Polonia
La presidenta del Supremo de Polonia acude a trabajar tras el retiro impuesto por el Gobierno de toda la cúpula judicial
La presidenta del Tribunal Supremo de Polonia, Malgorzata Gersdorf, ha rechazado este miércoles el retiro que le impone el Gobierno mediante una ley que obliga a jubilar a los jueces a partir de los 65 años y ha acudido a trabajar a la sede del alto tribunal.
El mismo día que entra en vigor la polémica norma aprobada por el Ejecutivo para bajar la edad de jubilación de los jueces de los 70 a los 65 años, Gersdorf ha acudido a trabajar a la sede del alto tribunal en Varsovia y ha dicho que lo hace para proteger "el Estado de derecho".
"Mi presencia aquí no es por política, estoy aquí para proteger el Estado de derecho", ha afirmado la magistrada, a su entrada en la sede del Supremo, acompañada por seguidores y por políticos opositores.
Gersdorf ha asegurado que la ley que impone el retiro de 27 de los 72 jueces actuales del Supremo es inconstitucional y que no puede ser aplicada. Los críticos con el Gobierno polaco denuncian que esta norma tiene como objetivo controlar el sistema judicial.
El partido gubernamental Ley y Justicia (PiS) ha impulsado la ley que baja la edad de jubilación obligatoria de los jueces y que supondría el cese de más de un tercio de los magistrados del Supremo desde este miércoles salvo que el presidente del país, Andrzej Duda, aliado del Ejecutivo, les prorrogue su mandato.
El martes, un asesor de la Presidencia de Polonia aseguró que Gersdorf estaría retirada desde el miércoles por aplicación de la norma y el Supremo respondió que no acata ese retiro obligatorio y que la presidenta seguirá en su cargo.
La Comisión Europea abrió el lunes un expediente contra Polonia por la ley del Tribunal Supremo al considerar que esta norma incumple el Tratado de la UE y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y por tanto socava el principio de independencia judicial.
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La ley da a los jueces la posibilidad de declarar su voluntad de prorrogar su mandato por un periodo de tres años que puede renovarse en una ocasión. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario denuncia que Polonia no ha establecido los criterios en los que debe basarse la decisión de prolongar o no este mandato, así como que no existe la posibilidad de recurrir esa decisión.
El expediente abierto por la Comisión Europea toma la forma de una carta de emplazamiento, el primero de los pasos de un procedimiento de infracción que podría llegar al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) si Bruselas considera que Varsovia sigue sin resolver la situación. El Gobierno de Mateusz Morawiecki dispone ahora de un plazo de un mes para responder a las autoridades comunitarias.
