Elisa Mouliaá tomó la decisión de no adoptar un perfil bajo. Ni desaparecer de las redes, ni renunciar a la presencia mediática, ni apartar sus opiniones de la conversación pública. Pero le ha pasado factura: la actriz que denunció a Íñigo Errejón como presunto autor de un delito contra la libertad sexual ha decidido, casi un año y medio después, dar un paso atrás y renunciar a la acusación particular en los tribunales. "Nadie debería cargar sola con algo así", expresó la víctima en redes sociales.
Es en ese extremo, precisamente, donde se detienen algunas miradas: en los efectos de los juicios paralelos a las víctimas y en las consecuencias de no cumplir con el canon de víctima perfecta.
"¿Ya has conseguido publicidad y por eso lo dejas o cómo?", responde un usuario en redes sociales a la actriz, poco después de hacer pública su decisión. "Tú solita acabas de enterrar tu carrera profesional por mentirosa y manipuladora. Ojalá acabes en la calle entre cartones", le desea otro. Un tercero asegura que "esto es justo lo que no protege a las víctimas: acusar en público, generar linchamiento y desaparecer cuando toca sostener lo dicho. Cada denuncia convertida en espectáculo y luego abandonada debilita la credibilidad de quienes sí sufren violencia".
Mouliaá ha tenido que asumir, en estos quince meses, la representación de todas las víctimas. Si sus pasos eran interpretados como un acierto, entonces eran objeto de elogios generalizados y leídos como muestra de la credibilidad de las mujeres. Por eso la interposición de la denuncia formal, en un contexto de testimonios anónimos que señalaban al exdiputado, fue inicialmente aplaudida como un acto de valentía. Pero si sus decisiones eran, a juicio de la opinión pública, desacertadas, erráticas o torpes, entonces sobre sus espaldas recaía el peso del reproche generalizado.
El paso de denunciar, relata ahora la actriz en un comunicado, lo dio "a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres". Con el tiempo, añade, "ninguna otra víctima ha dado el paso". Resultado: "He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo".
Humillar, caricaturizar, desacreditar
La escritora y activista feminista Cristina Fallarás defiende que el análisis en torno al trato recibido por parte de la denunciante debe estar inevitablemente ligado a "la exigencia de ejemplaridad" a las víctimas, un fenómeno de largo recorrido. Ese mandato no sólo las obliga a acudir a los tribunales como prueba de veracidad, sino que implica además que "la sociedad tiene el derecho de escrutar tu intimidad y tu vida". En esa línea, "la vida entera de la víctima pasa a ser juzgada", independientemente del hecho denunciado. "Cualquier costumbre tiene la posibilidad de ser pública porque tú has denunciado a un hombre", resume.
Mouliaá ha sido en reiteradas ocasiones foco del escrutinio público por expresar sus creencias y por manifestar posiciones controvertidas respecto a asuntos que nada tenían que ver con su condición de víctima. Ese juicio paralelo ha servido para restar peso a su relato de lo sucedido, para desacreditarla e incluso para caricaturizarla. "Se produce una bomba de racimo que, desde el eje de una denuncia, salpica toda tu vida", lamenta la escritora, especialmente cuando "tu pensamiento no va acorde a lo que el común de los mortales considera sentido común".
La jueza Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, también cree que la actriz, una mujer que "decidió denunciar sin dejar de ser quien era, ha pagado muy cara la exposición pública". Al otro lado del teléfono, la magistrada está convencida de que todavía "sigue pesando el estereotipo patriarcal de la buena víctima", un elemento que "forma parte de la cultura de la violación" y que sólo tolera a las víctimas que están "encerradas en sus casas y llorando hasta el día del juicio".
Coincide en el análisis Isaac Guijarro, cofundador del despacho especializado en casos de violencia de género Olympe Abogados. "Ha habido un juicio paralelo, mediático y social, alrededor de ella. Además ha sido absolutamente desproporcionado, injusto, cruel y con intención de humillarla", observa en conversación con este diario. Algo que, en realidad, no es exclusivo de este caso concreto, sino que se trata de una estrategia sólidamente articulada: "A las víctimas se las tiende a caricaturizar porque al final eso les resta humanidad y credibilidad", analiza el abogado, quien insiste en que cualquier persona, independientemente de sus creencias, tiene "derecho a no ser agredida sexualmente".
Ninguna de las voces consultadas evita eludir el hecho de que en este caso la propia víctima "también ha participado de alguna manera" en la exposición pública, pero creen que su conducta no justifica el maltrato social y mediático. Guijarro recalca que "si una víctima quiere exponerse, es decisión de la propia víctima y nadie puede juzgar cómo reacciona ante una agresión ilegítima", pero también subraya que incluso si ella no lo hubiera decidido así, nada garantiza que se hubiera librado del escrutinio pensado para poner en duda su palabra. Sucedió con la víctima de La Manada, a pesar de su anonimato; ocurrió también con Jennifer Hermoso, pese a su perfil bajo e incluso pasó también con Diana Quer tras ser asesinada por su agresor.
"Mala víctima, mala agredida"
En el juicio contra Luis Rubiales, la defensa del expresidente federativo sostuvo lo siguiente: "Que una víctima haga bromas de lo que ha sido la conducta es muy poco coherente con el sufrimiento en el que caen inmediatamente". Si algo sobrevuela alrededor de los casos de agresión sexual, ese algo es la búsqueda constante de la víctima perfecta, el análisis de sus comportamientos y actitudes como elementos centrales para determinar la veracidad de su relato.
"Cada día, las víctimas tienen que enfrentarse a la exigencia de entrar en el canon de lo que se espera de una víctima", asiente Guijarro. Un canon que en realidad "no existe, es abstracto". Pero a ese fenómeno de la "mala víctima" se suma uno más: lo que Cristina Fallarás califica como "mala agredida".
A su entender, en base a los testimonios que ha ido recabando anónimamente a través de redes sociales, una de las circunstancias que más frenan a las víctimas a la hora de denunciar violencia sexual es haber accedido inicialmente a mantener relaciones con quien se convertiría en su agresor. "Cuando dicen 'hasta aquí' después de haber accedido primero, cuando ya han empezado la relación sexual o están en una habitación de hotel", las víctimas saben que van a ser juzgadas socialmente y saben también que el recorrido jurídico es mínimo, opina la periodista.
Esos casos son "casi imposibles de ganar en un juzgado y las víctimas no quieren denunciarlo, porque asumen que son malas agredidas". Ni la denuncia ni el testimonio de Elisa Mouliaá, pese a ser reconocido como coherente por parte del juez, han bastado para aplacar el ruido mediático y frenar el juicio paralelo que enseguida la encajó como una mala agredida.
Sin una red de apoyo
El juez reconoce que el testimonio de Mouliaá es coherente y procesa a Errejón por violencia sexual
La acumulación de todas esas circunstancias ha provocado que la víctima decida dar un paso atrás. En este punto, Guijarro se detiene en la necesidad de contar con una red sólida capaz de sostener a las víctimas. "Siempre hacemos hincapié en que tengan una red de apoyo social, familiar, económica y psicológica", insiste. Por su experiencia, aquellas que inician el recorrido judicial en soledad "se quedan por el camino", porque se trata generalmente de procedimientos "violentos y que duran años". No es una anomalía, por tanto, que la ausencia de apoyo derive en la renuncia.
Rosell menciona no sólo el "maltrato social" que recayó sobre la víctima, sino también el "maltrato institucional" y por tanto el fracaso del sistema a la hora de acompañarla. "Más que volver a señalarla a ella o a cualquier denunciante, deberíamos señalar al sistema", zanja la jueza.
Fallarás va un paso más allá y echa en falta otro tipo de respaldo, más simbólico, más colectivo, más reparador. "El feminismo la ha dejado sola", lamenta. "Esto empezó como una causa común, pero se quedó sola en la batalla. El papel del feminismo era el de sostenerla".
Elisa Mouliaá tomó la decisión de no adoptar un perfil bajo. Ni desaparecer de las redes, ni renunciar a la presencia mediática, ni apartar sus opiniones de la conversación pública. Pero le ha pasado factura: la actriz que denunció a Íñigo Errejón como presunto autor de un delito contra la libertad sexual ha decidido, casi un año y medio después, dar un paso atrás y renunciar a la acusación particular en los tribunales. "Nadie debería cargar sola con algo así", expresó la víctima en redes sociales.