajo en cada una de sus actuaciones, en zonas donde no hay tejido industrial ninguno”.