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LA NUEVA LEGISLATURA

Las grandes promesas laborales del PSOE se evaporan en el acuerdo con Ciudadanos

Las grandes promesas laborales del PSOE desaparecen en el pacto con Ciudadanos

“La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será derogar la reforma laboral de Rajoy”.derogar la reforma laboral Fue la promesa de Pedro Sánchez, una vez superadas las divisiones en su propio partido y los titubeos públicos sobre la conveniencia de anular una reforma que ha infligido un “intolerable recorte de los derechos de los trabajadores” y una “constante devaluación de sus condiciones salariales”, como proclamaba el PSOE durante la pasada campaña electoral.

Sin embargo, en el Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso firmado por los socialistas y Ciudadanos, la primera víctima ha sido el compromiso de derogar la reforma laboral. Encabezaba el catálogo socialista de medidas “urgentes” en materia de empleo. Pero en el reciente pacto de gobierno ni se menciona. También ha desaparecido la rotundidad con que el PSOE exigía la supresión de otras iniciativas estrella de la reforma laboral de 2012.

CAMBIO UNILATERAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Así, los socialistas ya no proponen eliminar el procedimiento que “permite al empresario de forma unilateral” cambiar las condiciones de trabajo. Ahora, el empresario podrá seguir modificando de igual forma “la estructura y la cuantía del salario”, aunque sólo hasta un máximo del 5% y durante un periodo de 12 meses, tras los cuales deberá renegociar una prórroga del recorte.

PRIORIDAD DEL CONVENIO SECTORIAL SÓLO EN SALARIOS Y JORNADA

Lo mismo ha ocurrido con la prioridad del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, una de las medidas de la reforma de 2012 más criticadas por los sindicatos. Antes, el PSOE planteaba su supresión salvo pacto en contrario firmado por la patronal y los sindicatos. Tras negociar con Ciudadanos, sólo prevalecerá el convenio sectorial sobre el de empresa en materia de jornada y salario base. Para el resto de las cuestiones, mandará siempre el contrato de empresa.

UGT y CCOO han saludado los puntos sobre negociación colectiva del acuerdo. Ambos sindicatos creen que se recupera la “autonomía colectiva” y el Diálogo Social. “La música no suena mal, se percibe que hay vocación de salir al paso del desaguisado en que las dos últimas reformas metieron a las relaciones laborales”, asegura el secretario de Organización de CCOO, Fernando Lezcano. El acuerdo conserva la propuesta socialista de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores a partir de la negociación de los agentes sociales durante un año. Igualmente se mantiene en la propuesta conjunta de PSOE y Ciudadanos la extensión de la ultraactividad  –prórroga automática de los convenios colectivos una vez caducados y mientras se negocia su renovación–  de los 12 meses actuales a 18. Si, transcurrido ese plazo, empresa y sindicatos no han alcanzado un acuerdo, deberán acudir al arbitraje. También ha sobrevivido la exigencia socialista de suprimir el arbitraje en última instancia sobre descuelgues que la reforma de 2012 encargó a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios, otro procedimiento polémico que contó con el rechazo sindical.

BIENVENIDO EL CONTRATO DE EMPRENDEDORES Y EL DE TIEMPO PARCIAL

En el acuerdo con Ciudadanos se ha evaporado la supresión del contrato de apoyo a los emprendedores propuesta por el PSOE, una creación polémica desde su mismo nacimiento porque incluye un periodo de prueba inusualmente largo, un año, que sus detractores consideran la puerta al despido libre y gratuito  –si no supera el plazo de prueba, el trabajador no recibe indemnización alguna–. Además, se ha caído de la lista de iniciativas contra la precariedad el mayor control sobre los contratos a tiempo parcialmayor control sobre los contratos a tiempo parcial que el PSOE reclamaba en la campaña electoral. O la equiparación salarial de los trabajadores subcontratados con los empleados por la empresa principal.

CAUSAS DE DESPIDO MÁS CLARAS

Nada dice tampoco el acuerdo con Ciudadanos de recuperar las indemnizaciones de despido de 45 días en los despidos improcedentes –aunque Pedro Sánchez ya se manifestó durante la campaña en contra de recuperarlas–, ni de que los despidos colectivos vuelvan a necesitar autorización administrativa, que fue suprimida por la reforma de 2012. Otro de los aspectos más polémicos de la nueva regulación de los despidos fruto de la política del PP fue la definición de sus causas. Antes, los socialistas querían “recuperar la proporcionar y la razonabilidad” de las causas, que consideraban “desvirtuadas” por la reforma laboral. Ahora, se conforman con “clarificarlas mejor” a fin de “reducir una excesiva litigiosidad interpretativa”. Sin más precisiones.

Hay que recordar que fue la reforma laboral de 2010, ejecutada por el PSOE, la que introdujo la posibilidad de despedir por causas económicas sólo con que el empresario alegara “previsión de pérdidas”. La reforma del PP refrendó ese argumento e incluyó también la caída de los ingresos o ventas como causa económica. En estos años de miles de despidos, las empresas no han dejado de quejarse por las sentencias judiciales que los anulan o declaran improcedentes por culpa de la definición poco clara de las causas que podían alegar, también por el protagonismo que la ley concede a los defectos formales.

CONTRATO ÚNICO PERO TEMPORAL

Lo más llamativo del acuerdo en materia laboral es, sin duda, que el PSOE le ha comprado a Ciudadanos su medida más mediática: el contrato único con indemnización creciente. La idea lleva la firma de Luis Garicano, asesor económico del partido de Rivera y antiguo investigador de Fedea, una fundación en cuyo patronato figuran las principales compañías y entidades financieras del país. Según Fedea y Ciudadanos, el contrato único acabará con el abuso de los contratos temporales en España, un mal crónico del mercado laboral desde 1984. Entonces el PSOE descausalizó el contrato temporal, cuyo número creció hasta el punto de que cada mes hasta el 95% de los contratos que se registran en España son de este tipo. España tiene la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea, sólo superada por Grecia.

El caso es que PSOE y Ciudadanos pretenden, si gobiernan, que sólo existan tres tipos de contrato: indefinido, de formación y relevo, y un nuevo “contrato estable y progresivo” que es como llaman al contrato temporal. Tendrá una duración máxima de dos años, a no ser que el convenio colectivo decida alargarlo. Otra cesión socialista más: en su programa electoral el PSOE restringía a un año prorrogable a dos si así lo establece el convenio colectivo la extensión del contrato temporal.

Ciudadanos incorpora a su contrato único, que obviamente ha diseñado como un contrato indefinido, una indemnización por despido creciente según la antigüedad del trabajador. Ahora, con el PSOE, ha añadido esa indemnización a un contrato temporal: 12 días el primer año –la misma que tienen ahora los contratos temporales–, y 16 días el segundo, si la empresa prescinde del trabajador de forma procedente, por causas económicas, organizativas o productivas o porque ha finalizado su trabajo –contratos por obra–. Si un juez decide que la empresa ha incurrido en un despido improcedente, la indemnización será de 20 días el primer año y de 33 el segundo.

Además, Ciudadanos ha incluido en la propuesta de gobierno la llamada “mochila austriaca”, un fondo individual que cada trabajador alimentará con una parte de sus cotizaciones y las que haga también la empresa. Esa “mochila” podrá rescatarla si es despedido –serán ocho días de la indemnización total a que tenga derecho– o acumularla hasta la jubilación. Se trata de una figura aplicada en Austria a partir de 2003 y cuya introducción en España se discutió ampliamente antes de la reforma de 2010 pero que fue desechada: no convencía ni a la patronal –que no quería pagar más cotizaciones– ni a los sindicatos, que alertaron de la caída de las indemnizaciones que se había producido en Austria. Allí la mochila se nutre del 1,53% del sueldo de cada asalariado. En ese país, además, el Estado invierte el fondo sobre todo en renta fija, en bonos, que son más seguros, aunque también una parte lo coloca en renta variable.

Fuentes del PSOE explican que la mochila austriaca se aplicará a todos los nuevos contratos, tanto indefinidos como temporales. Sin embargo, fuentes de Ciudadanos aseguran que sólo la incorporarán los nuevos temporales “estables”.

“Veo una impronta de Ciudadanos [en el acuerdo de gobierno]”, apuntó el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “sobre todo en lo relativo al contrato único, que aparece nítidamente reflejado en el documento”. El número dos de UGT, Toni Ferrer, ha tachado de “claramente inapropiado” que se denomine “contrato estable” lo que “no deja de ser un contrato temporal”.

EL SALARIO MÍNIMO SÓLO CRECERÁ UN 1%

El PSOE ha renunciado a reclamar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que en dos legislaturas debía colocarlo en el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea y prometía en su programa electoral. Tras negociar con Ciudadanos, la propuesta se limita a reclamar una subida de sólo el 1% para el próximo año, exactamente el mismo porcentaje en que lo incrementó el Gobierno del PP este ejercicio.

INGRESO MÍNIMO VITAL Y COMPLEMENTO SALARIAL CON LA MITAD DE FONDOS

La propuesta de gobierno de PSOE y Ciudadanos incluye tanto el Ingreso Mínimo Vital del primero como el Complemento Salarial Garantizado del segundo. El primero es una prestación para familias sin ingresos que, según los cálculos socialistas, supondría un desembolso público de 6.000 millones de euros al año. El segundo ha sido diseñado por el partido de Albert Rivera como una prestación para los hogares con rentas más bajas, estructurada en tres tramos y que se modulará según vaya aumentando el salario del trabajador. Ciudadanos cifraba en 7.800 millones de euros anuales el coste de la medida. La aplicación conjunta de ambas prestaciones implica el recorte de estas dos partidas a la mitad. Según fuentes del PSOE, la cantidad total que se destinará al Ingreso Mínimo Vital, las prestaciones por hijo y el Complemento Salarial Garantizado no podrá superar los 7.000 millones.

PRIORIDAD Y MÁS RECURSOS PARA LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

La falta de definición de las medidas referidas a la reforma laboral se contrapone a la amplitud y detalle con que el acuerdo de PSOE y Ciudadanos aborda la necesidad de impulsar las políticas activas de empleo. La lucha contra la tasa récord de paro y, sobre todo, contra el paro de larga y muy larga duración –más de un año y más de dos años sin trabajar, respectivamente– se convierte en una prioridad absoluta para ambos partidos. Así, piden que se duplique el presupuesto para este capítulo, después de años de recortes. También coinciden en que las bonificaciones y deducciones de cuotas a las empresas –las tarifas planas de cotizaciones que ha creado el Gobierno del PP– son ineficaces, deben ser eliminadas y reorientadas hacia “programas para reintegrar a los parados al mercado laboral”.

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Con ese objetivo se mantiene el Plan de Recolocación Externa de Trabajadores Despedidos, para mayores de 45 años, propuesto en su día por el PSOE. Pero se añade un Plan de Choque contra el Paro de Larga Duración, que incluirá subvenciones a las empresas que los contraten, un Plan de Reintegración Laboral, que quintuplicará el presupuesto actual del Plan Prepara  –para mayores de 45 años que hayan agotado las prestaciones–, y, finalmente, una Renta de Reintegración, vinculada a cursos de formación y sin límite de tiempo de cobro.

La recuperación del subsidio para mayores de 52 años, que el PP retrasó hasta los 55 para luego restringir el acceso a esta ayuda de 426 euros, la ha conservado el PSOE en su acuerdo con Ciudadanos.

A cambio, ha cedido en otra cuestión relacionada con la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Si en su programa electoral exigía una cuota mínima del 40% para las mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas y de las compañías públicas, el acuerdo con Ciudadanos se limita a “inducir” a las sociedades cotizadas –nada dice de las públicas– a “adoptar medidas” para aumentar la representación de mujeres en los cargos directivos y los consejos de administración a fin de llegar “al menos” al 40%.

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