Estas son las 32 preguntas sobre Quirón y los contratos sanitarios que Ayuso veta en la Asamblea de Madrid

Las mayorías absolutas permiten marcar el ritmo y llevar el control. El PP de Isabel Díaz Ayuso se está valiendo de la suya para convertir la Mesa de la Asamblea de Madrid en muro contra el que choca la oposición. Han rechazado 32 preguntas formuladas por el grupo de Más Madrid, para que fueran respondidas en el Pleno o en la Comisión de Sanidad por la propia Ayuso o el Gobierno que comanda, acerca de asuntos que tienen que ver con la contratación pública, la sanidad y en concreto con los largos tentáculos de Quirón.

Desde que se conociera el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, con origen en un informe de la Agencia Tributaria, el grupo capitaneado por Manuela Bergerot ha armado hasta 32 preguntas que los populares frenan en la Mesa. No quieren responder a cuáles son “las medidas de transparencia y control ejercidas sobre la actividad y facturación” de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) concesionados bajo el modelo PFI –iniciativa privada de financiación–, los centros sanitarios regidos por convenio singular y los hospitales públicos de gestión indirecta. Y éstas son sólo las tres últimas cuestiones inadmitidas este lunes 1 de abril.

Pero hay más. En la Mesa del 22 de marzo fueron 13 los interrogantes que no pasaron el corte de la transparencia. Dos de ellos estaban dirigidos a Ayuso: “¿Cómo valora la contratación pública en la Comunidad de Madrid?” ¿Y “las políticas de colaboración público-privada para la prestación de servicios públicos en la región?" Para su Ejecutivo se preparó una batería que se ha quedado igualmente sin respuesta: cuáles son sus planes para evaluar “la costo-efectividad de la gestión sanitaria realizada a través de convenio singular”, la de “los nuevos modelos de gestión sanitaria” y “el funcionamiento de los centros sanitarios gestionados a través de convenio singular con el Sermas”.

Más Madrid quería saber también las acciones previstas para analizar “la colaboración público-privada" en la sanidad autonómica, las medidas para “mejorar el convenio singular” entre el Sermas y la Fundación Jiménez Díaz; los planes del Ejecutivo para evaluar “los resultados de salud de los centros sanitarios gestionados a través de convenio singular" y “el funcionamiento de la colaboración público-privada” en la sanidad madrileña.

Junto a lo expuesto, se interesaron además por las iniciativas del Gobierno de Ayuso para “garantizar la calidad asistencial” de los hospitales universitarios Infanta Elena, General de Villalba, Rey Juan Carlos y la Fundación Jiménez Díaz.

Con anterioridad, en la Mesa del 18 de marzo fueron 16 interrogantes los que se toparon con la opacidad del PP. No habrá “valoración del convenio singular entre la Fundación Jiménez Díaz y el Servicio Madrileño de Salud” ni del “funcionamiento de los centros sanitarios gestionados por el grupo Quironsalud” y su calidad asistencial ni de cómo va la colaboración público-privada.

El grupo de Bergerot inquirió ya entonces por los centros hospitalarios General de Villalba, Rey Juan Carlos y la Fundación Jiménez Díaz; y quiso conocer la valoración del Ejecutivo autonómico sobre “el presupuesto público que recibe QuirónSalud”.

Desplazó al ámbito de la Comisión de Sanidad otra hilera de siete preguntas similares, a las que sumaron una octava sobre los “planes para la descarbonización del Servicio Madrileño de Salud”, que se ha perdido del mismo modo en la negativa del PP. Y no sólo son preguntas. Más Madrid ha solicitado una comparecencia, también rechazada. Lo seguirán intentando.

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Tampoco hay acuerdo acerca de la comisión de investigación en la que se abordará la contratación sanitaria ligada a la pandemia. Fuentes del PSOE madrileño que dirige Juan Lobato explican que, de momento, se han elevado a la Mesa dos propuestas: "La del PP, que deja fuera un 60% aproximadamente" de los asuntos que los socialistas "querrían debatir", y otra de los tres grupos de la oposición que buscan "fiscalizar los contratos en ejecución en esta legislatura y sus incidencias".

La opción de los populares excluye "temas como los contratos de emergencia", los ligados a "Quirón Prevención –ahora en prórroga– y algunos del entorno del Zendal como los de vending, mantenimiento...", detallan las fuentes consultadas.

La vinculación de González con Quirón parece irrebatible. Sólo entre 2020 y 2021, recibió 1,6 millones de una filial del gigante sanitario adjudicataria del servicio de reconocimientos médicos para la plantilla de la Comunidad de Madrid.