La UE olvida los derechos humanos y prioriza su beneficio económico en los tratados internacionales
Julio acogerá un nuevo debate entre los socios de la Unión Europea sobre la relación con Israel después de la evaluación realizada por Bruselas, que arroja “indicios” sobre la vulneración de derechos humanos en Gaza. Una revisión que, analizada por los ministros de Exteriores y posteriormente por los líderes de los 27, todavía no tiene consecuencias ante la división política entre los Estados miembros y la negativa de una mayoría de gobiernos a sancionar al Gobierno Netanyahu por sus desmanes militares contra los palestinos.
La UE mantiene con Israel un Acuerdo de Asociación desde junio del 2000 que ahora está en cuestión porque ese país no estaría cumpliendo las obligaciones en materias de derechos humanos. El artículo dos señala, precisamente, que “las relaciones entre las partes deben basarse en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, lo que guía sus políticas internas e internacionales”.
Ese artículo está presente en muchos de los acuerdos económicos o políticos firmados por la UE con terceros países o bloques comerciales. Cláusulas semejantes introducidas en los más de 40 tratados vigentes cerrados con casi todo el planeta, desde Canadá a Colombia, pasando por Marruecos o Nueva Zelanda, con el objetivo de fijar unas condiciones para impulsar internacionalmente el Estado de derecho y el avance de la democracia. Pero que, como está sucediendo en la actualidad, a veces quedan en papel mojado.
“Vemos que las cláusulas tienen un carácter retórico, que se podrían activar pero es algo que no se ha hecho hasta ahora y el caso más flagrante es el acuerdo UE-Israel”, denuncia Erika González, coordinadora de Ecologistas en Acción durante un encuentro en el Parlamento Europeo.
La redacción del artículo dos en el texto de Israel es similar al artículo uno del Acuerdo Comercial con Colombia y Perú “y no se mencionó cuando se conoció y probó toda una práctica sistemática de crímenes extrajudiciales con los llamados falsos positivos a jóvenes”, menciona González en alusión a los asesinatos por parte del Ejército de Colombia de civiles no beligerantes entre 2002 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Sin verdadera presión a Israel
El Acuerdo de Asociación con Israel recoge un preámbulo con un considerando en el que las partes conceden importancia al principio de libertad económica y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que conformaría las bases del tratado. El artículo dos establece que ese respeto a los derechos humanos condicionaría todas las relaciones bilaterales.
Sin embargo, el investigador Pedro Ramiro, del Observatorio de las Multinacionales en America Latina (OMAL), denuncia que realmente existe “una asimetría normativa, entre el derecho comercial y los derechos humanos”, no sólo en el texto con Israel sino en los acuerdos comerciales de la UE. “Es un principio fundacional de la globalización, que regula con Tribunales de Arbitraje como mecanismos vinculantes para los negocios de las empresas mientras los derechos humanos en la práctica pasan a ser declarativos. Sus cláusulas tiene una formulación vaga, ambigua, sin instancias de seguimiento y control”.
Esa imposibilidad de sanciones o mecanismos automáticos de coerción estaría evidenciándose durante el actual debate europeo sobre Israel. Unos pocos países, liderados por España, piden la suspensión del Acuerdo con Israel después de conocerse los indicios sobre la violación de los derechos humanos recogidos en la revisión realizada por la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, de momento sin éxito.
En las reciente Cumbre Europea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de una “situación catastrófica de genocidio” y Micheal Martin, primer ministro irlandés, también empleó la palabra “catastrófica” sobre Gaza y criticó la falta de respuesta de Bruselas y de los 27 porque “la gente en Europa no entiende que no estemos en una posición de presionar a Israel y frenar esta guerra en Gaza, para acabar con las matanzas de niños y de civiles inocentes”.
Críticas a la parálisis comunitaria compartidas por Robert Golob. “Me temo que desde hace tiempo, meses, la UE en su conjunto no puede hablar de romper el Estado de derecho ante nuestra inadecuada respuesta a las atrocidades en Gaza”, reprochó el mandatario esloveno, quien fue más allá asegurando que si la UE no toma medidas, entonces Eslovenia “tendrá que dar pasos" por su cuenta. Países como Alemania, Italia o Hungría bloquearon cualquier sanción y retrasaron el debate a las puertas del verano.
“Es indignante que con más de 55.000 personas fallecidas, algo que permite suspender el Acuerdo de Asociación, no se haya hecho", denuncia González. “A lo más es que si Israel no mejora la situación sobre el terreno, la UE lo debatirá en julio”. El propio presidente del Consejo Europeo, António Costa, reconoció al finalizar la Cumbre que “la situación humanitaria es insostenible y los derechos humanos han sido violados”.
Europa se desentiende de los derechos humanos
Las palabras de Costa pueden aplicarse a numerosas crisis humanitarias o represiones y ataques por parte de un Estado o de poderes públicos contra la población civil. Está el caso de Colombia, y también el de Filipinas, uno de los más flagrantes, con cerca de 30.000 muertos, según las ONG, y miles de denuncias de abusos de las autoridades en la guerra del presidente Rodrigo Duterte entre 2016 y 2022 contra el narcotráfico.
Bruselas negocia desde el 2016 un Tratado de Comercio y Desarrollo Sostenible que en sus documentos apenas menciona los derechos humanos. Las menciones son muy vagas según los propios textos recogidos en la Dirección General de Comercio de la Comisión y apenas se pide a “las partes apoyar la lealtad, implementación o seguimiento... los principios guía de Naciones Unidas sobre los negocios y los derechos humanos”. A diferencia de a Israel y a otros muchos socios comerciales, la UE no le exige a Filipinas el respeto de los derechos humanos.
“La idea que podríamos defender es algo que dice la Convención de Viena, que los derechos humanos tienen prioridad frente a los derechos comerciales y esa idea no parece muy subversiva”, explica Pedro Ramiro, quien pide “mientras tanto la suspensión de los acuerdos que no se cumplen, una interrupción con los países que atacan los derechos humanos”.
El eurodiputado Jaume Asens, abogado penalista y experto en derechos humanos, denuncia que “a la UE le interesan muy poco los derechos humanos, al menos si entran en conflicto con los derechos comerciales o geoestratégicos y estas cláusulas en el fondo son fachadas, porque mantenemos relaciones con dictaduras o regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos”.
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Sería el caso, por ejemplo, de Marruecos, beneficiario de un Acuerdo de Asociación igualmente desde el 2000, con un artículo dos idéntico al de Israel. Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la Comisión de Ayuda al Refugiado han documentado desde hace décadas las vulneraciones de los derechos humanos por parte del reino norteafricano en el Sahara Occidental o contra los migrantes y también de las libertades contra la disidencia política o los periodistas. Nunca dentro del Consejo Europeo se ha impulsado una evaluación del acuerdo con Marruecos como se acaba de realizar con Israel.
El caso de Marruecos aúna los intereses económicos con los de seguridad de dos Estados miembros como España y Portugal y los de toda la UE en general, para el control fronterizo en la ribera sur del Mediterráneo o la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo islámico. “La UE ha ido construyendo un relato de defensa de las cuestiones democráticas y sociales en sus relaciones exteriores, pero el relato se hace trizas en favor de las cuestiones securitarias”, apunta Erika González.
El eurodiputado Asens, del Movimiento Sumar, cita otros ejemplos de estos intereses geoestratégicos prioritarios para la UE en su acción exterior, como el microcrédito de 4.000 millones de euros recientemente entregados a Egipto, gobernada por una dictadura militar, a la que se pone “una condición: el avance hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos; pero sin ningún indicador que lo mida”.
