La batalla anti inmigración contra la justicia europea revuelve a los activistas pro derechos humanos
Las instituciones de defensa de los derechos humanos de los países europeos, en un comunicado publicado este miércoles, expresan su alarma por los ataques contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por parte de una coalición de Estados. En una carta abierta, un total de nueve países han pedido que se abran negociaciones para revisar la doctrina de la jurisdicción europea. Consideran que es demasiado protectora con los individuos, especialmente en materia de derechos de los extranjeros.
“Aunque el debate es saludable, no debería socavar la independencia del tribunal”, escribe la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHRI), que agrupa a unas cincuenta autoridades administrativas, como la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) de Francia.
“Las críticas de los gobiernos a la legitimidad de las sentencias del tribunal pueden socavar la autoridad de éste. Y más aún en un contexto más amplio en el que los gobiernos cuestionan cada vez más la legitimidad y la independencia de los tribunales a nivel nacional e internacional”, continúa el texto.
Este comunicado es una respuesta directa a una carta abierta publicada el 22 de mayo por iniciativa de Dinamarca e Italia, a la que se sumaron Austria, Bélgica, la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. En este texto, los jefes de Estado o de Gobierno de los nueve países firmantes critican la jurisprudencia del TEDH en materia de expulsiones de migrantes, acusándolo de invadir las competencias propias de los Estados.
“Durante las últimas décadas”, afirma la carta, “la migración irregular ha contribuido de manera significativa a la inmigración en Europa. Algunos han llegado por vías legales, han aprendido nuestras lenguas, creen en la democracia, contribuyen a nuestras sociedades y han decidido integrarse en nuestras culturas. Otros han venido y han optado por no integrarse, aislándose en sociedades paralelas y alejándose de nuestros valores fundamentales de igualdad, democracia y libertad”.
Pero, según los nueve países, el TEDH ha desarrollado una “interpretación de la Convención Europea de Derechos Humanos” demasiado amplia y “ha extendido el ámbito de aplicación de la Convención más allá de las intenciones iniciales”.
Su principal reproche se refiere a determinadas decisiones del Tribunal que han dado lugar a la anulación de expulsiones de migrantes acusados de delitos. “Creemos que el desarrollo de la interpretación del tribunal ha limitado, en algunos casos, nuestra capacidad para tomar decisiones políticas en nuestras propias democracias”, afirma la carta. En su opinión, la oposición del TEDH habría permitido “la protección de las personas equivocadas y habría impuesto demasiadas limitaciones a la capacidad de los Estados para decidir a quién expulsar de sus territorios”.
Un marco que debe respetarse
Se trata de una afirmación que las instituciones de la ENNHRI refutan. Su comunicado explica que el tribunal no prohíbe la expulsión de migrantes que han cometido delitos como tales, pero sí “exige que cada decisión de expulsión se evalúe individualmente, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la persona afectada, incluida la naturaleza del delito, los vínculos individuales con el país de acogida y prohibiendo los riesgos de tortura o malos tratos a su regreso”.
“El Tribunal Europeo tiene algunos elementos fundamentales que no se pueden tocar, un conjunto de derechos que no se pueden cuestionar, pero deja un amplio margen de libertad a los Estados”, afirma Nicolas Hervieu, profesor de Derecho Público y Derecho Europeo de los Derechos Humanos en el instituto de Ciencias Políticas de París y en la Universidad de Évry. “Los Estados tienen derecho a decidir quién puede entrar en su territorio y quién puede permanecer en él. Pero, una vez establecido este principio, los Estados se han comprometido a respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y esto se traduce en dos grandes series de garantías”.
“Por un lado, hay garantías procesales”, prosigue el jurista, “como el hecho de que no se puede expulsar a alguien sin una tutela judicial efectiva. Del mismo modo, no se puede detener a alguien con vistas a su expulsión sin motivo, sin garantías, sin control y de forma indefinida. Estas garantías procesales también tienen por objeto prohibir las expulsiones colectivas, imponiendo un examen caso por caso”.
Desde el recrudecimiento de la lucha contra el terrorismo a principios de la década de 2000, se han producido tensiones cada vez más fuertes entre el Tribunal Europeo y algunos Estados
“Las garantías sustanciales”, afirma Nicolas Hervieu, “son de dos tipos. Las absolutas, como la prohibición de expulsar a una persona a un país en el que existe un riesgo previsible de que su vida o su integridad física corran peligro. Por lo tanto, el problema para el TEDH no es la expulsión en sí misma, sino el país de destino”.
El profesor Hervieu pone como ejemplo el tratamiento de las expulsiones a Argelia: “Antes de 2018, el Tribunal Europeo consideraba que no se podía deportar a personas, ni siquiera a las calificadas de terroristas, a Argelia, porque el sistema político era entonces muy represivo, con fuerzas del orden que practicaban la tortura. En 2018, se produjo un cambio en la jurisprudencia del Tribunal, que consideró que varias fuentes, como asociaciones o el informe del departamento de Estado de los Estados Unidos, indicaban que estas prácticas ya no se aplicaban”.
“La segunda subcategoría de garantías sustanciales son las garantías relativas, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar”, detalla el jurista. “El juez se pregunta dos cosas: ¿existe una vida familiar muy sustancial en el Estado de expulsión, por ejemplo en Francia? Y también, ¿existe una vida privada y familiar en el país de destino? A continuación, sopesa los pros y los contras: cuanto más graves sean los hechos imputados, menos peso tendrá su vida familiar”.
Ataques antiguos, pero que se intensifican
Estas críticas no son nuevas. “Es algo bastante clásico, bastante lógico para los Estados que son condenados”, pone en perspectiva el profesor. “Aparte del derecho de los extranjeros, que es evidentemente un tema recurrente, podemos citar el de la cuestión del derecho al voto de los presos en el Reino Unido. A finales de 2000 y principios de 2010, el TEDH condenó al Reino Unido por la supresión automática del derecho al voto de todas las personas detenidas, lo que provocó algunas tensiones. También ha habido críticas o tensiones en torno a cuestiones como la gestación subrogada o los derechos de las parejas del mismo sexo”.
Pero las presiones sobre el TEDH son cada vez más importantes y peligrosas. “A partir del recrudecimiento de la lucha contra el terrorismo a principios de la década de 2000, se produjeron tensiones cada vez más fuertes entre el Tribunal Europeo y algunos Estados”, recuerda el jurista. “Luego vino el auge del discurso securitario, el discurso anti-inmigración, las tensiones en Europa relacionadas con los movimientos migratorios, especialmente a principios de la década de 2010 con la guerra en Siria e Irak... Inevitablemente, algunos consideraron que el Tribunal Europeo era un obstáculo”.
La propia Francia ya ha desafiado en varias ocasiones al TEDH, en particular a finales de 2023, cuando el entonces ministro del Interior, Gérald Darmanin, mantuvo la expulsión de un ciudadano uzbeko a pesar de que la justicia europea había anulado la decisión.
Su sucesor en el cargo, Bruno Retailleau, también se ha mostrado molesto por la jurisprudencia. “Cuando el TEDH, en 2009, dice que no se puede expulsar a un extranjero peligroso si su país de origen no le garantiza un juicio justo, ¿debemos proteger primero al extranjero peligroso o a la sociedad francesa? En algunas decisiones, puede haber un contenido ideológico en esas sentencias”, afirmaba en mayo de 2023.
“Francia es, en general, bastante respetuosa con el TEDH”, considera no obstante Nicolas Hervieu. “Ha podido haber algunos ataques, especialmente cuando Manuel Valls criticó duramente una sentencia sobre la gestación subrogada en 2014. Pero, como Gobierno, como Estado, Francia más bien apoya al TEDH. Emmanuel Macron se desplazó en octubre de 2017 a la sede del Tribunal en Estrasburgo para mostrar su apoyo. Tampoco es casualidad que un francés, Mattias Guyomar, haya sido elegido presidente del TEDH.
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“En cambio, si la carta se hubiera abierto a la firma de los ministros del Interior, es de suponer que Bruno Retailleau la habría firmado”, matiza. “Y es seguro que si Marine Le Pen u otros llegan al poder, las cosas cambiarán. Por primera vez en nuestra historia, ya no se trataría de críticas puntuales sobre temas individuales, sino de una verdadera política hostil hacia el TEDH por parte del Gobierno. Y eso cambiaría considerablemente las cosas”.
Traducción de Miguel López
