Gas y Electricidad

Las eléctricas ofrecen una tarifa anual hasta 100 euros más cara para evitar sustos en el recibo

Manifestantes protestan para pedir luz a precio justo, en Santiago de Compostela este 1 de febrero.

Pagar más a cambio de saber de antemano el importe de la factura. El inmenso enredo que registra el mercado eléctrico tras la aprobación del nuevo sistema de facturación por horas que entró en vigor el 1 de abril  ha llevado a las compañías eléctricas a ofrecer una especie de "tarifa plana" anual que encarece entre 70 y 100 euros los mejores precios que se pueden obtener ahora mismo en el mercado libre o en el mercado a tarifa en el que están la mayor parte de los pequeños consumidores. Además, abandonar la tarifa plana una vez contratada y pasadas dos semanas, puede tener penalización.

El enredo es de tal calado que el Ministerio de Industria ha autorizado al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) a gastar cuartro millones de euros en una campaña de comunicación institucional para informar sobre los nuevos mecanismos de facturación de los llamados Precios Voluntarios al Pequeño Consumidor (PVPC) eléctricos, la antigua tarifa del ültimo recurso (TUR).

Las ofertas de las comercializadoras, la mayor parte de las cuales dependen de las grandes empresas eléctricas, no han supuesto ninguna sorpresa. Están hechas a regañadientes porque así lo recoge la nueva norma. El nuevo sistema de fijación de precios, que tiene en cuenta los precios del kilovatio en cada hora del día, es muy volátil y las compañías, en un contexto de caída de la demanda, no están dispuestas a pillarse los dedos: a cambio de estabilidad ofrecen precios más caros.

Desaconsejada y criticada

La tarifa plana, desaconsejada y criticada por las organizaciones de consumidores, es una de las tres opciones de que dispone el consumidor al tratar con las compañías suministradoras. Si tiene una potencia contrada inferior a los 10 KW puede acudir al mercado libre, negociando con la empresa que elija; puede acogerse al precio regulado, que desde el 1 de abril estará vinculado a la evolución del precio mayorista de contado o puede acogerse a la tarifa plana anual, más cara.

En el comparador de precios elaborado por la CNMC se observa que, para un consumidor de 3,3 kilovatios de potencia y 3.000 kilovatios hora anuales de consumo, el coste anual del precio regulado (PVPC) asciende en la actualidad a 650 euros, frente a los 723 euros de la oferta más cara de las presentadas por las eléctricas.

La comercializadora con la oferta anual más baja es EDP, con 687 euros anuales, frente a los 696 euros de Iberdrola, los 714 euros de E.ON, los 718 euros de Gas Natural Fenosa y los 723 euros de Endesa. Estas ofertas solo suponen el 44% del recibo final, ya que hay que añadir peajes, impuestos y otras variables.

La mayoría de los expertos y de las organizaciones de consumidores dudan que la tarifa plana tenga éxito. El enredo creado por el nuevo sistema de facturación, con precios de la luz distintos en cada hora, tiene que pasar el examen de la realidad a partir de junio.

Los nuevos contadores

Los consumidores que tengan contadores inteligentescontadores inteligentes (sólo hay siete millones) pagarán según el consumo horario. Para quienes no tengan contador inteligente, la factura recogerá la cotización media del mercado diario que Red Eléctrica de España proporcionará a las empresas comercializadoras. Un lío inmenso que organizaciones como Facua considera directamente ilegal.

Ayer mismo,  la Asociación General de Consumidores (Asgeco Confederación) desaconsejó a los consumidores contratar la nueva tarifa fija anual de la electricidad que las comercializadoras de referencia están obligadas a ofrecer.

Las asociaciones de consumidores sostiene que, según la Ley, los consumidores tienen derecho  a “ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios” , lo que no sucederá con el nuevo sistema.

Facua ha denunciado el sistema de facturación horaria en Bruselas. Considera que el real decreto 216/2014 supone una "clara discriminación" entre los consumidores, a quienes se aplican condiciones diferentes en función del tipo de contador del que dispongan. A esta circunstancia se suma "la falta de transparencia sobre los precios, que no son comunicados a los usuarios antes de su aplicación y resultan difícilmente entendibles para la gran mayoría". Estos aspectos, señala, contravienen el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

La complejidad del nuevo recibo ha llevado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Comptencia (CNMC) a advertir que "el consumidor debe conocer con claridad antes de contratar cualquier oferta de electricidad, las condiciones de la misma que figuren en su contrato, y en particular, el compromiso de permanencia, la obligación de contratación de otros servicios adicionales, la actualización de los términos de la oferta y los servicios adicionales al suministro ofrecidos sin coste alguno".

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