Las enmiendas del PSOE a la ley trans eliminan la libre determinación para los menores de 16 años

El PSOE ultima las enmiendas que su grupo presentará el miércoles a la ley trans, después de un encarnizado debate en torno a la norma y tras la confrontación con su socio de Gobierno, producto de la ampliación del plazo de enmiendas de las últimas semanas. La libre determinación de género permanece intacta en la propuesta socialista, tal y como se pactó durante el proceso de negociación en el seno del Ejecutivo, pero sí se introducen cambios sustantivos a la redacción del texto original.

El primero tiene que ver con los menores, uno de los asuntos más controvertidos de la ley. La norma, tal y como está confeccionada hoy día, permite el cambio registral a los menores de 16 años bajo supervisión de sus progenitores y, si no se alcanza un acuerdo entre las partes, el cambio del sexo registral quedará en manos de un juez. El PSOE propone que los menores de entre 12 y 16 años accedan al cambio registral solo tras haber solicitado autorización judicial. Un paso en el sentido opuesto al que reclaman las organizaciones, quienes llevan meses pidiendo mayor flexibilidad en los procesos de libre determinación para la infancia. La FELGTBI considera "inaceptable la propuesta de enmiendas" de los socialistas "en relación a la legitimación del cambio registral de menores, al suponer una ruptura de los acuerdos alcanzados".

También proponen los socialistas la intervención de los tribunales cuando se produzca la reversibilidad del proceso. Es decir, cuando una persona trans que haya solicitado el cambio registral decida volver a pasar por el mismo trámite para recuperar su sexo registral inicial. El actual proyecto permite, en su artículo 42, la reversibilidad una vez transcurridos seis meses y siguiendo el mismo procedimiento reglado para la libre determinación. Solo si vuelve a haber una rectificación posterior, la persona interesada deberá seguir un procedimiento judicial. Las enmiendas socialistas, adelantadas por el diario El País, plantean la vía judicial ya desde la primera petición de reversibilidad. "Podrán volver a solicitar el cambio registral de dicha mención obteniendo aprobación judicial a través del expediente de jurisdicción voluntaria", señalan.

La violencia intragénero es otra de las patas de la ley que el PSOE no termina de encajar, a pesar de que se trata de una petición de los propios colectivos. El grupo parlamentario se siente más cómodo con el término "violencia en el ámbito familiar", equiparando así esta forma de maltrato a la violencia doméstica. Las personas LGTBI que sufran violencia "en el ámbito familiar podrán acogerse" a una orden de protección; los descendientes tendrán derecho a ser escolarizados "inmediatamente" cuando se produzca un cambio de residencia derivado de estos actos de violencia y las víctimas podrán solicitar "la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo a sus empleadores". 

¿Cuáles son los cambios en esta materia? La propuesta que sale del Gobierno equipara en algunos aspectos la violencia intragénero –la que se produce en un contexto de relación de pareja entre personas del mismo género–, con la violencia machista. Así, la víctima tendría "los derechos laborales y de Seguridad Social que se atribuyen a las víctimas de violencia de género" en la ley integral de 2004, una equiparación que desaparece de las propuestas socialistas.

Fuentes de Igualdad recalcan que valorarán las enmiendas una vez se presenten, el próximo 2 de noviembre. "Lo más urgente es cerrar un calendario de tramitación que permita culminar la ponencia el próximo 18 de noviembre para que la ley esté aprobada a finales de año", recalcan las mismas voces.

Sexilio, prostitución, planes de igualdad

El PSOE introduce un total de tres enmiendas –una de ellas de supresión– dedicadas a las particularidades del ámbito rural. Sus propuestas incluyen acciones para garantizar el respeto, la promoción y la visibilidad de la diversidad por parte de las administraciones públicas, así como la confección de campañas de prevención de la violencia y la discriminación adaptadas al medio rural.

Pero también incluye un concepto novedoso: el sexilio. "Se entiende por sexilio el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, dándose especialmente en las zonas rurales", exponen los socialistas, quienes se encomiendan a recabar datos sobre la migración de las personas que pertenecen al colectivo en el plazo de un año. "Teniendo en cuenta los datos que se obtengan se contemplará, en su caso, el sexilio como causa de despoblación dentro de las medidas sobre políticas de despoblación", apostillan.

Incluye también un apartado relativo al sinhogarismo, en el que propone herramientas para la prevención entre las personas LGTBI. "Estas medidas tendrán como foco la detección precoz para prevenir situaciones de sinhogarismo que puedan sufrir las personas LGTBI, con especial atención a aquellas más jóvenes". También se impulsarán investigaciones que tratarán de analizar "los factores que llevan a las personas LGTBI a una situación de sinhogarismo" y se desarrollarán acciones de formación del personal que trabaja con personas sin hogar. 

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Las enmiendas incorporan además un nuevo artículo relativo a las mujeres trans en situación de prostitución, que tendrán derecho a los recursos sociolaborales establecidos en la ley del solo sí es sí, incluso aunque no medie situación de explotación laboral. Según el estudio Transexualidad en España, análisis de la realidad social y factores psicosociales asociados, un 48,2% de las mujeres trans encuestadas han ejercido en algún momento de su vida la prostitución.

Y en el terreno laboral, dos nuevas enmiendas. Una de ellas, a propuesta del sindicato UGT, incluye planes de igualdad y no discriminación obligatorios para las empresas de más de 50 trabajadores. En el plazo de un año, las medidas tendrán que estar pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de los trabajadores. La segunda incorpora medidas para la integración sociolaboral de las personas trans.