Varapalo del CES al Gobierno por no garantizar el poder adquisitivo de las pensiones

El Consejo Económico y Social (CES) pide al Gobierno que “reconsidere” su decisión de sustituir el IPC por un índice de revalorización según los ingresos y gastos de la Seguridad Social como figura en el anteproyecto de ley sobre reforma de las pensiones. En la propuesta de dictamen que hoy discutirá el CES en sesión plenaria, el organismo asegura que ese índice producirá “una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como la actual, que además no llegará a recuperarse”pérdida de poder adquisitivo.

Es más, destaca que, aun obteniendo superávit la Seguridad Social en los próximos años, “difícilmente las revalorizaciones de pensiones superarían el tope mínimo, el 0,25%, ya que, posiblemente, se neutralicen éstos con los déficit obtenidos anteriormente”. La consecuencia, alerta el CES, será una “disminución significativa de la pensión en términos reales”. El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, recomienda al Gobierno que establezca “algún elemento adicional de corrección” que “module” el índice de revalorización y en caso de superávit, “proporcione una actualización que preserve el poder adquisitivo”.

El dictamen, aprobado en la Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social del CES, también critica que el Gobierno quiera aplicar el índice de revalorización a todas las pensiones contributivas, “sin diferenciar por clases ni cuantías”, porque atenta contra la “equidad” del sistema. El organismo le recuerda que el 50% de las pensiones contributivas no llegan a 650 euros mensuales y que el 27,7% necesitan complementarse para alcanzar la cuantía mínima.

Además, reprocha al Ejecutivo que los elementos que alimentan la fórmula del nuevo índice se basen en “estimaciones y previsiones de múltiples variables en el largo plazo”, que además de estar sujetas a “un alto grado de incertidumbre”, muestran “un margen de error”. Tampoco le parece adecuado el “alto grado de discrecionalidad” que permite dicha fórmula, puesto que algunas de sus variables, explica, “dependen de decisiones políticas”. Exactamente lo contrario que argumenta el Ejecutivo, quien defiende que ha diseñado un mecanismo que quedará libre de las necesidades electorales del Gobierno de turno. Por último, el dictamen echa en falta que el anteproyecto de ley no mencione si el índice se va a aplicar también a las pensiones no contributivas.

El CES es un órgano consultivo del Gobierno en el que están representados los sindicatos, la patronal, las organizaciones de consumidores, las cooperativas, las empresas de la economía social y también la Administración. El dictamen que emita en este caso, aunque preceptivo, no es vinculante. Y podrá ir acompañado de votos particulares.

Sin mencionar los ingresos

El que se presentará hoy para su aprobación en el pleno del CES hace suyos buena parte de los argumentos esgrimidos por los sindicatos y la oposición sobre la reforma de las pensiones. Y critica sin aspereza pero con contundencia los puntos fundamentales del anteproyecto que el Consejo de Ministros aprobará el viernes. No sólo el índice de revalorización, sino también el factor de sostenibilidad, que el Gobierno quiere aplicar a partir de 2019 y que reducirá la cuantía inicial de la prestación según el aumento de la esperanza de vida de cada generación.

Así, al CES dice “preocuparle” la “automaticidad” de ese factor, por lo que reclama al Ejecutivo que module su aplicación combinándolo con otras variables “con incidencia positiva sobre los ingresos”, como el empleo, la actividad económica o la participación laboral, a imitación de lo que hacen otros países del entorno europeo. Porque el primer reproche al Gobierno que sale de la boca del CES se refiere al hecho de que la reforma sólo tenga en cuenta las variables demográficas que afectan a la evolución del gasto del sistema de pensiones, pero no haga mención alguna a la evolución de los ingresosingresos, “marcada en los años más recientes por el desplome del empleo”. Es la consiguiente reducción de las cotizaciones sociales el principal factor, dice el CES, que explica el deterioro del saldo presupuestario de la Seguridad Social. De ahí que el dictamen recomiende al Gobierno que estudie “vías alternativas de financiación del sistema”.

En realidad, el dictamen comienza sus críticas al anteproyecto con una enmienda a la totalidad, asegurando que éste no se ajusta al mandato establecido en la Ley 27/2011, la última reforma del sistema de pensiones, “ni en la formulación concreta del factor, ni en el plazo previsto para su entrada en vigor”. Después el CES dice echar en falta que el texto del Gobierno diferencie entre “retos coyunturales”, como la caída de la afiliación a la Seguridad Social, y problemas estructurales, los vinculados al envejecimiento de la población.

Desde las bases de datos hasta las medias móviles

Pero después el dictamen extiende sus críticas hasta los detalles más técnicos. Así, censura que el anteproyecto no mencione si el factor de sostenibilidad se va a aplicar sólo a las pensiones contributivas y, en concreto, a las pensiones de incapacidad permanente. También cree que debería concretar qué bases de datos va a utilizar para configurar el factor de sostenibilidad, ya que “la Seguridad Social no ha publicado hasta la fecha tablas de mortalidad actualizadas”. Y le insta a determinar si, para elaborar los datos de esperanza de vida, va a usar proyecciones lineales, “con el consiguiente factor de incertidumbre”, o datos reales calculados a posteriori.

Finalmente, el CES ataca incluso la “volatilidad” de la fórmula diseñada para calcular el factor vinculado a la esperanza de vida. Sólo utiliza dos valores de ésta en un periodo de cinco años para hallar la variación media interanual. Así que pregunta por qué no se emplean medias móviles de todos los años del quinquenio, tal y como se opera en el caso de los ingresos y gastos del sistema para calcular el índice de revalorización de las pensiones.

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A toda prisa

Además de las críticas de fondo, el CES se queja duramente del procedimiento que el Gobierno ha seguido para reclamar su dictamen. “En esta ocasión”, protesta, “la solicitud se ha hecho coincidir en el tiempo con las consultas a los agentes sociales, grupos parlamentariosconsultas, la Comisión del Pacto de Toledo y diferentes agentes y sectores representativos, lo que resulta inadecuado al tener que dictaminar un texto que todavía no cuenta con el suficiente grado de madurez” y, por tanto, sufrirá modificaciones sobre las que no va a poder emitir su dictamen. A juicio del órgano consultivo, esa forma de proceder “ha condicionado en gran manera la discusión en el seno de la comisión de trabajo, a lo que se añade la perentoriedad del plazo para su emisión”. El Ejecutivo le envió el texto del anteproyecto el pasado día 16.

El Consejo Económico y Social requiere al Gobierno que “recupere, mantenga y reimpulse” el Diálogo Social. Ése el cauce que considera adecuado para reforzar la viabilidad del sistema, toda vez que se declara consciente de la “situación coyuntural de las cuentas de la Segurida Social” y de los “compromisos en materia de consolidación fiscal” del Gobierno. Pero deja claro que ese refuerzo debe respetar los principios de “contributividad, equidad, solidaridad intergeneracional y suficiencia de las pensiones”, así como garantizar “el derecho a su revalorización, preservando en todo caso su poder adquisitivo”.