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El Supremo de Guatemala avala la petición de antejuicio contra su presidente por la trama de sobornos aduaneros

El Supremo de Guatemala avala la petición de antejuicio contra su presidente por la trama de sobornos aduaneros

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala avaló este martes la celebración de un juicio político (impeachment) contra el presidente del país, Otto Pérez Molina, por su presunta implicación en la trama de sobornos aduaneros que se investiga en el caso La Línea.

Los magistrados del Supremo apoyaron por unanimidad la petición de antejuicio cursada la semana pasada por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –organismo adscrito a Naciones Unidas–.

Tras el visto bueno del alto tribunal, ahora el caso pasará al Congreso, donde deberá formarse una comisión especial que determine la responsabilidad de Pérez Molina en La Línea y, en su caso, recomiende el juicio político en su contra.

La posibilidad del antejuicio surgió el 3 de julio, cuando una comisión de investigación del Congreso decidió –por cuatro votos a favor y uno en contra– autorizar este mecanismo para esclarecer la implicación del presidente en la trama corrupta.

El punto de partida fue la petición cursada por el movimiento político Winaq, que denunció a Pérez Molina por los delitos de incumplimiento de deberes, asociación ilícita y encubrimiento propio.

El incumplimiento de deberes se basa en la designación de su secretario privado, Juan de Dios Rodríguez, como presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a pesar de que fue condenado en 2007 por delitos contra la vida y la integridad.

Los otros dos cargos obedecen a La Línea. Winaq acusa al mandatario de "ocultar la actuación de la exvicepresidenta Roxana Baldetti sobre el paradero de su entonces secretario privado Juan Carlos Monzón", ambos imputados por este caso.

Aferrado al poder

A pesar de los numerosos llamamiento a su dimisión, Pérez Molina aclaró el domingo que no pretende entregar la banda presidencial, asegurando que las acusaciones en su contra están infundadas y apelando a la unidad guatemalteca.

Pérez Molina reconoció que las acusaciones son "graves", pero optó por dejar que la justicia siga su curso. "Daré la cara y demostraré mediante el debido proceso que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos", dijo.

Para el jefe de Estado, "el fin superior es resguardar la institucionalidad y avanzar en las transformaciones urgentes en lo político y legal" que necesita el país centroamericano, lo cual –argumentó– requiere estabilidad.

'La Línea'

La trama en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se destapó el 16 de abril gracias a unas escuchas practicadas durante meses por la CICIG y la Policía, según las cuales había una estructura criminal encargada de cobrar sobornos en las aduanas para favorecer la importación de ciertos productos y evitar el pago de impuestos a otros.

Las escuchas revelaron que los cabecillas de esta red de sobornos eran un hombre y una mujer a quienes los interlocutores se referían como "el uno" y "la dos", entre otros apodos, lo que recondujo las sospechas hacia Pérez Molina y Baldetti.

La Línea, junto a otros muchos casos de corrupción, ha hecho tambalearse al Gobierno de Pérez Molina, que podría caer incluso antes de que entregue el poder el 14 de enero al Ejecutivo resultante de las elecciones presidenciales del 6 de septiembre.

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