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Gibraltar

España evita la lucha contra el fraude fiscal en Gibraltar

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El problema de Gibraltar no es la soberanía sino el paraíso fiscal que florece en sus escasos 6,5 kilómetros cuadrados. El Peñón, según los expertos consultados, se ha convertido en una “gigantesca lavadora de dinero negro”, de la que viven buena parte de sus escasos 30.000 habitantes y que está haciendo muy ricas a las más de 50.000 sociedades allí registradas. Gibraltar es una maquinaria financiera muy bien engrasada que nadie, ni el Reino Unido ni –paradójicamente– tampoco España, tiene interés en parar.

“No van en serio; de lo contrario, tomarían medidas contra los propietarios que figuran en las compañías creadas en Gibraltar”, se queja Juan Hernández Vigueras, miembro del consejo directivo de ATTAC España. El autor de La Europa opaca de las finanzas y sus paraísos fiscales offshore se refiere al Gobierno español y a su anuncio de medidas "legales" contra el Peñón. Gibraltar está excluido del territorio aduanero común, de la política agrícola común y del IVA. Pero, en teoría, está obligado a aplicar todas las directivas europeas, “desde las normas sobre la competencia hasta las relativas al blanqueo de capitales”, explica el miembro de ATTAC. Sin embargo, continúa, el Peñón presume de sus exenciones fiscales para las sociedades mercantiles, incumple la directiva sobre pago de intereses y cánones entre empresas, y contraviene el código europeo de conducta empresarial en materia tributaria.

En Gibraltar, las sociedades “calificadas”, antes denominadas “exentas”, no abonan impuesto de sociedades, ni impuesto sobre la renta, ni sobre el patrimonio ni IVA. Sólo se les exige el pago de una tasa anual de 200 libras (232,5 euros) y un impuesto del timbre de otras 10 libras. Estas compañías, en realidad, son “ficciones”, destaca Hernández Vigueras, sin actividad mercantil alguna. Su único activo puede ser, por ejemplo, una gran mansión en… Marbella, detalla Manuel Regal, portavoz de Gestha, la asociación de técnicos de Hacienda. Su titular debe ser un no residente, que sin embargo debe tener un testaferro que sí lo sea.

El dueño del dinero, siempre oculto

Con todo, los llanitos “no venden su baja fiscalidad” –que también–, sino más bien la “opacidad”: el dueño del dinero jamás será identificado. Como parte de su promoción comercial, la banca gibraltareña –una veintena de entidades, entre ellas Banco Santander y BBVA– promete revelar la identidad del titular de una cuenta únicamente “por requerimiento judicial en procesos relacionados con delitos graves”. De hecho, sólo el 30% de las peticiones efectuadas por jueces españoles a entidades gibraltareñas tiene respuesta, revela Manuel Regal.

“La Operación Ballena Blanca no habría sido posible sin un paraíso fiscal a 20 minutos de distancia en coche”Operación Ballena Blanca, asegura por su parte el presidente de ATTAC Andalucía, Carlos Martínez. En efecto, cuando en 2005 saltó a las primeras páginas de los periódicos el que llegó a ser el mayor caso de blanqueo de capitales jamás destapado en España, Gibraltar era parte fundamental de la trama. Doce millones de euros procedentes de la actividad del crimen organizado fueron lavados a través de un despacho de abogados de Marbella. Al frente, Fernando del Valle, que gestionaba un millar de sociedades, buena parte de ellas radicadas en el Peñón. Hubo 50 detenidos y 19 procesados. También conexiones con la petrolera rusa Yukos y con la Operación Malaya. Porque el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y su ex mujer, Mayte Zaldívar, también blanquearon su dinero en la colonia británica.

Los bandazos del Gobierno

Pese a la íntima relación de la especulación inmobiliaria y la corrupción en la Costa del Sol con el casi vecino Gibraltar, nunca ha habido una decisión política firme contra el paraíso fiscal. ATTAC llegó a pedir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que no reconociera personalidad jurídica para actuar en España a las sociedades radicadas en paraísos fiscales, tampoco a entidades cuyos titulares sean, directa o indirectamente, residentes en dichos territorios. La sugerencia, que apoyan también los inspectores de Hacienda, no ha tenido respuesta.

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Otra señal de la escasa voluntad política es el hecho de que Gibraltar ha firmado acuerdos para ceder información con 26 países, a fin de salir de la lista internacional de paraísos fiscales. Pero entre esas naciones no se halla España, que se niega a firmar acuerdo alguno con la colonia británica para no reconocerle una capacidad jurídica y política que sólo concede a Reino Unido. La soberanía por encima de la lucha contra el fraude.

Por no hablar de los bandazos de la política española respecto al Peñón. El Gobierno de José María Aznar concedió a los gibraltareños casi 100.000 líneas telefónicas en 2002; el de Rodríguez Zapatero, 60.000. Gibraltar las necesita para ampliar sus negocios por internet. Ahora, entre las medidas “legales” con que amenaza Mariano Rajoy, se ha citado enseguida la revisión de ese último acuerdo de 2006.

El sector financiero supone el 30% del PIB gibraltareño. Según las cifras del FMI que cita Juan Hernández Vigueras en su libro, la banca gibraltareña posee 12.600 millones de euros en activos depositados y gestiona otros 9.750 millones. Buena parte del negocio procede de la gestión del patrimonio de multimillonarios, unos 200 con domicilio fiscal en el Peñón, asegura el miembro de ATTAC. Mientras, los impuestos que no se pagan por el combustible que repostan los barcos dedicados al bunkering, o por el tabaco, o los puestos de trabajo que no crean las empresas de servicios que podrían asentarse en el Campo de Gibraltar, es dinero que se pierde, se lamenta Carlos Martínez: “El Peñón empobrece a todo su entorno”.

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