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POLÍTICAS DE EMPLEO

El Supremo admite a trámite el recurso de una asociación de empresas contra la reforma de la formación para el empleo

Las empresas de formación protestan contra la reforma de 2015.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que la Asociación Formación y Empresa (Aformae) presentó contra el reglamento que desarrolla la reforma del sistema de formación para el empleo. La Sala de lo Contencioso Administrativo deberá dilucidar ahora sobre el real decreto de julio que aprobó el reglamento y que tardó dos años en ver la luz tras promulgarse la Ley 30/2015.

El recurso se añade a los presentados por la CEOE, CCOO y UGT en la Audiencia Nacional contra las convocatorias de subvenciones de los años 2014 y 2016. El primero terminó con la anulación de la convocatoria porque, según el tribunal, el Ministerio de Empleo esquivó a patronal y sindicatos al aprobar las ayudas, obviando un informe “preceptivo y vinculante”. El segundo aún está pendiente de resolución. Pero, entretanto, un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha anulado ya, a instancias de UGT, parte de la convocatoria de 2016, y lo hace por el mismo motivo que esgrimió la Audiencia Nacional en su día: que sindicatos y patronal han sido excluidos del órgano colegiado que estudia las solicitudes de subvención de los cursos. Ahora se le abre a Empleo un nuevo frente judicial, esta vez en el Tribunal Supremo y contra el desarrollo de la reforma del sistema.

Aformae es una asociación que agrupa a 78 empresas de formación de toda España y cuyo objetivo desde que se creó, hace dos años, es combatir la reforma y que se promulgue una nueva ley “consensuada con el sector”, explica a infoLibre su presidente, José Luis García Guglieri. La reforma, protesta, ha infligido “un gran daño” a las empresas, consecuencia de una “legislación ambigua, que provoca una gran inseguridad jurídica”. Guglieri asegura que los planes de inspección del Ministerio de Empleo están haciendo “desaparecer” a las empresas de formación. El presidente de Aformae habla de “persecución” de los inspectores de Trabajo adscritos a la unidad especializada en controlar las actividades de formación, creada por el Gobierno en 2015. “Primero el SEPE impone sanciones administrativas y luego actúa la Inspección”, explica Guglieri, que es propietario de la empresa Cervantes Multimedia. “Dos años después de haber impartido los cursos, pueden obligarte a devolver las subvenciones y sancionarte con 6.000 euros por curso, lo que supone 1,2 millones de euros”, detalla, “y te obligan a cerrar”.

El presidente de Aformae dice que las sanciones pueden ser “porque el tutor de un curso no tenga suficiente currículo, porque falte algo en la documentación, porque los contenidos no sean de suficiente calidad…”. El problema estriba en que “nada de eso está en la normativa, estamos al albur de las interpretaciones de los inspectores”, denuncia Guglieri. No sólo se trata de “indefensión”, sino también de la “imagen criminalizada” que se da del sector, protesta.

La formación es un sector “crítico para la competitividad” que ha recibido un “tratamiento muy específico de la Administración, como colaborador necesario para las políticas de empleo, pero sin tener en cuenta que también son empresas privadas que tienen que ganar dinero”, destaca el presidente de Aformae. “En su lugar”, continúa, “con la nueva normativa nos han hecho tragar la rueda de molino de las subvenciones, de que no podemos obtener beneficio”. “Que nos dejen ganar dinero”, pide.

“El divorcio es total”

En cualquier caso, José Luis Guglieri asegura que a su asociación le llegan más denuncias por la formación bonificada –la que organizan las empresas de todos los sectores a cambio de descuentos en sus cotizaciones a la Seguridad Social– que por la formación subvencionada. Pero denuncia, al igual que ya han hecho otras empresas de formación y la patronal CEOE, que con las condiciones impuestas para recibir las subvenciones se están multiplicando las devoluciones, ante el temor a perder dinero. “La Administración no se fía del sector y el sector no se fía de la Administración”, reconoce, “el divorcio es total”. Y el resultado es un sector “convulso”, subraya, y en peligro de extinción: “Están eliminando el tejido empresarial, y si no hay empresas de formación, ¿quién va a impartir la formación?”, se pregunta.

Aformae advierte de que está a la espera de que Empleo publique una próxima orden ministerial, que detallará a su vez el reglamento impugnado en el Supremo, para recurrirla también.

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