Seguridad Social

Planes privados de pensiones: injustos, caros, poco rentables y accesibles sólo para las rentas altas

La marcha por las pensiones dignas terminó en Madrid.

El último sobresalto lleva la firma de la OCDE, pero el goteo de alertas advirtiendo de los peligros que se ciernen sobre el sistema público de pensiones y la conveniencia de apuntalarlo con fórmulas alternativas de ahorro es constante. El más reciente informe del club de los 35 países más ricos destacaba que en España casi el 100% de la desigualdad salarial se transmite a las pensiones, ya que éstas son el resultado de las aportaciones realizadas al sistema público durante la vida laboral, mientras que los complementos privados son casi inexistentes.

Dos semanas antes el FMI advertía de que las pensiones públicas no pueden “cubrir todos los ingresos que un jubilado necesita”. “Si existe tal expectativa, tiene que dejarse claro que no puede cumplirse”, conminaba el organismo internacional, que señalaba a continuación el “ahorro privado” como “fuente lógica” para “reemplazar la reducción de ingresos” que adivina inevitable de las pensiones públicas.

También este mismo mes el servicio de estudios del BBVA publicaba uno de sus habituales documentos sobre las pensiones públicas, que incluye una serie de “propuestas de mejora”. Entre ellas, blindar la pensión mínima para luego potenciar el “ahorro complementario” a fin de compensar la reducción de la pensión media sobre el salario medio. Y ofrece como ejemplos que convendría imitar los sistemas británico o sueco.

Mientras se suceden los avisos, la Comisión del Pacto de Toledo debate sus recomendaciones para una nueva reforma de las pensiones. Lleva todo el año escuchando las opiniones de economistas, sindicatos, los representantes de las aseguradoras, los fondos de inversión y las mutuas, altos cargos de la Administración… Uno de ellos fue Rafael Domenech autor del citado informe del BBVA. Pero también acudieron los presidentes de las patronales del seguro, Pilar González de Frutos (Unespa), y de los fondos de inversión (Inverco). Ambos propusieron la misma fórmula para complementar las pensiones públicas y superar así las “tensiones” demográficas y de sostenibilidad que amenazan al sistema público: los planes de empresa semiobligatorios al estilo del Reino Unido.

La idea es “diversificar las fuentes de ingresos” para los futuros jubilados, creando un “sistema de capitalización colectiva”. Los trabajadores quedan adscritos por defecto a un sistema de ahorro incluido en el convenio colectivo. La empresa aporta a ese plan un 2% de las cotizaciones que ahora paga a la Seguridad Social, y el empleado otro tanto. Es decir, la Seguridad Social perdería ese 4% de ingresos. “Esto no es privatizar el sistema de pensiones, porque no hablamos de trasladar recursos del sistema de bienestar, sino de crear nuevos recursos”, apuntó González de Frutos ante los diputados del Pacto de Toledo, “además, la propia Seguridad Social podría crear un operador público que ofrezca estos esquemas de previsión social”.

Las sugerencias del BBVA y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) –uno de cuyos investigadores, José Ignacio Conde Ruiz, también compareció en la comisión parlamentaria– van en otra dirección: las cuentas nocionales. Dicen que seguiría siendo un sistema público y de reparto –es el que poseen Suecia e Italia– y que incentivaría el ahorro para la jubilación. Incluso lo presentan como “más sencillo, transparente y justo”.

Son muchas, por tanto, las voces que empujan hacia el ahorro privado. Como el mismo Banco de España, cuyo gobernador, Luis Linde, ya activó todas las alarmas cuando en 2015 tachó de “inexorable” el recorte de las pensiones públicas e instó a los jóvenes a ahorrar. “Necesitamos ahorrar más”, apremió por su parte la presidenta de Unespa ante la Comisión del Pacto de Toledo, “y tenemos que empezar ya”.

Salarios con los que no se puede ahorrar

El problema es que todas esas llamadas a hacer de la previsión virtud se producen justo cuando la tasa de ahorro de los españoles se ha hundido a niveles “históricamente” bajos, por utilizar una expresión del Banco de España. Según sus últimos datos, del primer trimestre del año, la tasa bruta de ahorro de los hogares es de sólo el 7% de sus rentas disponibles, la mitad que en 2009. Sólo en el último año ha caído 1,2 puntos porcentuales. Para el segundo semestre, el Instituto Nacional de Estadística anota una tasa de ahorro inferior, del 6,5%, en sus Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales.

No es de extrañar si se tiene en cuenta que durante los años de crisis el ahorro se ha destinado, más que nunca, a pagar la hipoteca de la vivienda. Y que, además del aumento histórico del número de parados, los salarios se han resentido. Bien por los recortes aplicados por las propias empresas, bien por la precarización de los contratos. Los jóvenes, los trabajadores temporales y a tiempo parcial son quienes más sufren el deterioro de las nóminas: un asalariado con un contrato eventual tiene un sueldo medio de 16.422 euros brutos anuales; es decir, gana 8.139 euros menos que otro con contrato indefinido, según la última Encuesta de Estructura Salarial, con datos de 2015. Si se trata de un contratado a tiempo parcial, gana de media 10.065 euros al año, casi la tercera parte que otro con jornada a tiempo completo.

Como consecuencia, el 38% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, el 39,5% no puede irse de vacaciones y el 15,3% llega a fin de mes “con mucha dificultad”, según la Encuesta de Condiciones de Vida. Y el 8,2% se retrasa en el pago de los gastos de la vivienda. Por su parte, una encuesta de Adicae revelaba que en 2014 dos de cada tres menores de 36 años no podía ahorrar ni un euro al mes. Lo mismo le ocurría al 84% de los desempleados.

¿Cómo se puede ahorrar cuando los salarios sólo han crecido una décima desde 2009 hasta 2015? Ésa es la anémica subida que les atribuye el Índice de Precios del Trabajo recién publicado por el INE. Además, si se les compara con el alza de la inflación, en ese periodo los sueldos han perdido 7,5 puntos de poder adquisitivo.

Aunque no es la atonía salarial el único motivo que aleja a los españoles del ahorro privado. También la escasa rentabilidad de los planes de pensiones y sus altos costes frenan la expansión de estos productos financieros. Según un informe de la OCDE, España tiene una de las rentabilidades más bajas en planes de pensiones de toda la organización, un 1%, lejos de la media del 2,4% y a distancia galáctica del 8,1% de Irlanda o del 7,2% de Dinamarca. Lo repite cada año el estudio del profesor del IESE Pablo Fernández: sólo tres de los 335 planes con al menos 15 años de antigüedad superan la rentabilidad del ÍBEX 35, que en ese plazo tuvo unos rendimientos superiores al 5,24% anual.

Pierden un millón de partícipes desde 2008

Pero, además de poco rentables, los planes de pensiones son caros. Por culpa de las comisiones que cobran, superiores a las de los fondos de inversión. El Gobierno intenta incentivar estos productos rebajándolas. En 2014 las recortó del 2,5% al 1,5%, y este mismo año del 1,5% al 1,25%. Esta última rebaja la prepara en un proyecto de real decreto que acaba de sacar a consulta pública y será aprobado en Consejo de Ministros en unos seis meses. Entonces, la comisión máxima de gestión de los fondos de renta fija se reducirá hasta el 0,85%, la de los fondos de renta fija mixta hasta el 1,3% y hasta el 1,5% para el resto. Las comisiones depositarias disminuirán del 0,25% al 0,2%. Según el Gobierno, estas rebajas permitirán elevar la rentabilidad neta de los planes en unos 67 millones de euros anuales y, por tanto, los harán más “atractivos” para el trabajador. No obstante, Inverco ya ha advertido de que la trasposición a España de la directiva europea MiFID II, sobre instrumentos financieros, aumentará la transparencia, porque obliga a facilitar más información al cliente, pero también se traducirá en un “encarecimiento del servicio”. Más comisiones.

Otra medida del Gobierno para potenciar los planes privados se refiere a las posibilidades de rescate. Hasta ahora, el dinero permanecía cautivo hasta el momento de la jubilación. Sólo se podía hacer uso de él en caso de enfermedad grave o de desempleo de larga duración. Cuando se apruebe el real decreto aún en preparación, se podrán rescatar a los 10 años.

Lo que no ha cambiado es su tratamiento fiscal: pese a que mientras el usuario hace aportaciones –hasta un máximo de 8.000 euros– puede deducirse impuestos, cuando lo rescata, tributa por todo lo aportado, y lo hace como rendimiento del trabajo, no del capital.

En definitiva, y pese a la bajada de las comisiones, el hecho cierto es que el número de partícipes en estos planes no ha dejado de bajar en los últimos años. Eran 8,64 millones en fondos individuales a fecha de diciembre de 2008, según las estadísticas de Inverco, y en junio de este año se habían quedado en 7,63 millones. Han pedido un millón de clientes durante la crisis y la recuperación.

“Ahorrar mucho durante mucho tiempo”

“Los planes individuales de pensiones están plagados de problemas para el ciudadano medio”, resume Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. A su juicio, son “injustos” porque “obligan a los trabajadores actuales a pagar dos pensiones: la de los jubilados actuales, a través de sus cotizaciones, y su pensión futura, a través de los planes privados”. También son inasequibles para las rentas más bajas, que carecen de capacidad de ahorro, e incluso para las rentas medias “debido a que la mayor parte de ellas se destinan al pago de la vivienda”. Además, como su rentabilidad es muy baja, obligan a acumular un capital considerable a lo largo de muchos años. “No basta con ahorrar un poco, es necesario ahorrar mucho durante mucho tiempo”, apunta.

En concreto, Zubiri calcula que, con una renta media bruta de entre 25.000 y 35.000 euros, un trabajador debe ahorrar cada año un 7,5% de su salario neto durante 30 años a fin de obtener un complemento privado para su pensión pública equivalente sólo al 10% de su sueldo durante 23 años a partir de su jubilación. Siempre contando con que su plan privado le proporcione esa rentabilidad media del 1% de la que habla la OCDE. Así, resalta, con ese porcentaje embargado del salario, un plan privado individual no es una opción ni para quien ya ha cumplido los 45 años ni para los más jóvenes, con sueldos muy bajos.

Además, Ignacio Zubiri rechaza que estos planes se incentiven fiscalmente. No sólo porque duda de que sea legítimo dedicar dinero público a financiar planes privados mientras el sistema público tiene problemas financieros. También porque los mayores beneficiarios de esas deducciones resultan ser las rentas más altas, “precisamente quienes menos las necesitan”. De acuerdo con los cálculos que incluye en el libro ¿Cobraremos la pensión?, mientras que más de la mitad de la población sólo consigue deducirse unos 300 euros en el IRPF por sus planes de pensiones, los más ricos logran un ahorro fiscal superior a los 4.000 euros. “Esto no es sólo palmariamente regresivo sino, además, absurdo”, dictamina. Su diagnóstico es contundente: “Los incentivos fiscales ayudan a sostener una industria con unas comisiones altas y rentabilidades bajas”.

Así no es de extrañar que en España los activos de los fondos de pensiones representen menos del 10% del PIB, frente a una media del 37% en la OCDE.

Un negocio para los bancos

Los planes de empresa promovidos por Inverco y Unespa también tienen sus problemas. Restan ingresos a la Seguridad Social, aquejada de un déficit que este año llegará al 1,5% del PIB. El 4% de cotizaciones que, según Inverco, dejaría de cobrar el sistema se traduciría en “pensiones más bajas o en más impuestos para cubrirlas”, explica Ignacio Zubiri. Esa cantidad, en cambio, iría a parar a las gestoras de los planes, que se convertirían en las principales beneficiarias, añade el catedrático. “Para los jubilados sería un complemento a su pensión muy pequeño, pero para los bancos y aseguradoras, un gran negocio”, concluye.

Por su parte, el profesor de la Universidad Complutense e investigador de Fedea Alfonso R. Sánchez rechaza que “se empuje ciegamente a la gente a ahorrar más de la forma en que se está haciendo ahora, con una industria muy bancarizada, poco competitiva, muy cara y poco transparente, y con usuarios poco formados”.

En su opinión, debería facilitarse el acceso de los ciudadanos a “asesores independientes” que les orienten sobre las mejores opciones. “Por ejemplo, puede resultar mucho más razonable para un trabajador invertir en su educación y en adquirir nuevas capacidades”, detalla. Invertir a medio plazo en un curso de inglés o en curso de especialización. “Eso aumentará su renta futura y, por tanto, su pensión”, resalta.

Pensiones dignas con tres puntos más del PIB

El catedrático de la Universidad del País Vasco rebate que el objetivo de un sistema público de pensiones deba ser el mismo que el de uno privado. “Es posible conseguir pensiones mejores, con más impuestos, gravando los rendimientos del trabajo y del capital, o trasladando el aumento del coste a generaciones más lejanas emitiendo deuda”, recalca, aunque dice que tal cosa es considerada ahora poco menos que como una “herejía”.

Según sus cálculos, la economía española genera recursos suficientes para pagar pensiones un 30% superiores a las que resultan de las reformas de 2011 y 2013. Ignacio Zubiri considera que con sólo tres o cuatro puntos más de PIB en la partida del gasto, España tendría un “sistema público de pensiones digno”. “Lo que no puede ser es que las pensiones pierdan poder adquisitivo”, protesta Zubiri, “la revalorización del 0,25% [impuesta por la reforma de 2013] es la más dura de Europa”.

Para conseguir ese sistema de pensiones digno, la fórmula del catedrático de Hacienda Pública es retrasar obligatoriamente la edad de jubilación a los 67 años “para todos, sin excepciones”, revalorizar las pensiones según el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad [el recorte que se aplicará a partir de 2019 a todas las pensiones iniciales según la esperanza de vida de cada generación] y reformar el sistema fiscal. “No puede ser que el aumento del coste de las pensiones recaiga sobre quien envejece”, rebate Ignacio Zubiri, “sino que debe repartirse entre generaciones y picos de renta”.

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