SUBVENCIONES A LOS CONTRATOS

El PP se olvida de la ‘hucha’ de las pensiones: pide prorrogar la tarifa plana que ahonda el déficit de la Seguridad Social

Rajoy deja la 'hucha de las pensiones' con menos de la mitad de los fondos que se encontró en 2011

Haciendo caso omiso a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), a los expertos, al Congreso e incluso al propio Gobierno, el PP vuelve a pedir la prórroga de las subvenciones a los contratos indefinidos. Ya lo hizo el pasado mes de abril, cuando la Cámara Baja rechazó una proposición de ley para ampliar cuatro años más la exención de 500 euros en las cuotas a la Seguridad Social a las empresas que firmen contratos indefinidos con sus trabajadores. Ahora, al filo de la formación del nuevo Gobierno, el PP vuelve a la carga, esta vez con una proposición no de ley, pero con idéntico objetivo: cuatro años más de exención para los contratos nuevos y para las conversiones de temporales en fijos.

El acuerdo de los expertos sobre la ineficacia de estos incentivos a la contratación, sobre todo cuando se aplican de forma generalizada, es general. Pero con el déficit de la Seguridad Social escalando hasta cifras récord, además, han saltado las alarmas sobre el agujero que las exenciones de cuotas hacen en las cuentas del instituto público. Este año, el desfase ascenderá a 18.000 millones de euros. Y el próximo, la hucha de las pensiones amenaza con quedarse a cero, tras haber sido casi vaciada para hacer frente a los pagos de las dos extras anuales durante los últimos cuatro años.

Lo destacan los sindicatos CCOO y UGT, también los partidos de la oposición. Incluso el mismo Ejecutivo eliminó casi todos nada más empezar la legislatura, en 2012. El decreto de 13 de julio que los suprimió situaba estos incentivos entre los gastos con “efectos más débiles” sobre los agentes económicos. Por tanto, debían desaparecer para reducir el déficit. El Gobierno se amparaba entonces en el criterio de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (Aeval). A su juicio, estos incentivos “no producen ningún efecto en el incremento del empleo ni en la disminución del desempleo”.

Sin embargo, el Gobierno los fue recuperando poco a poco, hasta convertirlos en una de sus medidas más publicitadas: las tarifas planas, primero de 100 euros y, desde 2015, de 500 euros en las cotizaciones por contingencias comunes. De hecho, ha quintuplicado la cuantía de las reducciones de cuota desde 2012. Entonces ascendieron a 441,7 millones de euros; para este año la Seguridad Social ha presupuestado 2.100,79 millones.

Lo que no quiere decir que el Gobierno no sea consciente del descosido que le está haciendo a las frágiles cuentas de la Seguridad Social. El Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo que el Ministerio de Empleo envió a la citada comisión parlamentaria apenas unos días antes de que se votara en el Congreso la proposición de ley del PP, el pasado abril, advierte de que los incentivos a la contratación “ponen en riesgo” el pago de prestaciones públicas –pensiones, subsidios y ayudas sociales–. Además de generar “efectos negativos sobre el equilibrio presupuestario del sistema, alterando el balance económico-patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social”.

La Seguridad Social avisa

Existen dos tipos de incentivos para el fomento del empleo. Las reducciones de cuota –como es el caso de la exención de 500 euros–, que se cargan al presupuesto de la Seguridad Social, y las bonificaciones, que sufraga el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, por tanto, no suponen un recorte de ingresos para el sistema. Hasta 2015, la partida de las reducciones de cuotas era inferior a la de bonificaciones. Pero en los dos últimos ejercicios Empleo ha invertido la proporción y las reducciones suponen más de la mitad del presupuesto total de incentivos. De hecho, para este año han llegado a su máximo histórico: son el 56,2% de las subvenciones para fomentar la contratación.

En ese informe de abril, la Seguridad Social se enmendaba la plana a sí misma y en sus explicaciones a la Comisión del Pacto de Toledo reclamaba que las “futuras medidas” para el fomento del empleo se instrumentaran “por la vía de las bonificaciones y no por la de las reducciones, para no afectar gravemente a la viabilidad del sistema”. En caso contrario, advertía, “se experimentaría una importante rebaja de los ingresos que aumentaría su déficit y reduciría la garantía de la cobertura para las prestaciones contributivas”. También se mostraba partidaria de que tanto las bonificaciones como las reducciones de cuotas se sufraguen con cargo a la “fiscalidad general”, a los impuestos, en lugar de a los presupuestos de la Seguridad Social como ahora.

Pero el aviso ha caído en saco roto, porque no sólo el PP ha presentado una nueva proposición en el Congreso para prorrogar cuatro años más la subvención de cuotas a las empresas, sino que además la exención de 500 euros es una de las medidas incluidas en el pacto de investidura que Mariano Rajoy ha firmado con Ciudadanos. En 2014 el presidente presentó la tarifa plana de cotizaciones como una medida “coyuntural, urgente y excepcional”.

Airef: la culpa es de las tarifas planas

También ha hecho oídos sordos el Gobierno a las contundentes advertencias de la Airef. En un informe de septiembre de 2015 la Airef culpaba a las tarifas planas de la “limitada” mejora de los ingresos de la Seguridad Social y del lento crecimiento de la recaudación. Ésta aumentó el ejercicio pasado sólo un 1,3%, muy por debajo de la previsión del Gobierno, que presupuestó un alza del 6,8%. Para este año, el Ejecutivo calculó un crecimiento parecido, el 6,7%, pero hasta el 30 de septiembre el ingreso de cotizaciones sólo ha aumentado un 2,84%.

La Airef cifra en un 0,14% del PIB en 2015 y un 0,19% en 2016 el impacto de las reducciones de cuotas en las cuentas de la Seguridad Social; es decir, casi en 3.700 millones de euros. A esa cantidad habría que añadir la correspondiente a las bonificaciones, las cuotas que no pagan los empresarios pero el SEPE abona a la Seguridad Social: un 0,13% del PIB en 2015 y un 0,14% en 2016, otros 3.000 millones de euros.

Un año más tarde, la Airef volvió a analizar los números de la Seguridad Social y se felicitaba por el crecimiento de la recaudación de cuotas, que atribuye “en parte al agotamiento de las reducciones y bonificaciones”: la exención de 500 euros en lasa cotizaciones dejó de estar vigente el pasado mes de agosto. Aun así, el alza de los ingresos por cuotas, alerta el nuevo informe de julio de este año, será “insuficiente” para cumplir el objetivo de déficit. Para alcanzarlo, explica, las cotizaciones deberían crecer un imposible 9%, el triple de lo que han aumentado en los nueve primeros meses de 2016. Hay que recordar que el empleo, medido como afiliaciones a la Seguridad Social, subió un 3,1% en 2015 y este ejercicio estará en una cifra similar.

660.000 contratos indefinidos gracias a los incentivos

A la exención de cuotas puede acogerse cualquier empresa, no importa el tamaño o el sector. Al firmar un contrato indefinido con un trabajador o transformar el de un empleado temporal en fijo, la empresa no debe de pagar los primeros 500 euros de cotizaciones por contingencias comunes durante 24 meses. Si tiene menos de 10 trabajadores, durante 12 meses la exención será de 250 euros. La empresa debe comprometerse a mantener el empleo durante tres años. Si despide, tiene que pagar las cuotas de las que en principio quedó eximido. Para la tarifa plana de 100 euros, que estuvo vigente entre marzo de 2014 y marzo de 2015, el Gobierno destinó una partida de 1.855 millones de euros. Para la de 500 euros, otra de 2.100 millones. Sumándoles las cantidades presupuestadas para bonificaciones de cuotas entre 2014 y este año, 4.357 millones de euros, los incentivos a la contratación han costado un total de 8.312 millones.

No es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que el Gobierno prevé terminar este año con un déficit de 18.000 millones de euros en la Seguridad Social, el más alto de su historia. Hasta el 30 de septiembre, el desfase se ha disparado un 10,5% respecto al año anterior.

A cambio de esa cuantiosa inversión, el Ministerio de Empleo dice que 660.000 trabajadores han conseguido un contrato indefinido: 341.947 gracias a la tarifa plana de 100 euros y 317.989 gracias a la exención de 500 euros. Por establecer una comparación, cada mes se firman en España 1,7 millones de contratos temporales. En todo el año 2015 se registraron 17 millones de contratos temporales. Desde 1984 éstos nunca han bajado del 90% de los contratos. Y ha habido grandes planes de subvención de cuotas desde los años 90.

Escasos efectos, sólo en colectivos muy concretos

Además del estudio clásico elaborado por el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares Luis Toharia en 2007, otro de la catedrática de la Universidad del País Vasco Sara de la Rica para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) confirma los “escasos efectos” de los incentivos a la contratación. Para empezar, De la Rica destaca el elevado porcentaje de fondos que España dedica a estas subvenciones de cuotas, que llegan a representar hasta el 40% del presupuesto destinado a las llamadas políticas activas de empleo. De hecho, es de los países de Europa que más dinero destinan a esta herramienta.

La experta reproduce las conclusiones de estudios anteriores que coinciden igualmente en que sólo consiguen un aumento de la contratación en colectivos muy definidos, y aun así en porcentajes poco significativos: en menores de 30 años o en mujeres de mediana edad. También detalla De la Rica los efectos perversos de estas medidas: de desplazamiento, de peso muerto y de sustitución.

Es decir, se contrata a unos trabajadores a expensas de otros, se contrata con el correspondiente incentivo a alguien a quien se hubiera contratado aunque no existiera la subvención, o bien el empresario tiende a sustituir a un trabajador a quien ha contratado sin tarifa plana por otro cuyas cotizaciones le cuestan menos. Además, el estudio de Toharia descubrió que el contrato del trabajador subsidiado tendía a durar sólo el tiempo que a la empresa le duraba la subvención. Un análisis que aún queda por hacer en el caso de estos dos últimos años de incentivos.

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