EL ABUSO DE LO PÚBLICO

Tragsa contrata como delegado en Galicia al exalcalde de Santiago del PP, imputado por corrupción

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La empresa pública Tragsa ha contratado al exalcalde de Santiago Ángel Currás, imputado por tráfico de influencias en la Operación Pokémon, como delegado en Galicia. Según las fuentes consultadas por infoLibre, percibirá un sueldo de entre 100.000 y 120.000 euros anuales.

Currás fue alcalde del PP en la capital gallega desde abril de 2012 hasta el pasado mes de junio, cuando tuvo que dimitir tras ser imputado por tráfico de influencias y acoso a un funcionario. Sustituyó en el cargo a Gerardo Conde Roa, quien a su vez había sido condenado por fraude fiscal a dos años de prisión. Una pena que el pasado día 13 la Audiencia de A Coruña rebajó a 18 meses. Currás no respondió anoche a los reiterados intentos de este periódico de ponerse en contacto con él.

La contratación de Currás se produce apenas una semana después de que fuera destituido como gerente de Madrid el exalcalde de El Escorial por el PP Javier de Miguel. Como miembro de la comisión de control de Caja Madrid, había gastado 172.700 euros con una de las tarjetas opacas al fisco que han llevado ante el juez a Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Pese a su cese, De Miguel sigue trabajando en Tragsa, donde se le ha dispuesto un despacho en la séptima planta de la sede madrileña de la empresa pública.

Currás sustituye en el cargo a otro exalcalde y figura histórica del PP gallego: César Aja, regidor municipal de Viveiro (Lugo) desde 1983 hasta 2003, además de diputado nacional y senador hasta 2008. Dejó el puesto en Tragsa el pasado verano para ejercer como consejero de Educación y Cultura en la Embajada española en Sofía (Bulgaria).

CCOO ha pedido ya la intervención inmediata de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de Tragsa, así como el cese del presidente del grupo, Miguel Giménez de Córdoba, y de su número dos, José Manuel Díez Quintanilla, por “acoger y proteger a presuntos delincuentes en una empresa pública financiada exclusivamente con fondos públicos”. El sindicato tacha de  “insulto” y absoluto desprecio a los trabajadores” que se firmenestas contrataciones mientras la plantilla ve “peligrar sus puestos de trabajo en pos de la viabilidad del grupo”.

Fichajes del PP en pleno ERE

Tragsa presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en octubre de 2013, el mayor en una empresa pública, que se tradujo finalmente en 1.336 despidos. El ERE comenzó a ejecutarse en febrero y fue anulado en abril por la Audiencia Nacional. Los despedidos han sido readmitidos mientras el Tribunal Supremo estudia el recurso que presentó la empresa. Durante la negociación del ERE, los sindicatos no cejaron de denunciar que Tragsa se ha convertido en un “cementerio de elefantes” de cargos políticos, tanto del PSOE como del PP. Todos ellos, además, aupados en puestos directivos con sueldos elevados. Según denunció en su día CCOO, hasta 200 ejecutivos cobran sueldos por encima del fijado para el presidente del Gobierno. La empresa siempre se ha negado a rebajárselos o a dejar de repartir las primas por objetivos, a pesar de las pérdidas millonarias de la empresa.

Currás no es sino otro fichaje de una persona vinculada con el PP mientras el ERE pende sobre las cabezas de los casi 10.000 trabajadores del grupo público. Cuando Tragsa negociaba con los sindicatos las condiciones de los despidos, no sólo se dio un cargo al exalcalde de El Escorial. También a Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche, como gerente en Sevilla; a Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete, y a Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, ambos en la asesoría jurídica del grupo. Unos meses más tarde, en abril, cuando Tragsa estaba ya estaba ejecutando despidos, contrató a Luz Reverón, directora insular de la Administración General del Estado en La Gomera, como delegada en Canarias.

Un caso que ha salpicado a ayuntamientos de toda Galicia

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La Operación Pokémon no sólo terminó apartando del cargo al alcalde compostelano ahora contratado por Tragsa, sino que ha resultado en la imputación de casi todo el equipo de gobierno del PP en Santiago. Siete de sus nueve concejales fueron condenados a nueve años de inhabilitación por prevaricar, tras haber acordado pagar la defensa, con dinero público, de un excompañero imputado en esa misma operación. Esos siete ediles dimitieron el pasado 3 de junio. Una octava concejal, también imputada en la Pokémon, presentó su renuncia al día siguiente. Y la única edil que aún no había terminado en un sumario judicial, Reyes Leis, está siendo investigada ahora por tráfico de influencias, por el mismo juzgado de Lugo que lleva la Operación Pokémon.

La suma de problemas judiciales forzó el nombramiento de siete concejales que no habían sido votados concejales que no habían sido votadosen las urnas, así como de un exconselleiro, Agustín Hernández, como alcalde.

La Operación Pokémon comenzó en Lugo, pero pronto se extendió a Santiago, Ourense y A Coruña. Véndex, una empresa madrileña de servicios, consiguió contratos de diferentes administraciones públicas por toda Galicia tras sobornar a alcaldes y concejales. Así, se han visto involucrados desde los regidores de Lugo y Ourense (PSdeG-PSOE) y Santiago hasta los del PP de Boqueixón (A Coruña) y O Carballiño, (Ourense). En el Ayuntamiento de A Coruña las imputaciones llegaron a la docena las imputaciones llegaron a la docena. Pese al escándalo que el goteo incesante de detenciones e imputaciones ha levantado en la sociedad gallega, Tragsa ha encontrado acomodo en uno de sus cargos mejor retribuidos al rostro quizá más significado de la corrupción en la comunidad autónoma.

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