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México

El autoritarismo del PRI y de Peña Nieto

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, durante un acto oficial en la capital del país.

“¡Iniciamos un proceso transformador de fondo, de actitud,con visión de futuro!”, exclamaba César Camacho, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 4 de marzo de 2015. El viejo partido de la revolución mexicana, en el poder desde 1919, hegemonía solo interrumpida por la victoria de la derecha entre 2000 y 2012, conmemoraba así sus 86 años ante los principales cargos de la formación. Las palabras de César Camacho, el presidente del partido de Peña Nieto, que dirige el partido desde diciembre de 2012, arrancarían –en el mejor de los casos, una sonrisa– y en el peor –una mueca–, si el “momento mexicano” prometido por una prensa anglosajona elogiosa y la ilusión de un PRI por fin modernizado y democrata no se hubiesen esfumado de forma súbita. Porque en los últimos meses, el régimen pasa por un punto de inflexión claramente autoritario.

El despido fulminante de la periodista Carmen Aristegui, presentadora del programa radiofónico matinal de mayor audiencia de México, ejemplifica este giro autoritario. El 11 de marzo de 2015, la periodista anunciaba su participación, y la de su empresa, la radio Noticias MVS, en la iniciativa Mexicoleaks, una plataforma independiente en internet a la que los denunciantes pueden hacer llegar de forma anónima, pruebas de corrupción política.

La dirección de Noticias MVS se desvinculó de forma inmediata de Mexicoleaks y despidió a dos periodistas del equipo de Aristegui y, 48 horas después, a la propia Carmen Arístegui. Por la noche, miles de mexicanos se organizaban espontáneamente a través de las redes sociales y acudían a manifestarse a las puertas de la radio. “Sin Carmen no soy nada”, gritaban al unísono los allí concentrados. Algunos habían acudido en familia, otros venían directamente procedentes del trabajo; unos y otros enarbolaban pancartas realizadas de forma improvisada, como la que portaba Carla Díaz, que escuchaba el programa de Carmen Aristegui todas las mañanas en el coche. “¡Es la única periodista objetiva de este país en un programa con tanta audiencia y quieren callarla!”, denunciaba.

El historiador Lorenzo Meyer comparte este análisis. “Aristegui llegaba a sectores de la población que necesariamente no compran los periódicos”, señala este investigador del Colegio de México (Colmex). “Su despido es una señal clara que va dirigida a los medios de comunicación de masas”. Carmen Aristegui es la única periodista audiovisual mexicana, que monopolizan los imperios de Televisa y de TV Azteca, que investigó y desveló graves casos de corrupción que afectaban a la clase política mexicana.

En abril pasado, su equipo de reporteros de investigación hizo pública la existencia de una amplia red de proxenetismo al servicio del presidente regional del PRI de la capital mexicana, Cuauhtémoc Gutiérrez. Y, en noviembre pasado, su redacción reveló la existencia de la conocida como Casa Blanca, una lujosa residencia construida para el matrimonio presidencial por una importante empresa de construcción, especializada en contratos públicos. La casa, que está valorada en más de siete millones de dólares, en un país donde el salario mínimo diario no supera los 4,5 dólares, indigna a los mexicanos.

“Con el despido de la periodista, Peña Nieto muestra la cara más autoritaria del PRI”, analiza Soledad Loaeza, politóloga e investigadora del Colmex. “Su insensibilidad es absoluta. La sociedad quedó profundamente conmocionada tras los sucesos de Ayotzinapa [la escuela a la que asistían los 43 estudiantes raptados y desaparecidos en septiembre de 2014], después se indignó con el asunto de la Casa Blanca, pero sigue con sus ofensas al despedir a periodistas”.

En septiembre de 2014, al salir a la luz la matanza de Tlatlaya y la tragedia de Iguala, efectivamente se produjo un giro en el sexenio de Peña Nieto. “Todo el teatro sobre la modernización del PRI se vino abajo y nos dimos cuenta de que no había cambiado nada”, explica el investigador Carlos Bravo, profesor en el Centro de Investigación de Docencia Económica (CIDE) y especialista en historia política mexicana. Durante casi tres meses, el ejército ocultó la masacre –cometida por militares– de 22 civiles en Tlatlaya, antes de que una investigación periodística lo hiciese público. Incluso después de que varios medios de comunicación mexicanos, entre ellos el equipo de Carmen Aristegui, informaran de los hechos, el Gobierno y la Justicia nunca dejaron de minimizar semejante escándalo de ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, lo que hizo saltar el barniz democrático de los dos primeros años de presidencia de Peña Nieto fue la masacre de tres estudiantes y la desaparición de otros 43, el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, en el Estado de Guerrero. Aunque no existe, de momento, ninguna prueba irrefutable de la participación activa de la Policía Federal o del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes, sí conocían la represión que sufrían los jóvenes a manos de la Policía local y no actuaron para protegerlos.

Los intentos del Gobierno por convertir el caso en un asunto de delincuencia común local, el desinterés del presidente por las familias de las víctimas y el bloqueo de la investigación, que roza la manipulación y el espectáculo mediático, ha indignado a México y ha sacado a la calle a millones de mexicanos. Pero ante todo se trata de la “verdad histórica” del ministro de Justicia, al frente de la investigación, quien puso de manifiesto la ausencia total de transparencia en el Ejecutivo mexicano y las inmensas fallas de una justicia totalmente sumisa.

A finales de enero, ante las cámaras del mundo entero, Murillo Karam, el ministro de Justicia de la época, hacía públicas sus conclusiones relativas a la desaparición de los 43 estudiantes. Los jóvenes supuestamente fueron asesinados y después calcinados en un vertedero público y sus restos lanzados a un río de la zona. “Una verdad histórica” articulada a partir de un minúsculo fragmento de hueso y las confesiones grabadas de varios narcotraficantes. “Sabían que serían criticados por ello, pero el coste político de Ayotzinapa era tan elevado para ellos que prefirieron cerrar el caso a toda costa”, lamenta Carlos Bravo.

“Es incapaz de gestionar el conflicto o la crítica”

Pero no es solo las críticas de la calle o de los periodistas lo único que no soporta el actual Gobierno. La escalada verbal entre el Ejecutivo mexicano y Juan Méndez, el relator especial de la ONU contra la tortura, muestra hasta qué punto “el Gobierno está cada vez más preocupado por el desplome internacional de la imagen del país en materia de derechos humanos”, subraya la diplomática y periodista Olga Pellicer en la revista Proceso. El abogado argentino, gran defensor de los presos políticos, él mismo encarcelado y torturado en su país, ha publicado recientemente un informe sobre la tortura, que saca los colores al Estado mexicano, al concluir que se trata de una práctica “considerada como normal por las fuerzas del orden”, que gozan de una impunidad “casi absoluta” pero que, sobre todo, es “generalizada”.

Una constatación insoportable para el Gobierno mexicano. Inmediatamente respondió, acusando al relator de la ONU, reputado y estimado en toda América Latina, de “falta de profesionalidad y de ausencia de ética”.

“Estamos ante la evidencia de que es incapaz de gestionar el conflicto o la crítica. Es un síntoma de su agresividad”, estima el investigador Carlos Bravo. Más aún cuando el empleo del término “tortura generalizada” puede tener consecuencias importantes en materia de derecho penal internacional y cabe la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación. La CPI es la única instancia permanente capaz de juzgar los genocidios, los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad. Ahora bien, la tortura, si se califica de “sistemática” o de “generalizada”, como ocurre con las desapariciones forzosas, pertenece a otra categoría.

Para el Gobierno mexicano, la posibilidad, aunque remota, de ver al Estado mexicano y a sus altos representantes, ante los jueces de la CPI supone una pesadilla. La reacción del Ejecutivo al informe de Juan Méndez “no es más que una mala señal añadida para la democracia mexicana”, analiza Carlos Bravo. “A comienzos de los años 2000, México quiso ponerse al día en términos de respeto de los derechos humanos, pero parece que a Peña Nieto le importan bastante poco”.

En una rueda de prensa celebrada hace unas semanas, Carmen Aristegui denunciaba la vuelta a las “prácticas echeverristas”, en referencia a Luis Echeverría, ministro del Interior en 1968, cuando se produjo la matanza de los estudiantes de la plaza Tlatelolco, en pleno centro de México, y después presidente de la República (1970-76), cuando se produjo el despido, en 1976, de los periodistas más críticos del diario Excelsior.

“Estos últimos meses, más que una vuelta al autoritarismo habría que hablar de una tradición autoritaria propia del PRI”, analiza Lorenzo Meyer. Pero el PRI de Peña Nieto es “todavía más peligroso porque se trata de una élite autoritaria que no conoce ni la diversidad ni la complejidad de México”, continúa el historiador. Un análisis que matiza Carlos Bravo, para quien el autoritarismo del PRI queda patente sobre todo por la “ausencia flagrante de un contrapoder. Efectivamente, el PRI nunca ha defendido la democracia pero el sistema de contrapoderes ya no resulta, la oposición no funcional, los medios de comunicación, tampoco, y todo esto hace más frágil la democracia mexicana”.

En efecto, la oposición se caracteriza por su enorme debilidad en los dos últimos años. El Gobierno, que solo cuenta con mayoría simple en el Parlamento, ha querido sacar adelante su reforma del sector energético, que lleva a cabo Pemex, la empresa estatal encargada de la extracción del petróleo, de capital privado. El PRI, sin mayoría absoluta, no tuvo otra alternativa que alcanzar un acuerdo con los partidos de la oposición para poder aprobar sus reformas. El “pacto por México” firmado por los presidentes de los dos principales partidos de la oposición el PAN (de derechas) y el PRD (de izquierdas) acabó con la oposición en el seno del aparato legislativo.

“Peña Nieto necesitaba los votos de la oposición y los dirigentes de los partidos de la oposición, debilitados, tenían que pactar con el PRI para sobrevivir”, analiza Carlos Bravo. De esto modo, el PRI consiguió someter a la oposición para sacar adelante sus reformas.

“Cuidado, no se trata solo de una crisis del Gobierno o del PRI, estamos ante una crisis profunda, que alcanza a toda la clase política”, denuncia el sociólogo Arturo Alvarado, investigador en el Colmex. “Observen la campaña electoral, son los partidos que originaron la crisis que atraviesa el país y ¡dicen ahora que tienen la solución!”. A unas semanas de las elecciones legislativas y locales, el PRI de Peña Nieto, impopular y que se estanca en los sondeos con un 30% de intención de voto, apuesta por su partido satélite, el Partido Verde, que no tiene mucho de ecológico, para arañar algunos escaños. “Enrique Peña Nieto está acabado en términos de credibilidad, pero todavía permanece en el poder y el PRI hará todo lo posible por seguir en él”.

James Bond deambulando por las pintorescas calles del centro de México, ¿podría diluir esta desastrosa imagen de fondo? La próxima entrega del agente 007, Spectre, se desarrollará en parte en la capital mexicana.Spectre Según la página norteamericana TaxAnalysts, el Gobierno mexicano puede abonar 14 millones de dólares a Sony Pictures para que haga desaparecer del guión escenas violentas que contribuyan a dar una mala imagen del país. A cambio, el Gobierno supuestamente ha conseguido incluir en el reparto a una actriz mexicana y tiene la garantía de que uno de los asesinos de la película no es de nacionalidad mexicana.

El pasado 26 de marzo, el actor británico Daniel Craig se enfundaba en el traje de James Bond dispuesto a deambular por la terraza del antiguo edificio del Senado mexicano y por las calles del centro histórico de México, acordonado para la ocasión. Ese mismo día, a unos cientos de metros de él, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos se manifestaban por las calles de la capital, como hacen a diario, desde hace seis meses, tras aquella trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en Igualada. Aquel día, Sofía, la hija de la mujer del presidente, prefirió visitar al actor de Hollywood en lugar de acudir a dar su apoyo a los padres y a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Para muchos mexicanos, es un símbolo más de la brecha creciente que separa a la élite política del pueblo mexicano.

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Traducción: Mariola Moreno

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