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Piden la acusación de 59 personas y empresas por su financiación en las protestas golpistas de enero en Brasil

Manifestantes contra los resultados electorales y el gobierno del recién posesionado presidente Lula da Silva invaden el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia de la República, en Brasilia (Brasil).

La Abogacía General de la Unión (AGU) ha presentado este lunes ante la Justicia Federal una petición formal de acusación definitiva contra 59 personas, entre físicas y jurídicas por su participación en los ataques a la Explanada de los Ministerios el pasado 8 de enero en Brasilia, según informa Europa Press.

La AGU ha solicitado que los acusados —entre los que hay 54 personas físicas, tres empresas, una asociación y un sindicato— resarzan al Estado con 20,7 millones de reales (3,7 millones de euros) por los daños materiales y morales causados ese día a las sedes del Tribunal Supremo, el Congreso y la Presidencia.

Las empresas señaladas están acusadas de financiar el flete de los autobuses en los que viajaron miles de personas que se movilizaron y acamparon a las puertas del cuartel general del Ejército en Brasilia para pedir una intervención militar tras el triunfo en las urnas de Luiz Inácio Lula da Silva el pasado 30 de octubre.

Así, la AGU apunta que los sospechosos "eran conscientes" de que la organización de aquellas movilizaciones podría derivar en los eventos tal y como ocurrieron, una teoría que se ve "reforzada" cuando se verifican "los llamamientos" para que participaran de las mismas, "cuando ya se hacía referencia expresa a los diseños de los actos no pacíficos y de la toma de poder".

Esto vendría a demostrar, incide la AGU, que existía una "organización previa" en donde la financiación del transporte fue "un vector primordial" para que lo ocurrido "ganase cuerpo" y derivara tal y como hizo.

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Los acusados ya cuentan con sus cuentas y activos bancarios bloqueados. La AGU sostiene que en un régimen democrático, como el brasileño, es contrario a las costumbres de la democracia "convocar y financiar un movimiento o manifestación con la intención de tomar el poder", recoge el diario Folha de Sao Paulo.

La cantidad de 20,7 millones de reales exigida por la AGU se basa en los cálculos de los daños y pérdidas, "ya incontrovertibles", estimadas por el Supremo, el Palacio del Planalto y el Congreso, si bien la AGU no descarta que a medida que avance la instrucción puedan revelarse "daños aún mayores a los bienes públicos".

Hasta ahora, la AGU ha presentado cuatro demandas civiles contra los sospechosos de financiar o participar en los ataques de 8 de enero.

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