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Déficit público

El FMI duda de la independencia de la Autoridad Fiscal que proyecta el Gobierno

El FMI duda de la independencia de la Autoridad Fiscal y pide para ella un régimen como el del Banco de España

El FMI no está satisfecho con el diseño que el Gobierno ha hecho de la Autoridad Fiscal Independiente. Quiere un organismo “más fuerte” que actúe como “árbitro para separar la presión política de la consolidación [fiscal] racional y efectiva”. Y cree que para ejercer ese papel el mayor “riesgo potencial” son las dudas sobre su “independencia (real o percibida)”. Para ello, recomienda que se confiera a la Autoridad Fiscal “una independencia similar a la del Banco de España” o que se configure como una entidad dependiente del Banco de España, “con un presidente designado por el Rey a petición del presidente del Gobierno”, en lugar de por el ministro de Hacienda como ahora.

El FMI también invita a incluir otra cautela: aumentar de tres a cinco años el mandato del presidente de la Autoridad Fiscal, de forma que exceda los cuatro años del ciclo electoral. Según el diseño del Gobierno, el presidente puede renovar el cargo otros tres años, una posibilidad que el Fondo desaconseja igualmente.

A juicio del organismo internacional, el hecho de que el presidente de la Autoridad Fiscal sea nombrado por el ministro de Hacienda no sólo compromete su independencia, sino que además añade otras “limitaciones prácticas”. Al otorgársele el rango de subsecretario, se fija un tope salarial –59.451,39 euros al año– que, junto con la prohibición de ejercer durante los dos años siguientes a su cese ninguna actividad profesional relacionada con el cargo, puede también limitar el número de candidatos, asegura el FMI.

Por el mismo motivo, prefiere que la plantilla de la Autoridad Fiscal tenga un régimen similar a la del Banco de España, “con sus propias normas de contratación y despido, y su propia escala salarial”. Según el proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo, el personal del nuevo organismo estará integrado por funcionarios o personal laboral, que se regirán por el Estatuto Básico del Empleado Público.

De acuerdo con el diseño del Gobierno, el presidente de la Autoridad Fiscal deberá designarse “entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de 10 años en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público”. En él, añade, se valorará “especialmente su independencia y objetividad de criterio”.

Control mensual y con sanciones

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Para el FMI, la independencia del organismo debe estar garantizada al máximo porque debe ejercer un “papel clave en cimentar la consolidación fiscal”. Y ello tendría que llevarse a cabo mediante controles mensuales de las posibles desviaciones presupuestarias en que puedan incurrir las comunidades autónomas, “liberando al Gobierno central de esa presión”.

Además, recomienda que la Autoridad Fiscal publique comparaciones de gasto de las administraciones autonómicas, identificando a las que mejor se comporten y cuáles son las actuaciones más eficaces para controlarlo. Sería también la responsable de “estudiar los factores que aumentan el gasto a largo plazo en todo el país, incluyendo la financiación de la sanidad y la educación”.

Así, la Autoridad Fiscal debería ser fundamental, con sus informes, en el esquema elaborado por el FMI para sancionar a las comunidades autónomas que se desvíen de los objetivos de déficit marcados. El organismo internacional se queja de que ninguna comunidad autónoma haya sido sancionada pese a que sólo una ha cumplido con los objetivos de 2012. La propuesta del Fondo incluye una advertencia “informal” si se incumple el objetivo de un mes, una advertencia “formal” o “tarjeta amarilla” si son dos meses consecutivos –acompañada de subidas de impuestos y condicionando líneas de crédito–, y finalmente la intervención del Ministerio de Hacienda o “tarjeta roja” en el caso de tres meses de desviación.

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