Abusos de los oligopolios
Los privilegios de las empresas energéticas cuestan desde 2007 9.100 millones a los usuarios
Los usuarios de electricidad y gas van a pagar 9.100 millones de euros más en sus facturas por la desidia de los Gobiernos que se han sucedido en los últimos siete años. La cifra equivale a la rebaja fiscal diseñada por el Ministerio de Hacienda hasta 2016.
La cuenta es el resultado de sumar los excesos detectados en los últimos meses en el sector eléctrico y en el sector del gas. Son 3.500 millones no reclamados a las eléctricas por el exceso de ayudas cobradas en concepto de costes de transición a la competencia; 1.200 millones pagados a los intermediarios financieros en 25 subastas trimestrales de energía celebradas desde 2008 y suprimidas este año; 1.400 millones pagados a ACS como indemnización tras abandonar la construcción del almacén de gas Castor y 3.000 millones dedicados desde 2007 a subvencionar la tarifa eléctrica de la gran industria.
La cifra del derroche al que tienen que hacer frente los usuarios de electricidad y de gas es muy grande. Por comparar, la reforma de impuestos que ha aprobado el Gobierno supondrá un ahorro en dos años, hasta 2016, de 9.000 millones de eurosreforma de impuestos. La inmensa factura equivale a casi un 1% del producto interior bruto (PIB) o al presupuesto anual -año 2015- de una comunidad autónoma como Castilla-León.
Números contundentes
Los números son tan contundentes -y las justificaciones tan vagas- que se multiplican las denuncias y las peticiones de investigación. La última la ha hecho en el Congreso Izquierda Plural. Todo parte de la denuncia que presentó en junio de 2013 la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ante la Fiscalía Anticorrupción denunciando los 3.400 millones que, según asegura, cobraron de más las compañías eléctricas entre los años 1997 y 2006.
Según el escrito, el exceso de cobros en concepto de costes de transición a la competencia (CTC) fue advertido, pero el Ministerio de Industria de la época no movió un dedo para recuperar el dinero.
No lo hizo a pesar de que la Abogacía del Estado advirtió el exceso en el año 2008 y en 2010, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) –informe 29/2010– lo señalaba como una de las medidas imprescindibles para acabar con el déficit de tarifa (la diferencia entre los costes que se reconocen a las empresas por producir y los ingresos por tarifas).
Informes inútiles
Según el diario Cinco Días, el Gobierno conoció en 2008 el desfase en el cobro de ayudas a favor de las eléctricas. Recibió informes e incluso el equipo del entonces ministro de Industria Joan Clos llegó a elaborar una propuesta de orden ministerial para recuperar el dinero cobrado de más por las empresas. Pero la orden nunca vió la luz y el dinero se perdió en las cajas de las compañías eléctricas.
También se han perdido los 1.200 millones que, según el propio Ministerio de Industria, se pagaron durante años a los intermediarios financieros que cubrían riesgos cuando se cerraban los precios de las subastas trimestrales de energía Cesur.
Así lo explicó el ministro de Industria José Manuel Soria en una entrevista: "Con el nuevo sistema nos ahorramos siempre el coste financiero en el que se incurría antes cada tres meses, alrededor de 300 millones al año desde 2009, luego hemos pagado 1.200 millones de más por ese concepto".
El caso del almacén Castor
El dinero se escurre hacia las arcas de las empresas de forma veloz. Así ha sucedido con la indemnización de 1.400 millones a la constructora ACS y sus socios canadienses por renunciar al proyecto de almacén de gas Castor, en la costa de Castellón. El contrato de ACS con la Administración, firmado en 2008 -con el asesoramiento de Intermoney- preveía indemnizaciones incluso en caso de que la culpa del fracaso fuera de la empresa. Los consumidores pagarán 1.400 millones durante 30 años y con un interés del 4,2% porque el proyecto ha salido mal: al inyectar gas en el almacén se provocaban terremotos.
La indemnización conlleva una fuerte polémica. Y puede llegar incluso al Tribunal Constitucional. La Mesa del Parlament de Cataluña ha acordado a propuesta de ERC iniciar el trámite para que la Cámara catalana interponga un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto 13/2014 de indemnización a las empresas impulsoras del proyecto Castor, entre ellas ACS.
El órgano gestor del Parlament ha pedido al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre el decreto que evalúe su constitucionalidad: Con ese informe, informe Europa Press, los grupos parlamentarios pueden solicitar el recurso de inconstitucionalidad si la mayoría del pleno del Parlament lo apoya.Oligopolio
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La cuenta de los excesos cargados en las facturas de gas y electricidad puede parecer muy abultada. Pero queda aún muy lejos de los cálculos realizados por la Fundación Primero de Mayo sobre lo que las eléctricas cobraron de más por actuar como un oligopolio, al margen de la competencia. Según el autor del estudio, Bruno Estrada, los españoles hemos pagado de más a las eléctricas entre los años 2000 y 2009 un total 82.000 millones de euros.
La cuenta de la Fundación Primero de Mayo muestra que, en cada uno de los ejercicios comprendidos entre 2000 y 2009, el beneficio empresarial del sector eléctrico multiplica varias veces la media de beneficio empresarial nacional.
Así, las compañías habrían obtenido 4.946 millones de más en 2000; 5.126 millones de más en 2001; 5.589 millones en 2002; 6.276 millones en 2003; 6.620 millones en 2004; 7.638 millones en 2005; 8.188 millones en 2006; 9.599 millones en 2007; 14.723 millones en 2008 y 13.816 millones en 2009. Total: 82.521 millones.