El debate sobre las cuentas de 2018

Las propuestas presupuestarias de PSOE y Unidos Podemos: diferencias y semejanzas

Los secretarios generales del Podemos y el PSOE, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

Daniel Ríos | Fernando Varela

Unidos Podemos propone gastar 24.550 millones más que lo que el Gobierno de Mariano Rajoy —con el respaldo de Ciudadanos— ha trasladado al Congreso en su proyecto de Presupuestos para 2018, tres veces más que el PSOE, que de forma más modesta va a defender un incremento de 7.995 millones.

Los socialistas ajustan sus propuestas a los compromisos suscritos con la Unión Europea, especialmente el objetivo de reducción del déficit, algo que el grupo liderado por Pablo Iglesias no tiene inconveniente en saltarse.

Ambas formaciones dan prioridad, de forma genérica, al gasto social y a la modernización del modelo productivo español, dos conceptos ómnibus a los que dedican la mayor parte de los recursos adicionales que quieren movilizar. Las cantidades, sin embargo, son muy dispares, en buena parte como consecuencia de que la propuesta del partido de Pedro Sánchez  evita el déficit y es más contenida en materia de presión fiscal.

En los ingresos, PSOE y Unidos Podemos apuestan por aumentar la presión sobre la banca, las empresas y los ciudadanos de rentas más altas, dejando al margen a las clases medias y a los trabajadores. El partido morado quiere generar por esta vía 14.805 millones de euros —casi el doble que los socialistas— de los que 6.395 procederían de subidas de impuestos y nuevas tasas. La cifra está muy cerca de lo que los socialistas prevén recaudar por el mismo procedimiento (6.500 millones). ¿De dónde prevé sacar Unidos Podemos el resto? De eliminar el tope en la cotización a la Seguridad Social de las rentas altas, un concepto por el que cree que se pueden recaudar, de una tacada, 7.250 millones.

Lo que sigue es un resumen de las principales diferencias y semejanzas en las propuestas presupuestarias de los partidos que lideran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

  Las grandes cifras

El PSOE propone lo que denomina una “expansión presupuestaria moderada” de 7.998,85 millones de euros. La propuesta socialista prevé recaudar esa cantidad en 2018 a través de una subida de impuestos (sociedades, rentas más altas, rentas de capital y gasolina) y de la lucha contra el fraude fiscal. Y utilizar ese dinero —al que añaden 2.500 millones más de ahorro que quieren sacar de medidas de eficiencia en el gasto público— para llevar a cabo, entre otras cosas, medidas de modernización productiva e incrementar el gasto social. Con estas cifras, el PSOE trata de seguir cumpliendo los compromisos contraídos por el Gobierno de Mariano Rajoy con la Unión Europa, incluida la reducción del déficit al 2,2%.

Por su parte, el presupuesto presentado en enero por Unidos Podemos prevé un mayor gasto que el del PSOE, aunque también mayores ingresos. La coalición morada propone aumentar en 24.550 millones de euros la inversión pública y compensar este incremento con una reforma impositiva y el fin de las políticas de reducción del déficit, medidas que reportarían a las arcas del Estado 14.805 millones de euros, según sus cálculos. Con un incremento del gasto que está casi 10.000 millones de euros por encima del aumento de los ingresos, Unidos Podemos admite que tendría que recurrir a la deuda para sufragar la diferencia.

Si se aplicaran estas cuentas, España no podría cumplir con el objetivo del 2,2% de déficit pactado con la UE para 2018. Pero Unidos Podemos sostiene que eso, más que un problema, es un signo de que se dejarían atrás las políticas de austeridad. Además, en su presupuesto alternativo, la coalición asegura que España no podría ser reprendida por la UE porque situaría su déficit final dentro del rango permitido por Bruselas, que deja que los países miembros tengan un desequilibrio de hasta tres puntos entre sus ingresos y sus gastos. Esa sería precisamente la cifra de déficit con la que se quedaría el conjunto de las administraciones en 2018: un 3% del PIB.

  CÓmo aumentar los ingresos

La mitad del aumento de ingresos propuesto por los socialistas (7.998,85 millones) sale de un incremento del impuesto de sociedades (4.000 millones) introduciendo un tipo mínimo del 15% del resultado contable de los grupos multinacionales, revisando todos los incentivos y regímenes especiales con criterios de coste, beneficio y equidad, y de un impuesto sobre los “beneficios desviados” pensado para luchar contra las empresas que utilizan paraísos fiscales.

En segundo lugar, el PSOE propone recaudar 1.500 millones adicionales incrementando los impuestos a las rentas de capital más elevadas (los contribuyentes que obtienen más de 50.000 euros de base del ahorro y unas rentas totales superiores a 150.000 euros). Y otros 400 millones de subir al 26,5% (cuatro puntos) el tramo estatal del IRPF para los que declaran ingresos anuales de más de 150.000 euros.

En tercer lugar, los socialistas proponen equiparar los impuestos que pagan el gasóleo y la gasolina, sin tocar los combustibles dedicados al transporte y a la agricultura y obtener éste año otros 600 millones.

Otros 2.000 millones, con destino a la Seguridad Social, saldrían de un impuesto extraordinario sobre los beneficios a la banca y un impuesto sobre las transacciones financieras. El resto (1.500 millones), llegaría, según los socialistas, por la adopción de nuevas medidas contra el fraude fiscal.

Además de estos ingresos adicionales, el PSOE cree que se pueden movilizar 2.500 millones sólo con medidas de ahorro basadas en una “mayor eficiencia en la administración” como, por ejemplo, la utilización de centrales de compras.

El plan de Unidos Podemos prevé que los ingresos crezcan en casi 15.000 millones de euros, procedentes fundamentalmente de una reforma fiscal y de las cotizaciones a la Seguridad Social que reportarían a las arcas públicas, según los cálculos de la coalición, casi 11.500 millones de euros. Además, el resultado del propio incremento del gasto tendría un efecto expansivo que Unidos Podemos calcula que provocaría que los ingresos del Estado crecieran en otros 3.300 millones de euros.

La reforma impositiva tendría como objetivo, según el documento, recaudar 4.745 millones de euros más de los presupuestados por el Gobierno para 2017. Parte de esta cantidad procedería del establecimiento de un impuesto sobre las grandes fortunas (1.000 millones), un "recargo" sobre los beneficios de la banca consistente en que el impuesto de sociedades a pagar por las entidades pase del 25% al 35% (otros 1.000 millones), la eliminación de desgravaciones de este impuesto para los grandes grupos empresariales (700 millones), la implantación de un impuesto sobre las transacciones financieras (550 millones) o la supresión de las polémicas sicav (350 millones de euros).

Asimismo, también se modificarían los dos impuestos que más recaudan: el IRPF y el IVA. En el caso del IRPF, Unidos Podemos propone aumentar el gravamen sobre "los rendimientos del capital mobiliario" para recaudar 600 millones de euros, y afirma poder conseguir otros 170 millones eliminando la posibilidad de conseguir una deducción por invertir en un plan de pensiones privado. Además, la coalición plantea la necesidad de que los suministros básicos (luz, agua y gas) estén gravados con el IVA reducido del 10% en lugar de con el 21% general, mientras la cultura y los "productos de primera necesidad" pasarían a tributar al IVA superreducido del 4%. Ambas reformas supondrían, conjuntamente, una pérdida de 1.625 millones de euros de recaudación para el Estado.

Otros 1.650 millones provendrían del aumento de los impuestos medioambientales, aunque el presupuesto alternativo de Unidos Podemos no ofrece detalles sobre cuáles de estos tributos –que gravan, básicamente, la energía, el transporte o la extracción de recursos naturales– se modificarían. Pero la principal ganancia para las arcas públicas la provocaría la eliminación de los topes que existen ahora mismo a la hora de cotizar por parte de los salarios más altos, una medida que supondría que los trabajadores con sueldos más elevados cotizasen por toda su paga y no, como hasta ahora, solo por los primeros 3.751 euros. Esta medida por sí sola supondría –según las cuentas de Unidos Podemos– una inyección de 7.250 millones a las arcas de la Seguridad Social, a la que se sumaría otra por valor de 1.700 millones procedente de la "eliminación de las bonificaciones".

  Cuáles son las prioridades gasto

Los 10.498,85 millones adicionales que el PSOE cree que se pueden movilizar (8.995,85 vía nuevos ingresos y 2.500 de ahorro en la administración) los quiere dedicar sobre todo a medidas de modernización productiva (801 millones para I+D+i, 832 para nuevas políticas industriales, 986,4 para educación, 1.100 para políticas activas de empleo y 500 para impulsar la transición ecológica de la economía) y a gasto social (3.600 millones para un ingreso mínimo vital y un plan de choque contra la pobreza, 595 para financiar el plan contra la violencia machista, 343,8 para apoyar a los jóvenes, 715,2 para la dependencia, servicios sociales y refugiados y 250,75 para sanidad). Destacan también 200 millones adicionales para cultura y 400 para cooperación al desarrollo, así como 21 millones para memoria histórica.

En el capítulo del gasto, el aumento que propone Unidos Podemos con respecto a los presupuestos de 2017 es de 24.550 millones de euros. De este incremento, las cuentas de Unidos Podemos establecen que 20.000 millones se destinarían a las 15 principales medidas, divididas en tres categorías: políticas sociales, que se llevarían 6.000 millones de euros; igualdad de género y cierre de la brecha salarial, materias a las que se destinarían 6.950 millones; y el inicio del proceso de "modernización económica y cambio productivo", que recibiría 7.050 de los más de 24.000 millones de euros de incremento del gasto público.

  El ingreso mínimo vital

Como parte de su plan de choque contra la pobreza, los socialistas proponen un sistema integrado de Ingreso Mínimo Vital que proporcione a las familias sin ingresos una renta con la que atender sus necesidades básicas y combatir la pobreza infantil (2.400 millones).

La primera fase del plan de ayudas para familias sin recursos de Unidos Podemos –que recibe el nombre de Plan de Renta Garantizada– se llevaría 3.100 millones de este aumento del gasto. Esta cantidad serviría para ofrecer subsidios a "aquellas personas que se encuentren en un nivel de renta inferior al umbral de la pobreza", y durante el primer año cubriría "a las personas y familias en situación de mayor necesidad, particularmente a aquellas con hijos y dependientes a su cargo".

  Las políticas de empleo

Los socialistas consideran “imperativo” poner en marcha un nuevo sistema de formación para el empleo y de nuevas colocaciones y por eso quieren incrementar en 1.100 millones de euros adicionales las partidas dedicadas a este objetivo. El PSOE propone, entre otras medidas, lo que llama “becas de éxito”, que cobrarían los jóvenes que vuelvan a los estudios y los aprueben, y un programa de primera experiencia profesional. También quieren recuperar las prestaciones desaparecidas durante el periodo de crisis por los ajustes y recortes presupuestario, en particular el subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años y para los parados de larga duración.

Unidos Podemos gastaría un total de 1.900 millones de euros en políticas relacionadas con el empleo, según sus presupuestos alternativos. 1.100 millones estarían destinados a la puesta en marcha de un plan de empleo destinado a la juventud, del que únicamente se detalla que estaría destinado a facilitar "la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo" y el retorno de los emigrados a otros países. Además, otros 800 millones de euros deberían servir para implantar un "plan de choque para acabar con el empleo precario en las administraciones públicas": dicho plan incluiría la eliminación del límite en la tasa de reposición de los funcionarios, la conversión de empleos temporales en contratos indefinidos y una oferta extraordinaria de 20.000 plazas para la Administración General del Estado.

  Estado del bienestar

Los incrementos de gasto que propone el PSOE en relación con las principales tareas del Estado de bienestar representan 986,4 millones adicionales para b (106.000 plazas públicas adicionales en educación infantil de 0 a 3 años, aumento de las becas de hasta 331 euros por alumno, matrícula gratuita el 30% de los alumnos universitarios, plan contra el abandono escolar y 41.269 nuevas plazas de Formación Profesional), 715,2 para dependencia, servicios sociales y refugiados y 250,75 para sanidad.

Las partidas relativas al mantenimiento del Estado del bienestar también serían reforzadas en el presupuesto planteado por Unidos Podemos. 3.950 millones irían destinados a la educación (3.000 para financiar la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años en dos ejercicios presupuestarios, y otros 950 para ofrecer gratuitamente el material escolar para los alumnos de enseñanzas medias), 2.500 millones se dedicarían a financiar la prestación de ayudas para los 320.000 dependientes que tienen reconocido el derecho pero que hoy en día no reciben ninguna prestación, y otros 1.450 millones se destinarían a un plan de lucha contra la violencia machista y a la igualación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad.

  I+D+i, industria y vivienda

Los socialistas hacen de esta partida el eje del cambio en el modelo productivo que quieren impulsar. Y proponen incrementar las partidas con 801 millones de euros adicionales combinando, entre otras cosas, un plan para recuperar talento investigador que ha tenido que marcharse al extranjero y un programa para impulsar específicamente los sectores de biomedicina, energías limpias y agroalimentación.

1.100 millones más serían necesarios, según los cálculos de Unidos Podemos, para poner en marcha un "plan de rescate de la ciencia y la I+D+i" del que no se ofrecen más detalles. En la misma línea, la coalición promovería invertir 1.240 millones para la “digitalización de la economía”, lo que supondría gastar en infraestructuras y en implantar "procesos digitales avanzados en las empresas, las Administraciones y los hogares”. Y, en lo relativo a la vivienda, Unidos Podemos propone destinar 700 millones de euros en ayudas y, además, poner en alquiler “hasta 120.000 viviendas” propiedad de las personas que tengan diez o más viviendas en propiedad y que “lleven al menos dos años cerradas”.

El documento también incluye tres planes de desarrollo, el más importante de los cuales es el “plan nacional de eficiencia energética”, que estaría dotado con 1.300 millones de euros y que consistiría en ofrecer ayudas para la rehabilitación de viviendas de cara a hacerlas más eficientes en lo referente al consumo energético. Igualmente, se establecería un programa de ayudas por valor de 310 millones de euros para la compra de coches eléctricos o híbridos, y se iniciaría un tercer programa –dotado con 250 millones– de “apoyo al desarrollo rural y al modelo de agricultura, ganadería y pesca social y sostenible”.

  Pensiones

Para garantizar su Sostenibilidad, el PSOE ya propuso a comienzos de año una batería de medidas. En primer lugar, la derogación de la reforma laboral para hacer posible un incremento de los salarios y, por tanto, de las cotizaciones que facilite que la Seguridad Social ingrese 4.650 millones adicionales. En segundo lugar, haciendo que sean los presupuestos los que asuman las reducciones de cotizaciones y las tarifas planas dirigidas a favorecer el empleo (4.300 millones). Y en tercer lugar, aprobando los citados impuestos a la banca y a las transacciones financieras. Si a eso se suman otros 3.500 millones que el PSOE espera que lleguen de la creación de empleo prevista, saldría dinero suficiente para pagar el déficit estructural anual del sistema (15.500 millones de media). Los socialistas quieren que este año —y todos los que vengan— suban de nuevo y como mínimo con arreglo al IPC, lo que calculan que puede costar entre 1.500 y 2.000 millones de euros.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos plantea la necesidad de subir las pensiones en función de lo que suba el IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Su cálculo de lo que costaría es mayor que el de los socialistas: 2.200 millones.

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