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Tasa Tobin

España y otros 10 países aplazan la tasa Tobin a 2016

España y otros 10 países aplazan la tasa Tobin a 2016

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España y otros diez Estados miembros de la UE –entre ellos Alemania, Francia e Italia– han anunciado este martes un acuerdo político "de mínimos" sobre la hoja de ruta para poner en marcha una tasa a las transacciones financieras. El nuevo gravamen se implantará por fases –empezando por las acciones y algunos derivados– para evaluar su impacto económico y su puesta en marcha se retrasa al 1 de enero de 2016.

Los países que pretenden implantar la denominada tasa Tobin, ha anunciado durante el Ecofin el ministro austriaco de Finanzas, Michael Spindelegger, han acordado "empezar gravando las acciones y algunos derivados". El objetivo es que cada paso hasta la plena aplicación de la tasa "se diseñe de forma que tenga en consideración que hay muchos impactos económicos sobre los que hay que ser muy cuidadosos".

Finalmente, si algunos de los Estados miembros participantes quiere gravar productos no incluidos en este acuerdo para mantener tasas nacionales existentes, estarán autorizados a hacerlo. Estos principios aparecen recogidos en una declaración conjunta suscrita por los países participantes. Eslovenia no ha suscrito la declaración por la caída del Gobierno y la convocatoria de elecciones, con lo que el grupo podría quedarse en 10 países.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que el acuerdo es un "mínimo denominador común" entre las posiciones de los países participantes y ha sostenido que la tasa será "prudente" y "cauta". "Vamos a analizar el impacto de la tasa en cada uno de los pasos que vamos a dar porque somos plenamente conscientes de las posibles consecuencias que esta tasa puede tener en los flujos de capital", ha apuntado.

El ministro ha dicho que el retraso hasta 2016 "no trastoca absolutamente nada" de los planes presupuestarios del Gobierno, que había incluido en el plan de estabilidad ingresos ya para el año que viene de 640 millones procedentes entre otras partidas, de la tasa. Esta partida, ha explicado, es un "cajón de sastre" que incluye también otras tasas menores.

Reino Unido se opone

La declaración política de mínimos ha sido muy mal acogida por algunos de los Estados miembros que no participan en la cooperación reforzada, en particular Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Hungría, Holanda, Luxemburgo o Malta. "No dudaremos en recurrir una tasa que tenga un impacto extraterritorial, perjudique a Reino Unido o a otros Estados miembros y perjudique al mercado interior", ha amenazado el ministro de Finanzas británico, George Osborne.

Ha sido precisamente el veto de Londres el que ha obligado a poner en marcha la tasa mediante una cooperación reforzada puesta en marcha por España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. Según la propuesta de Bruselas, la tasa gravará con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados.

Bruselas calcula que la tasa aplicada en 11 países permitiría recaudar, si se aplicara a todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en España. El objetivo de esta iniciativa es reducir las operaciones especulativas y hacer que la banca contribuya de forma equitativa a los ingresos públicos.

No será para combatir la pobreza

Por su parte, el Grupo Popular en el Congreso ha rechazado este martes comprometerse a que los futuros ingresos procedentes de la implantación en España de la tasa se destinen exclusivamente a paliar la pobreza en España y el mundo, y a luchar contra el cambio climático, como proponía el PSOE.

La iniciativa del Grupo Socialista también pedía al Gobierno extender la aplicación del impuesto a más operaciones de las inicialmente previstas con el fin de obtener la "máxima recaudación" y defendía "destinar el 50 por ciento del importe recaudado por este impuesto a la lucha contra la pobreza en España, y el otro 50 por ciento a la Ayuda Oficial al Desarrollo y la lucha contra el cambio climático".

La proposición no de ley del Grupo Socialista, que contaba con el respaldo de CiU y la Izquierda Plural, ha sido rechazada por los votos de la mayoría del PP.

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